Informe de HRW sobre situación (en 2021) de Derechos humanos en Ruanda

El Frente Patriótico Ruandés (FPR) ha seguido sofocando las voces disidentes y críticas al considerar a esas personas, así como a los miembros de sus familias,  como una amenaza para el gobierno. El espacio reservado a la oposición, a la sociedad civil y a los medios ha permanecido cerrado. Varios detractores del régimen muy conocidos, miembros de la oposición y comentaristas que se expresaban en las redes sociales o en YouTube han desaparecido o han sido víctimas de detenciones o amenazas. Las detenciones arbitrarias, los malos tratos y los actos de tortura perpetrados en los centros de detención, tanto oficiales cono no-oficiales, han sido moneda corriente y las normas de procesos equitativos han sido pisoteadas regularmente en asuntos juzgados sensibles. Se han señalado informaciones creíbles con relación a detenciones arbitrarias y malos tratos a personas acusadas de “comportamientos desviados”, incluyendo a niños de la calle, trabajadores sexuales y pequeños comerciantes.

 Represión política

 El espacio político y cívico en Ruanda sigue  cerrado. En marzo, Christopher Kayumba, antiguo redactor-jefe del periódico The Chronicles, creó un nuevo partido político, la Plataforma ruandesa para la democracia (Rwandese Platform for Democracy, RDP). Antes había publicado una carta abierta en la que criticaba la manera en la que el Presidente Kagame gestionaba la crisis Covid-19 y su impacto en la población y denunciaba la existencia de “casas privadas” donde permanecían detenidas ilegalmente y torturadas algunas personas. Poco tiempo después, se lanzaron contra él acusaciones de violación y de “comportamiento sexual reprobable”; fue detenido en septiembre. Inició una huelga de hambre días después de su arresto para protestar de los cargos “motivados políticamente” y tuvo que ser transferido a un hospital para ser atendido. Tras haber sido rechazada su petición de libertad provisional en octubre, fue trasladado a la cárcel de Nyarugenge, en Kigali,.

Otras personalidades de la oposición política, en concreto Victoire Ingabire, han seguido haciendo frente a medidas de obstrucción en su trabajo y a amenazas y actos de hostigamiento por parte de las autoridades. Estas autoridades han detenido a diez personas en torno al “Ingabire Day”, acontecimiento previsto para el 14 de octubre y organizado por Dalfa-Umurunzi, partido no registrado, para debatir, entre otros temas, sobre la represión política en Ruanda. Cuando redactamos este capítulo del informe, siete miembros del partido y un bloguero en YouTube han sido inculpados de varios crímenes como “propagación de rumores”, “Propagación de falsas informaciones para crear una opinión internacional hostil al Estado ruandés”, e “incitar a la rebelión y a la organización de disturbios en el seno de la población”.

En septiembre, Paul Rusesabagina, crítico y opositor político, fue condenado a una pena de 25 años de cárcel por cargos de asesinato y pertenencia a un grupo terrorista, tras un proceso lleno de irregularidades, ejemplo de injerencia y de manipulación por parte del gobierno en el sistema judicial. Rusesabagina fue víctima de una desaparición forzada antes de ser llevado a Ruanda de manera ilegal en agosto de 2020. Su proceso se ha caracterizado por violaciones de procedimiento regular y del derecho a un proceso equitativo.

Libertad de expresión

YouTube ha seguido siendo un espacio contrastado de libertad de expresión en Ruanda. Desde hace algunos años, blogueros y comentaristas ruandeses, frustrados por la ausencia de debate crítico en los medios, se sirven de esta plataforma para publicar videos sobre temas sensibles y debatir sobre temas de actualidad. Entre dichos temas figuran las expulsiones de habitantes de barrios pobres de Kigali, los estrictos confinamientos impuestos como respuesta al Covid-19, o las conmemoraciones del genocidio de 1994.

El 9 de febrero, Innocent Bahati, cantante y poeta de 31 años, desapareció cerca del Rwandan Investigation Bureau (RIB), dos días después de haber sido visto en Nyanza en la provincia del Sur. Sus poemas, declamados en videos en YouTube trataban esencialmente de temas sociales como la creciente pobreza o la crítica del confinamiento y de su impacto. Aunque el RIB declaró a los medios que estaba en curso una investigación, los resultados de la misma no han sido publicados nunca y se sigue ignorando dónde se encuentra Bahati.

Comentaristas como Yvonne Idamange y Aimable Karasira se sirvieron también de los videos para hablar del genocidio de 1994, de los crímenes cometidos por FPR en el poder, o de las conmemoraciones del genocidio organizadas por el gobierno. El 30 de septiembre, Yvonne Idamange, superviviente del genocidio contra los tutsi, que había acusado al gobierno de sacar beneficios financieros del genocidio y había lanzado un llamamiento a la protesta, fue declarada culpable de incitar a la violencia y a la insurrección, de denigrar los memoriales del genocidio, de propagación de rumores y de ataques violentos, entre otros cargos. Su proceso se desarrolló a puerta cerrada y fue condenada a 15 años de cárcel.

El 31 de mayo, Aimable Karasira fue detenido acusado de haber negado y justificado el genocidio y haber sembrado la división entre los ruandeses. Durante varios meses fue hostigado permanentemente y convocado por las autoridades ruandesas por haber publicado vídeos críticos en YouTube en los que evocaba la historia de su familia y el genocidio. Habló abiertamente de asesinatos perpetrados por los soldados del FPR tras el genocidio.

Dieudonné Niyonsenga, conocido igualmente por su seudónimo “Cyuma Hassan”, propietario de Ishema TV, y su chófer Fidèle Komezusenge, fueron detenidos en abril de 2020, después de que Cyuma Hassan hubiera dado cuenta del impacto en las poblaciones vulnerables de las directrices dictadas en respuesta al Covid-19. Fueron acusados de uso de documentos falsos, de usurpación de identidad de periodista y de obstrucción a los agentes del orden. Los dos fueron absueltos el 12 de marzo, tras pasar detenidos un año. La acusación apeló y Niyosenga fue detenido nuevamente el 11 de noviembre y el Tribunal Supremo de Kigali anuló la absolución. Tras su liberación en marzo, Niyonsenga había explicado en entrevistas que las autoridades le habían mantenido detenido en varios lugares desconocidos, donde había sido amenazado y donde le habían ordenado que confesara que había colaborado con un partido de la oposición en el exilio que mantenía lazos de unión con grupos armados.

Blogueros y otros comentaristas en YouTube han declarado haber sido amenazados y haber recibido “sobres bajo manga” para que difundieran informaciones favorables a la línea del gobierno.

Represión más allá de las fronteras

El gobierno ruandés e individuos que trabajan para él han seguido ejerciendo presión sobre las comunidades refugiadas y la diáspora ruandesa, hasta en Australia y Canadá. Refugiados conocidos por ser detractores del gobierno han sido amenazados y hostigados. En África, HRW ha documentado y recibido informes creíbles según los cuales refugiados y solicitantes de asilo ruandeses eran víctimas de desapariciones forzadas y obligados a regresar a Ruanda o asesinados.

Cassiem Ntamuhanga, ruandés solicitante de asilo en Mozambique y fundador de un movimiento de oposición fue detenido por la policía mozambiqueña el 23 de mayo en presencia de una persona sospechosa de hablar en kinyarwanda. Desde entonces no ha sido visto. Ntamuhanga fue condenado en Ruanda tras un proceso fuertemente politizado, al mismo tiempo que el cantante y activista Kizito Mihigo, en 2015. La intervención del ejército ruandés en la devastada región de Cabo Delgado en Mozambique, anunciada en julio, ha levantado inquietudes en cuanto a la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo ruandeses. Révocat Karemangingo, antiguo oficial del ejército ruandés, ha sido asesinado de un disparo en Maputo en septiembre. Las circunstancias de su muerte son confusas. Otros ruandeses han señalado haber sido objeto de amenazas en Mozambique.

En julio, Amnistía Internacional y Forbidden Stories han señalado que más de 3.500 activistas, periodistas y políticos – tanto en Ruanda como en el extranjero – habían sido posibles blancos/objetivos del logicial espía Pegasus, del grupo NSO, empleado por las autoridades ruandesas; según el análisis criminalístico numérico de su teléfono, habría servido para infectar el teléfono de Carine Kanimba, la hija de Rusesabagina, que vive en Bélgica. La lista obtenida habría incluido también el número de teléfono de Ntamuhanga, aunque se ignora si su teléfono fue infectado.

Orientación sexual e identidad de género

Ruanda es uno de los raros países de África del Este que no considera delito las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, y las políticas gubernamentales son consideradas generalmente como progresistas. Sin embargo, en la práctica, personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero señalan haber sido estigmatizadas. En 2021, HRW ha relatado la manera como las autoridades habían detenido arbitrariamente nueve personas transgénero o gays en el centro de tránsito de Gikondo, en Kigali.

Varias personas han declarado que la policía o agentes de seguridad las habían detenido tras haber sido señaladas por otras personas que afirmaron haberlas visto con compañía de otras personas LGBT o vistiendo prendas femeninas, cuando no eran de sexo femenino. En Gikondo, los agentes o guardianes les acusaron de ser sin-hogar, ladrones o delincuentes y los encerraron en una sala reservadas a los hombres “delincuentes”.

Covid-19

Según el Banco Mundial, la economía ruandesa estaba entre las más afectadas por la pandemia en África subsahariana, dado que el gobierno no había protegido el derecho a tener una vida digna y una protección social reforzada, tras haber impuesto medidas de confinamiento rigurosas que “dramáticamente han hecho que la pobreza creciera”.  Esto ha afectado especialmente a personas en zona urbana, a niños y a mujeres. La policía ha detenido de manera arbitraria en estadios a decenas de miles de personas acusadas de haber infringido las medidas de salud pública, sin motivos jurídicos y sin procesos equitativos. El gobierno percibe cualquier crítica de su respuesta a la pandemia como particularmente sensible. Varias personas que han criticado públicamente la respuesta gubernamental a la pandemia y han hablado abiertamente sobre su impacto sobre las poblaciones más desfavorecidas han sido detenidas y perseguidas judicialmente.

A lo largo de 2021, las autoridades han seguido utilizando el centro de tránsito de Gikondo, donde pobres y personas marginadas son detenidos de manera arbitraria y golpeados regularmente, en condiciones a menudo de hacinamiento. Las autoridades, sin embargo, no han adoptado medidas para la protección de los detenidos por Covid-19.

El cierre de las escuelas a causa de la pandemia ha afectado a 3,5 millones de niños. Después del inicio de la pandemia en 2020, las escuelas fueron total o parcialmente cerradas durante 360 días, incluyendo varias semanas de enero y febrero de 2021.

Justicia internacional

Veintisiete años después del genocidio de 1994, un considerable número de personas responsables del genocidio, entre ellos algunos altos funcionarios y personalidades, han sido llevados ante la justicia.

El 25 de septiembre, agentes malienses anunciaron la muerte de Théoneste Bagosora, antiguo coronel del ejército ruandés condenado por haber organizado asesinatos perpetrados en el genocidio de 1994. Bagosora, de 80 años, cumplía una pena de 35 años de cárcel tras haber sido considerado culpable de crímenes contra la humanidad por el ex-Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR).

Estos últimos años, el gobierno ruandés ha pedido o firmado tratados de extradición con decenas de países con la esperanza de que las últimas personas sospechosas de haber participado en el genocidio sean devueltas a Ruanda para ser juzgadas, a pesar de las persistentes preocupaciones en cuanto al respeto de las normas sobre un juicio equitativo en los procedimientos sobre las atrocidades cometidas en el territorio nacional. En julio, Venant Rutunga, de 72 años, fue extraditado desde los Países Bajos hacia Ruanda para ser juzgado por su responsabilidad en el genocidio, su complicidad en los asesinatos y crímenes contra la humanidad, según opinión del Órgano nacional de persecución judicial.

En abril, Béatrice Munyenyezi fue deportada por los EEUU tras haber cumplido una pena de cárcel por haber mentido sobre su petición de naturalización. Cuando llegó a Ruanda fue detenida. Se enfrenta a ocho cargos ligados al genocidio de 1994, incluyendo uno de complicidad con violaciones.

 

 Principales actores internacionales

La reunión de jefes de Estado de la Commonwealth que debía celebrarse en Kigali en junio de 2020 y había sido retrasada a 2021, fue nuevamente retrasada a causa de la pandemia. Personas desfavorecidas y marginales fueron detenidas en el centro de tránsito de Gikondo ante la cercanía del acontecimiento previsto para el mes de junio de 2021; detenidos han declarado que la policía les había dicho que no querían verlos en las calles durante la reunión.

En marzo, tras décadas de relaciones tensas entre Francia y Ruanda, una comisión creada por el presidente Emmanuel Macron para investigar sobre el rol de Francia en los asesinatos perpetrados en 1994 publicó un informe de 1.200 páginas que concluía que Francia tenía responsabilidades, calificadas de “pesadas” y “abrumadoras”, por haber dado pruebas de ceguera ante el desencadenamiento del genocidio y haber tardado en romper con el gobierno que lo organizó. Un informe pedido por el gobierno ruandés concluía en abril que el gobierno francés “carga con una pesada responsabilidad por haber hecho posible un genocidio previsible”.

En febrero y octubre, El Parlamento europeo adoptó dos resoluciones condenando la desaparición forzosa y el injusto proceso de Rusesabagina, así como de manera más general, el balance de Ruanda en materia de derechos humanos. No obstante, otras instituciones de la Unión europea siguen mostrándose reticentes a hacer públicas sus preocupaciones en cuanto a los atentados a los derechos humanos perpetrados por las autoridades de Ruanda.

 

Traducción de Juan Luis Iribarren, 16 de enero de 2022

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