UE / Libia | Hay que actuar ya para salvar vidas

Foto: Pixabay.

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COMUNICADO DE PRENSA HRW

Los ministros de la UE deberían comprometerse, en nombre de la Unión, a facilitar la evacuación de las personas detenidas hacia lugares más seguros, tanto fuera de Libia como hacia los Estados miembros.

«Las muestras de indignación ante las condiciones deplorables y los peligros a los que se enfrentan los detenidos, ahora que Trípoli es escenario de enfrentamientos, suenan huecas si no vienen acompañadas de medidas urgentes cruciales para dar refugio a estas personas», declaró Judith Sunderland, directora adjunta de la división para Europa y Asia central de Human Rights Watch.

«Los gobiernos de la UE deberían concretizar su apoyo a las autoridades libias para que cierren todos los centros de detención de inmigrantes y para que tomen medidas inmediatas que faciliten la evacuación de los más vulnerables y amenazados».

Las autoridades libias se mostraron dispuestas a poner en libertad a las personas detenidas en los centros oficiales tras un ataque mortal perpetrado contra el centro de Tayura a principios de julio.

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores saliente, Federica Mogherini, declaró el 10 de julio que «el actual sistema libio basado en detener a los migrantes debe acabarse».

Dadas las «condiciones abyectas» de los centros de detención, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamamiento el pasado 7 de junio a las autoridades libias y la comunidad internacional para que garanticen que los migrantes y demandantes de asilo detenidos en estos centros en Trípoli sean «inmediatamente puestos en libertad».

Sin embargo, los gobiernos de la UE nunca han impuesto el cierre de los centros de detención y la liberación de los miles de personas ilegalmente retenidas en los mismos como condición para seguir apoyando a las autoridades libias. Es más, siempre han defendido insistentemente que la ayuda humanitaria financiada por la UE permitiría mejorar las condiciones de vida en los centros, a pesar de la falta de indicadores de que así sea.

Así, han seguido colaborando con los guardacostas libios para reenviar a las personas interceptadas en el mar de vuelta a los centros de detención del país de forma indefinida.

En una nueva declaración realizada el pasado 11 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizaron un llamamiento para que toda la financiación esté condicionada y dependa del cierre de los centros de detención. Además, defendieron la puesta en práctica de una serie de propuestas para que los detenidos sean inmediatamente puestos en libertad.

Las condiciones de vida, que ya eran terribles en los centros de detención para migrantes controlados por el Gobierno de Unidad Nacional (GNA) libio, reconocido por la ONU y con sede en Trípoli, han empeorado desde que las fuerzas bajo el mando del general Jalifa Haftar comenzaron su ofensiva contra la capital a principios de abril.

Un ataque aéreo contra el centro de detención de Tayura, situado en el interior del cordón militar al sureste de Trípoli, dejó la noche del 2 de julio al menos 53 muertos y 130 heridos. Dos de los detenidos en estas instalaciones ya habían resultado heridos tras un ataque aéreo anterior, que tuvo lugar el 7 de mayo y que impactó a solo unos cientos de metros del centro.

El 9 de julio, ACNUR anunció que las autoridades libias habían autorizado que los supervivientes de Tayura abandonaran el centro, pero no parece haber indicios de que se les ofreciera una ayuda adecuada en el momento de la liberación ni la posibilidad de abandonar el país para encontrar refugio en otro lugar si así lo deseaban.

A finales de abril, unos hombres armados atacaron a los detenidos en el centro de Qasr Ben Geshir, a unos 24 kilómetros al sur de Trípoli. La autoría de ambos ataques sigue sin esclarecerse, y deberá demostrarse a través de investigaciones creíbles e independientes.

En otros centros de Trípoli y sus alrededores, los enfrentamientos han causado la interrupción del abastecimiento de alimentos y de agua y el empeoramiento de la situación sanitaria. Además, han limitado el acceso a los detenidos por parte de las organizaciones de ayuda humanitaria y las agencias de la ONU, que ofrecen una asistencia vital.

Hasta principios de julio, ACNUR transfirió a 1.630 personas desde centros de detención ubicados en la línea del frente hasta las instalaciones de reagrupamiento y salida (Gathering and Departure), también situadas en Trípoli, así como hacia otros centros de detención libios ubicados en zonas consideradas más seguras.

ACNUR estima que hay 3.800 personas detenidas en centros para inmigrantes próximos a las zonas de conflicto, mientras que la cifra total de detenidos era de 5.800 a fecha de 1 de junio.

Según la ley libia, todo migrante, demandante de asilo o refugiado clandestino puede ser detenido sin que se ponga en entredicho la legalidad de su arresto, lo que vendría a constituir una detención arbitraria.

Todas las personas detenidas arbitrariamente en las instalaciones del GNA deberían ser puestas en libertad y los centros deberían cerrarse, han declarado desde Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el ECRE.

Teniendo en cuenta los riesgos corridos por los extranjeros en Libia, el GNA debería trabajar con las agencias internacionales y la UE para ofrecer ayuda humanitaria inmediata a los detenidos liberados y crear corredores humanitarios para llevarlos hasta la seguridad.

Los Estados miembros de la UE deberían garantizar que las personas evacuadas de los centros de detención puedan acceder a itinerarios seguros que les permitan salir de Libia, al tiempo que se comprometen en mayor medida con su reasentamiento. Todo ello permitiría acortar el proceso de manera que ACNUR pudiera acelerar las evacuaciones hacia su centro de tránsito en Níger o, directamente, hacia los Estados miembros de la UE.

