Las víctimas, principalmente mujeres, niños y ancianos de diez aldeas, fueron desalojadas en 2020 de sus tierras de aproximadamente 9300 acres. Los residentes se han peleado con tres empresas que también reclaman la propiedad de la tierra y se alega que han adquirido títulos de propiedad de manera fraudulenta.
Las empresas son Kiryandongo Sugar Limited, Agilis Partners Limited y Great Seasons SMC Limited. Han establecido varias inversiones en la tierra, incluido el cultivo de caña de azúcar, soja, girasol, maíz y café, respectivamente.
Los residentes que se habían asentado en la tierra durante generaciones han llevado desde entonces a las tres empresas al Tribunal Superior de Masindi para su desalojo ilegal.
Harriet Mbabazi, de 60 años, que se ha asentado en la tierra desde su infancia, dice que la vida no ha sido la misma. Ella dice que su familia ahora depende de una comida al día y, a veces, duerme con el estómago vacío. Quiere que el gobierno obligue a las empresas a indemnizarlas por los daños causados.
Joseph Walekula, de 50 años, dice que los inversores les han impedido plantar cultivos en la tierra. Agrega que el acceso al agua, las escuelas y los servicios de salud se ha vuelto igualmente difícil de acceder.
Peninah Kansiime, madre de 7 hijos, dice que las mujeres luchan por mantener a sus familias. Dice que todos sus hijos se han visto obligados a abandonar la escuela porque no tiene dinero para pagar las tasas escolares.
Pascal Bataringaya, de 60 años, dice que su casa semipermanente fue demolida y sus cultivos destruidos durante el desalojo.
Wilson Tugume, presidente de LC3 del subcondado de Kiryandongo, dice que la situación actual está fuera de su control. Sin embargo, ha criticado a algunos líderes del distrito y a algunos miembros del comité de seguridad del distrito por presuntamente confabularse con los inversionistas para tomar tierras por la fuerza y desalojar a la gente.
Patrick Manyuru, presidente de la LC3 del subcondado de Muntunda, quiere que el gobierno intervenga y salve las vidas de las personas.
Emmanuel Onyango, el oficial de relaciones públicas de Agilis Partners, dice que realmente adquirieron la tierra y le dieron a la gente suficiente tiempo para desalojarla en vano.
Geoffrey Wokulira Ssebaggala, director nacional de Witness Radio, dice que es lamentable que las personas hayan sido desalojadas sin que las empresas las compensen.
El independiente 19 de abril de 2022 NOTICIAS Deja un comentario
