Expulsada de Gabón, la multinacional francesa Veolia recurre otra vez al arbitraje internacional

Gabón, tras veinte años sometido a la privatización del agua y de la electricidad en beneficio de la empresa francesa Veolia, ha decidido deshacerse unilateralmente de esta multinacional. Es difícil determinar los errores cometidos por Veolia y el Gobierno gabonés, puesto que sus relaciones siempre han estado marcadas por la complicidad y el secreto. Sin embargo, hay algo cierto: el grupo francés ha decidido una vez más remitir el asunto a un tribunal de arbitraje internacional tras haberlo hecho ya contra Argentina, Egipto o incluso Lituania. Esto es, estructuras opacas que en el ámbito de los tratados de inversión se encargan de defender los intereses de las multinacionales frente a los Estados.

Desde su privatización en 1997, Veolia disfrutaba de un monopolio absoluto sobre la distribución del agua y de la electricidad en Gabón a través de su filial, la Sociedad de Energía y Agua de Gabón (SEEG, por sus siglas en francés), de la que es propietaria en un 51 %. Este acuerdo de privatización benefició tanto a la multinacional francesa como al régimen de Omar Bongo y, posteriormente, al de su hijo Ali; ya que estos últimos poseían a través de un holding familiar parte de las acciones de la SEEG, gracias a las cuales reciben cómodos dividendos (800.000 euros según un estudio del diario en línea francés Mediapart [1]).

Sin embargo, se ha producido un giro inesperado: el pasado 16 de febrero, el Estado gabonés rompió la concesión que lo vinculaba al grupo privado francés y procedió inmediatamente a la incautación de la SEEG. La concesión se había renovado para un periodo de cinco años en marzo de 2017, pero las negociaciones terminaron por fracasar. Después de más de 20 años de gestión privada con un panorama muy dispar, nada asegura que el Estado logre asegurar el suministro de agua y electricidad a las poblaciones, vista su gestión desastrosa anterior a la concesión al sector privado. Es probable que Veolia y el Estado gabonés compartan responsabilidades sobre el deterioro de la situación; pero dado que el contrato firmado con Veolia se mantiene en secreto por ambas partes, es difícil determinar quién es más responsable de la flagrante falta de inversión y del deterioro de la infraestructura. El Gobierno y la familia Bongo han acumulado deudas beneficiándose hasta ahora de la indulgencia de la SEEG.

El grupo francés, ofendido por la decisión de Gabón, denunció una «grave violación de las normas de derecho» y afirmó que fue «víctima de una expropiación brutal por parte del Estado gabonés». El 8 de marzo, Veolia a través de su filial SEEG, presentó una apelación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), oficina del Banco Mundial con sede en Washington D.C. Este es uno de los principales tribunales de arbitraje internacionales donde se resuelven las disputas entre «inversores» y Estados; es decir, entre grandes multinacionales y gobiernos que atentan contra sus intereses. Opacos y estructuralmente sesgados a favor del sector privado, estos mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS) son el centro de la controversia respecto a los acuerdos de libre comercio como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). Las empresas occidentales han utilizado estos mecanismos durante mucho tiempo contra países del sur.

Regreso a la gestión pública ante los fracasos de la privatización

Sin embargo, hay que decir que Veolia tiene mala fama entre la población gabonesa debido a las numerosas interrupciones y cortes de agua. Según Mays Mouissi, analista económico gabonés, el descontento de la población está justificado: «distritos enteros de Libreville y de su extrarradio pueden verse privados de agua durante dos semanas sin que se reduzca el importe de la factura. Veolia cobra a los usuarios varios millones de francos CFA por los postes eléctricos cuando quieren conectarse a su red y luego se los apropian unilateralmente. A veces, transcurren más de 6 meses entre la solicitud de un contador (agua o electricidad) y su instalación [2]». El activista y ambientalista gabonés Marc Ona Essangui cita especialmente el gigantesco corte de energía que sumió a Libreville en la oscuridad justo en la víspera de Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre. Cree que Veolia y su filial someten a los gaboneses a la esclavitud encubierta. Durante el nombramiento de una nueva junta directiva provisional de la SEEG, un gabonés afirma que «debemos nacionalizar la SEEG, poner los medios, poner a los gaboneses al frente de la SEEG. ¡Ya estamos en 2018!» [3].

En pleno centro de Libreville, muchos habitantes recogen agua de lluvia o van y vienen a los pozos más cercanos. El Ministro de Agua y Electricidad, Guy Bertrand Mapangou, afirma que desde que Veolia gestiona la distribución «las tarifas han aumentado en 19 años más de un 75 % en términos de electricidad y más de un 88 % en lo que respecta al agua». Olvida mencionar que el clan Bongo también se ha beneficiado de estos aumentos. El Gobierno gabonés también ha acusado a la empresa francesa por actos de contaminación. Algunas organizaciones de la sociedad civil gabonesa como Brainforest han confirmado hechos al respecto. Sin embargo, han cuestionado públicamente por qué el Gobierno no los había denunciado antes, a pesar de sus repetidas advertencias en el pasado.

Veolia, ¿adicta al arbitraje internacional?

Gracias a los financiación de la gestión privada del agua en Francia, Veolia y su rival, la empresa francesa Suez, han aplicado desde 1990 una política de expansión agresiva a nivel mundial. Sin embargo, muy rápidamente, a partir de la «Guerra del agua» que tuvo lugar en el año 2000 en la ciudad boliviana Cochabamba, las empresas multinacionales de agua protagonizaron fracasos escandalosos. Muchas ciudades de todo el mundo, e incluso en Francia, optaron por deshacerse de sus proveedores privados o no renovar sus contratos (véase el informe publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y el Transnational Institute (TNI), entre otros:«Agua pública, agua del futuro. La experiencia mundial de la remunicipalización» (en francés). Al mejor tiempo, se han multiplicado los conflictos entre las autoridades públicas y las multinacionales del agua, tales como el que se vive actualmente en Gabón.

En este contexto, la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional privado es una de las armas preferidas para grupos como Veolia, que no ha dudado en hacer uso de ella en varias ocasiones. Por ejemplo, el 20 de agosto de 2007, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ya condenó a la provincia argentina de Tucumán a pagar 105 millones de dólares en concepto de daños, más intereses y gastos tanto a Veolia, que en aquel entonces actuaba con el nombre de Vivendi, como a su filial argentina Compañía de Aguas del Aconquija, tras la pérdida del contrato de concesión del agua de la provincia, rescindido en 1997 [4]. Recordemos que en abril de 2015, el CIADI había condenado a Argentina a que abonase 405 millones de dólares (380 millones de euros) en indemnizaciones a Suez. Esta reclamaba cinco años más 1.200 millones de dólares por la renacionalización del servicio del agua de Buenos Aires en 2006, tras años de conflictos por falta de inversión y por una calidad deficiente del agua potable [5]. Del mismo modo, Veolia se vio implicada en este procedimiento como accionista minoritaria de la empresa renacionalizada.

Otro objetivo emblemático: Egipto. La multinacional consideró inaceptable el aumento del salario mínimo en Egipto de 400 a 700 libras mensuales (de 41 a 72 euros), por lo que, el 25 de junio de 2012, denunció a Egipto ante el CIADI [6]. Según Veolia, los nuevos niveles salariales infringirían los compromisos acordados en el contexto de colaboración público-privado firmado con la ciudad de Alejandría sobre el tratamiento de residuos y reduciría el margen de beneficios de la empresa.

Un arma anti-remunicipalización

En Lituania, Veolia administraba el servicio de calefacción urbana de la capital y de otros nueve municipios. Sin embargo, la empresa francesa practicaba costes muy elevados y los procuradores lituanos la acusaron de manipular los precios de la energía, por lo que le impusieron varias multas. El municipio de Vilna finalmente decidió no renovar su contrato de 15 años de duración con el grupo francés, que finalizaba en 2017. La reacción de Veolia fue, por primera vez, llevar a un Estado europeo ante el CIADI y reclamar a Lituania 100 millones de euros en enero de 2016, antes de exigir 120 millones de indemnización complementaria en abril de 2017. La compañía afirmó que las autoridades lituanas rechazaron compensar las pérdidas de sus filiales Vilniaus Energija y Litesko, sufridas por cambios legislativos y reglamentarios que la empresa consideró discriminatorios. Por su lado, la respuesta en abril de 2017 del Ayuntamiento, que había acusado a Veolia de practicar tarifas prohibitivas, fue afirmar estar dispuesto a reclamar a la multinacional 200 millones de euros ante el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo [7].

Tampoco hay que olvidar que todos estos procedimientos ISDS formalmente interpuestos en marcha solamente son la punta del iceberg. Por un lado, algunos procedimientos no se hacen públicos y, por otro, la simple amenaza de recurrir a este tipo de arbitraje basta a menudo para intimidar a las autoridades públicas que desearían municipalizar sus servicios o, al menos, renegociar los contratos. Recientemente, en Rabat (Marruecos), la amenaza de no renovar el contrato con Redal, filial de Veolia encargada de la distribución del agua y la electricidad, llevó al grupo francés a anunciar en los medios de comunicación que habían contratado los servicios de un bufete de abogados especializado en derecho mercantil, Gide, para interponer una nueva denuncia ante el CIADI [8].

Los acuerdos de libre cambio a través de los mecanismos ISDS, pero también otras disposiciones como las cláusulas de «no retroceso» una vez que el sector se liberaliza, aparecen como una amenaza directa para las autoridades públicas y los ciudadanos que desean cuestionar la privatización de servicios básicos como el agua y la electricidad [9]. Sin duda, son el motivo por el que los Gobiernos francés y europeos, sensibles a los intereses de sus multinacionales, continúan favoreciendo la adopción de tales acuerdos, a pesar del malestar público. El ejemplo más reciente: Francia acaba de pedir a sus socios europeos que «aceleren» las negociaciones con vistas a firmar un tratado de inversión entre la Unión Europea y Japón. ¿Hace falta buscar alguna relación con el hecho de que Veolia esté intentando asentarse en el archipiélago nipón?

En cuanto a Gabón, hay algo claro: con la falta de transparencia del arbitraje internacional privado, no se arriesga a salir de la lógica de negociaciones secretas y acuerdos de alto nivel entre Veolia y el Gobierno de Ali-Bongo en perjuicio de los propios gaboneses. Régis Essono, activista de la asociación Survie y del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (Cadtm), lucha por una auditoría ciudadana de la deuda pública de Gabón. