En África, las grandes adquisiciones de tierras siguen siendo también opacas

Un informe de la Iniciativa Land Matrix sobre 730 transacciones, muestra que las reglas internacionales de transparencia y consulta a las poblaciones, son en gran parte inaplicadas.

El acaparamiento de tierras continúa en África, diez años después de que la ONU intentara introducir un marco para evitar la compra anárquica de tierras por parte de grandes inversores, a menudo extranjeros, según el informe publicado el lunes 16 de mayo por Land Matrix Initiative (LMI), una base de datos colaborativa e independiente de datos internacionales.

Por Por Jeanne Le Bihan

Este proyecto, nacido a raíz de la gran fiebre por la tierra a fines de la década de 2000, en medio de la crisis alimentaria mundial, identifica transacciones de tierras a gran escala. “Incluso si hay menos inversiones que en 2008-2010, todavía podemos hablar de acaparamiento de tierras”, indica Ward Anseeuw, miembro de International Land Coalition (ILC) y coeditor del informe. Así, entre 2010 y 2020 en el África subsahariana se han puesto bajo contrato de alquiler o adquisición 7,3 millones de hectáreas, de las que menos del 40% se han activado finalmente. Si bien el volumen anual de estas transacciones tiende a estancarse, su impacto sigue siendo significativo para los pequeños propietarios, que son las principales víctimas.

Por lo tanto, el informe se centra principalmente en la ejecución de las directrices proactivas adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuyo objetivo es obtener transparencia en las transacciones, consultar a las poblaciones locales en el proceso de adquisición y respeto a sus derechos. Desde este punto de vista, los resultados son decepcionantes. En más de la mitad de los Estados del continente no se pudo realizar el ejercicio de evaluación por falta de datos suficientes. Y, de los 23 países finalmente estudiados, 20 presentan violaciones flagrantes de estas directrices. De las 730 transacciones que implican más de 200 hectáreas, el criterio que define una adquisición de tierras a gran escala, una de cada cinco se realizó sin la aplicación de ninguna directriz, y cuatro de cada cinco con esta aplicación, pero de manera insatisfactoria

Violación de los derechos tradicionales

Mauritania y Sudán tienen las puntuaciones más bajas en la aplicación de las directrices sobre tierras, seguidos de cerca por Malí, Congo-Brazzaville y Sudán del Sur. Las infracciones que ocurren con mayor frecuencia se refieren a la violación de los derechos tradicionales de propiedad, y al realojamiento de las personas desplazadas.

Sudán es también el país menos transparente sobre sus transacciones. El Estado ha recibido inversiones principalmente de los países de la Península Arábiga, aunque la mayor adquisición –87.000 hectáreas, el equivalente a ocho veces París intramuros, la realizó la empresa libanesa GLB Invest,  para cultivar alfalfa y maíz a orillas del Nilo.

En general, juzgan los autores, se descuida el destino de las poblaciones pastoriles. “Los pastores trashumantes que transitan por países en función de los recursos, no son tomados en cuenta en el proceso de negociación”, explica Jérémy Bourgoin, investigador del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), especialista en Senegal. En total, solo el 2,5% de las transacciones se realizaron con el pleno consentimiento de las poblaciones locales

El informe también destaca el impacto de estas adquisiciones en la degradación ambiental. “Observamos que en ausencia de un proceso de consulta previa sobre la gestión de la tierra, se produce una degradación sistemática de los entornos naturales“, tal como dice Ward Anseeuw. Las inversiones en tierras suelen favorecer los monocultivos con un fuerte impacto sobre el suelo y la biodiversidad. También suelen ser sinónimo de deforestación con un fuerte impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Contradicción”

Este informe es importante en el contexto de los compromisos asumidos en la conferencia mundial sobre el clima, en Glasgow a fines de 2021”, especifica Ward Anseeuw, donde 141 países firmaron una declaración que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales. “Hay una verdadera contradicción entre estos países que apuestan por apoyar a los pueblos indígenas y comunidades locales contra la deforestación, y que al mismo tiempo están desplazando a comunidades enteras”, continúa diciendo este mismo investigador.

La participación de la inversión internacional se ha vuelto más difícil de rastrear. Land Matrix se esfuerza por identificar los acuerdos financieros realizados entre empresas extranjeras y filiales locales, que, sin embargo, considera muy numerosos. En febrero, la Unión Europea adoptó una directiva que obliga a las empresas con más de 500 empleados a ejercer la debida diligencia sobre las prácticas de sus filiales en el extranjero. Este texto, que se refiere al respeto por los derechos humanos y las normas ambientales, es considerado insuficiente por los investigadores de Land Matrix.

Los estados africanos que reciben estas inversiones también tienen su parte de responsabilidad. “Los ministerios deciden sobre el alquiler o la venta de terrenos, en particular de grandes superficies, y suelen formar parte del consorcio que dirige el proyecto”, recuerda Ward Anseeuw. Para que la situación mejore y se respeten las directivas, “debemos conseguir que todos los representantes se sienten en la mesa”, recomienda la investigadora del ILC, sin olvidar a las poblaciones locales.

Le Monde | 19.05.2022

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