RUANDA | El Gobierno expone a su pueblo a los riesgos del coronavirus

Desde el lunes 16 de marzo de 2020, la ciudad de Kigali ha retomado la operación de demolición de casas en los barrios pobres de la capital para dejar espacio a los adinerados promotores inmobiliarios. Se obliga a los propietarios a demoler sus casas bajo la supervisión de las autoridades locales, de la policía y de los agentes de seguridad de la administración del distrito, conocidos como DASSO. Las autoridades locales contratan personas que se ocuparán de la demolición cuando los propietarios se niegan a hacerlo.

Las víctimas llaman a todos aquellos que puedan defenderles. Denuncian el proceso que ha llevado a la destrucción de sus casas y acusan a las autoridades de «vendérselas a los ricos» violando las leyes del país, incluida la Constitución (artículo 34), que estipula que la propiedad privada, ya sea individual o colectiva, es inviolable. El derecho a la propiedad no debe ser vulnerado salvo en caso de interés público y de acuerdo con las disposiciones legales. Debe existir una indemnización adecuada.

Sin embargo, las autoridades ordenan la destrucción de sus casas sin darles una indemnización adecuada. Se dice que se realizó una evaluación arbitraria de las propiedades hace tres años, pero nunca llegaron a pagar los gastos de indemnización que se fijaron. Los propietarios se ven obligados a irse a cambio de 90.000 francos ruandeses (94 dólares u 80 libras), el supuesto alquiler de tres meses, y esperan que las víctimas encuentren casa. Esta suma es ilusoria dado que ni siquiera sirve para el alquiler de un mes: al ser la demanda superior a la oferta, los precios del alquiler han subido.

Debido a estas destrucciones salvajes, familias enteras se encuentran en la calle, en este periodo de fuertes lluvias en Ruanda y en el que todo el mundo debe tomar medidas restrictivas para protegerse de la pandemia de coronavirus.

Del mismo modo, los niños de estas familias sin techo no pueden ir al colegio y corren el riesgo de enfermar debido a sus condiciones de vida.

En el vídeo que adjuntamos a continuación, se escucha a una mujer chillar diciendo que tiene cinco hijos, que su marido la ha abandonado y que ella ha regresado de la República Democrática del Congo como refugiada tutsi y no tiene familiares en Ruanda. Su única opción es volver a la República Democrática del Congo.

Fuentes fidedignas informan del arresto de personas que se han atrevido a denunciar esta barbarie a los periodistas. Podrían ser inculpadas según los artículos de la Constitución que condenan que se difunda información falsa o propaganda que pueda generar una opinión contraria al Gobierno (art. 194), que se provoquen levantamientos y disturbios entre la población. (art. 204) o que se ocasionen manifestaciones ilegales (art. 225).

Es importante señalar que, mediante estos comportamientos, el Gobierno ha expuesto a esas familias al riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19) y que debería haber retrasado esta operación que no corre ninguna prisa. Ciertamente, es cínico, incluso criminal, que el Gobierno ruandés pueda enviar a familias enteras a vagar por las calles mientras fija directivas de confinamiento por el coronavirus.

Nunca será suficiente todo lo que se diga al respecto, pero el Gobierno ruandés acaba de mostrar su verdadera cara. Ha erigido la injusticia en su modo de gobierno y muestra un desprecio total al Estado de derecho y una falta de humanidad hacia los más vulnerables que son los niños y niñas, las madres lactantes y las personas mayores.

En las entrevistas difundidas por las cadenas de televisión online, la población precisa que los promotores inmobiliarios que han comprado el terreno están representados por un tal Dennis Karera, antiguo director de la Policía Nacional, hermano mayor del ministro de Justicia, Johnston Busingye, y uno de los sicarios del presidente Kagame.

Lo cierto es que en lugar de tener compasión por estos pobres que ya no tienen vivienda, el presidente Kagame ha dado una respuesta que deja a más de uno sin palabras. Ha dicho: «De hecho en otros sitios, llevan excavadoras de orugas ‘tinga tinga’, los ‘buldóceres’, que elevan las casas con sus ocupantes y los tiran en cualquier sitio». Es fácil relacionar todo esto con lo que dicen los habitantes perjudicados: que, con la demolición, se está intentando despejar el terreno para la construcción de la escuela privada Green Hills, de la primera dama.

No es tarde para que el Gobierno ruandés reaccione y repare lo antes posible los daños provocados a las personas a las que ha convertido en gente sin hogar, por no hablar de los riesgos sanitarios a los que les expone.

• Lea también (texto publicado en francés): «Kigali reprend l’impitoyable destruction des habitations malgré le Covid-19» («Kigali retoma la despiadada destrucción de las viviendas a pesar del Covid-19», en castellano)

Gaspard Musabyimana (21 de marzo de 2020). «RWANDA : LE GOUVERNEMENT EXPOSE SA POPULATION 
AUX RISQUES DU CORONA VIRUS», en Musabiyama.net.

Traducido por Eva Valverde Alonso para Umoya .