Desde principios de abril, ACNUR solo ha podido evacuar a 289 personas a Níger y a 295 a Italia. Este último es el único país de la UE que hasta ahora ha aceptado recibir directamente a los demandantes de asilo procedentes de Libia. Los países que no pertenecen a la UE también deberían apoyar los esfuerzos de evacuación y comprometerse con el reasentamiento.

«El terrible ataque al centro de detención de Tayura la semana pasada nos volvió a demostrar el peligro mortal al que están expuestos los hombres, mujeres y niños detenidos en Libia», declaró Matteo de Bellis, investigador sobre migraciones y asilo en Amnistía Internacional. «En lugar de seguir cerrando los ojos ante las condiciones inhumanas, las torturas, las violaciones y los otros abusos que sufren los refugiados y migrantes en los centros de detención de Libia, los gobiernos comunitarios deberían organizar con carácter de urgencia una serie de itinerarios seguros para abandonar el país, así como garantizar que las personas salvadas en el Mediterráneo central no sean devueltas a Libia».

Las instituciones y los Estados miembros de la UE decidieron subcontratar a las autoridades libias el control de las migraciones al tiempo que la Unión se desentendía colectivamente de su responsabilidad en materia de seguridad marítima. Según Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el ECRE, el resultado es esta situación tan dramática. Según la OIM, a 6 de julio, los guardacostas libios apoyados por la UE habían interceptado y devuelto a Libia a 3.750 personas desde principios de año. Durante ese mismo período, 4.068 personas llegaron a Italia y Malta, mientras que 426 murieron en el Mediterráneo central.

Se calcula que la cifra total de muertos en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa durante los seis primeros meses de 2019 fue de 667, mientras que durante el mismo período del año anterior había sido de una de cada 18.

A pesar de que existe un amplio consenso internacional acerca de que Libia no es un lugar seguro para las devoluciones, muchos gobiernos e instituciones de la UE han llevado a cabo una política consistente en delegar a las autoridades libias la tarea de asegurar el control de una vasta zona de búsqueda y salvamento. De esta manera, han podido retirar las fuerzas europeas del Mediterráneo central y han apoyado tácitamente, e incluso de forma activa, los esfuerzos para obstaculizar o criminalizar la labor de las organizaciones no gubernamentales de salvamento que intentan responsabilizarse de las operaciones de rescate ante la falta de respuestas eficaces por parte de los Estados.

Esta política pone a los capitanes de los barcos de rescate de migrantes en el Mediterráneo en una situación insostenible, ya que desde los gobiernos europeos se los anima, directa o indirectamente, a devolverlos a Libia, a pesar de que ello constituye una clara violación del derecho internacional.

Las negociaciones entre Estados miembros de la UE cuyo objetivo era solucionar el problema a través de un acuerdo que permitiera repartir las responsabilidades de desembarco y de reasentamiento de las personas rescatadas en el mar han fracasado. Como resultado, se han firmado acuerdos ad hoc para resolver el estancamiento de la situación con los barcos de rescate de las ONG, los guardacostas o los barcos mercantes, en un contexto marcado por una política italiana de «cierre de puertos» cada vez más estricta.

En marzo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional publicaron un Plan de acción para un sistema de salvamento justo y predecible en el Mediterráneo. Este plan, que se basa en las recomendaciones del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), propone un sistema temporal que garantice que las personas rescatadas en el mar sean rápidamente desembarcadas en el respeto al derecho internacional, así como un sistema igualitario de reparto de responsabilidades en lo que respecta al reasentamiento.

«A pesar de que las agencias, las ciudades y la sociedad civil internacional y europeas están preparadas para prestar apoyo operacional, un acuerdo entre Estados sigue siendo necesario, urgente y factible», declaró Catherine Woollard, secretaria general del ECRE. «La Comisión Europea y la presidencia finlandesa de la UE deberían trabajar para facilitar un acuerdo y dejar de promover falsas soluciones que implican a los países del norte de África. La OIM, ACNUR, la Unión Africana y la industria del transporte marítimo pueden valerse de su influencia para convencer a los Estados europeos. Si se toman las medidas antes detalladas, podremos salvar vidas y mejorar la situación en Libia».

 

 

Fuente: Human Rights Watch (12 de julio de 2019). 
"UE/Libye : Il faut agir maintenant pour sauver des vies", 
en Hrw.org.

Traducido por María Valdunciel Blanco para Umoya.
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Una respuesta a UE / Libia | Hay que actuar ya para salvar vidas

  1. Las «condiciones abyectas» son las que llevaron a todos estos matones a destruir Palestina, Corea del Norte, Vietnam, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Ucrania y tantos otros estados… y ahora parece ser que pretenden hacer lo mismo con Irán.

    Se deben parar las naciones varios días escalonados al año con rogatorias en pro del desarme y para que se destinen todos esos recursos para fines sociales. Creo que de la película Gandhi se pueden extraer buenas ideas para unir a la gente en formas de “lucha inteligente” y creo que fácilmente asumible por la inmensa mayoría.

    Por ejemplo con un día universal dedicado exclusivamente a rogativas por el desmantelamiento de la OTAN y el desarme universal y que los presupuestos de guerra se destinen a fines sociales concretos (vivienda, alimentación, educación y salud para todos).

    Y algún tiempo después seguir con otro día para que dejen en paz a Venezuela, otro por la vivienda para todos, otro para que todos tengan alimentación saludable y suficiente, otro por la educación de calidad para todos, otro por un sistema de salud al servicio de la salud para todos y al margen de los intereses de la mafia farmacéutica, y así sucesivamente. Y hacer todo para que en esos días de paro no haya manifestaciones violentas: no creo que ni siquiera se necesite de estas para ir poniéndoles las pilas a nuestros opresores.

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