Desde que terminó la misión militar francesa Sangaris en 2016, la República Centroafricana (RCA) ha desaparecido en gran medida de los medios de comunicación franceses. Sin embargo, la situación en el país merece más atención por lo que nos dice sobre Francia, África y el mundo.
Una paz relativa, un gobierno catastrófico
El pasado mes de febrero [de 2019] se firmó un acuerdo de paz, conocido como el Acuerdo de Jartum, que consagra la impunidad de los señores de la guerra y les otorga puestos de gobierno, bajo los auspicios de la Unión Africana, con la bendición de las Naciones Unidas y gracias a la mediación secreta de Rusia.
Desde entonces, la República Centroafricana se encuentra en una situación de «ni paz ni guerra» que puede durar años. A cambio de una tregua relativa, los grupos armados, que forman parte oficialmente del gobierno instituido en marzo por el presidente Faustin-Archange Touadéra, mantienen su control territorial y económico sobre una gran parte del país y negocian paso a paso la aplicación del acuerdo de paz. Solo este último punto es de interés para los actores internacionales involucrados en la gestión de conflictos (la ONU, la Unión Africana, la UE, Francia, los Estados Unidos y, más recientemente, Rusia), que pretenden ignorar el gobierno catastrófico del país, como si el conflicto y el gobierno no estuvieran estrechamente vinculados.
Los habituales demonios del mal gobierno han vuelto rápidamente y con fuerza. Los antiguos miembros de la élite que tienen cierta rectitud se han alejado –o han sido alejados– de los asuntos públicos. En 2017, en medio de una crisis, se inauguró un casino chino en Bangui y hombres de negocios poco recomendables rondan los pasillos del gobierno. No solo las empresas chinas y otros actores dudosos como Wagner, la empresa rusa de mercenarios, realizan su safari económico en la República Centroafricana (el primero en oro y el segundo en diamantes y en bosques), sino que también pueden encontrarse allí empresarios vinculados al terrorismo internacional.
En junio, el gobierno adjudicó a una empresa un contrato de mutuo acuerdo para la fabricación de documentos de identidad. Este contrato es original en más de un aspecto, pero, sobre todo, se sospecha que su beneficiario tiene una relación con Al-Qaeda. La soberanía vacía del gobierno centroafricano atrae a las redes criminales internacionales como un imán al metal. La criminalización del gobierno no es algo nuevo (Viktor Bout, un traficante de armas conocido por la película El señor de la guerra, había registrado algunas de sus empresas en África Central), pero se ha generalizado.
Paradójicamente, aunque la corrupción sigue siendo el centro de la política, los donantes están aumentando su apoyo financiero. Los dos principales donantes de la República Centroafricana han sido generosos este año: el Banco Mundial ha decidido liberar 100 millones de dólares y la UE, como en los viejos tiempos de la cooperación francesa, paga a asistentes técnicos para que dirijan administraciones arruinadas y den algunas ideas a los ministros que carecen de ellas (pero que en general no las quieren).
De hecho, y aunque el gobierno francés aumentó su ayuda a la República Centroafricana después de la llegada de los rusos al país a finales de 2017, la carga financiera del Estado centroafricano se transfirió de París a Bruselas. La UE ha sustituido completamente a Francia pagando a los funcionarios y financiando una gran parte del sector de la seguridad. Desde 2016, no solo ha habido una misión militar europea que ha formado a soldados centroafricanos, sino que además la UE ha decidido financiar a la policía, la gendarmería y el sistema judicial, es decir, administraciones sobre las que no tiene control y que constituyen el núcleo del sistema de depredación.
Hay varias lecciones que aprender de esta crisis olvidada.
El triunfo de la realpolitik
En primer lugar, la demanda de justicia y de un buen gobierno que debería guiar la intervención internacional ha dado paso a la realpolitik. En mayo de 2015, el Foro de Bangui, una consulta pública organizada por las Naciones Unidas, concluyó que el conflicto era el resultado de una crisis de gobierno y que no podía haber reconciliación sin justicia. En la Constitución adoptada en 2015 se incluyeron disposiciones específicas para mejorar el gobierno. Pero ni el hecho de que estas disposiciones hayan quedado en papel mojado ni el aumento de los casos de corrupción han provocado una respuesta significativa de los actores internacionales. En cuanto a la demanda de justicia por parte de la población –y, en particular, la exigencia de juzgar a los responsables del conflicto–, ha sido bien enterrada por el acuerdo de paz de Jartum.
Por lo tanto, entre 2015 y 2019, los actores internacionales pasaron de reflexiones líricas sobre la paz, la justicia y la cohesión social del Foro de Bangui a una realpolitik que consiste en negociar una apariencia de paz con los señores de la guerra, tolerar la corrupción gubernamental y olvidar sus promesas. Este cambio de actitud es el resultado de un nuevo contexto internacional: en un mundo cada vez más multipolar, la prioridad de las grandes potencias no es aplicar sus principios sino preservar su influencia.
Así, como se ha dicho, el gobierno francés, que parecía satisfecho por cerrar el expediente centroafricano después de la misión de Sangaris, lo reabrió rápidamente cuando Rusia se invitó a sí misma a la República Centroafricana. París ha pasado de retirarse a volver a comprometerse aumentando sus visitas ministeriales, su asistencia y sus asesores al gobierno centroafricano. Después, el gobierno francés, que antes era reacio a rearmar el ejército centroafricano, vio la necesidad de hacerlo. Al respecto, la estrategia de los débiles, que consiste en jugar con las rivalidades de los poderosos para obtener algunos beneficios, concesiones y garantías para el futuro, está dando sus frutos.
El deseo de cambio
En segundo lugar, en la medida en que la intervención internacional es más conservadora que transformadora, se plantea la cuestión del cambio endógeno. Los centroafricanos se sienten engañados por los grupos armados, los actores internacionales y su propio gobierno.
Como sucede en otros países africanos, el deseo de un cambio demográfico está ahora más presente en las organizaciones de la sociedad civil y en las iglesias que en los partidos. Al prohibir su primera manifestación en junio, el gobierno no se equivocó: la plataforma E Zingo Biani, que reúne a figuras públicas y políticas, es la verdadera oposición en el período previo a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para finales de 2020. Frente a esta amenaza, el gobierno ya ha comenzado a actualizar las viejas técnicas probadas de cerrar espacios públicos, instrumentalizar la maquinaria electoral y comprar o intimidar a los opositores.
El eterno dilema francés
En tercer lugar, a pesar de sus discursos, las autoridades francesas siguen sin poder resolver el dilema histórico de su política africana: pasar página y salir o quedarse y cambiar realmente de política. Ninguno de los sucesivos gobiernos de París desde los motines de 1996 ha tratado de romper con una historia que los centroafricanos les recuerdan como una acusación.
Si bien París afirma que ya no tiene intereses económicos y militares en la República Centroafricana, la política de retirada, como se ha dicho, se cambió rápidamente como resultado de la ofensiva rusa. Si entendemos que el gobierno francés no quiere perder su influencia frente a Rusia, podemos preguntarnos si esta influencia se está ejerciendo realmente en un país como la República Centroafricana.
A pesar de ello, la República Centroafricana es, por lo tanto, el espejo de una determinada situación de Francia, de África e incluso del mundo.
Fuente: Thierry Vircoulon (22 de octubre de 2019). «Centrafrique : échos lointains d’une crise oubliée», en The Conversation. Traducido por María Franco Roncero para Umoya.
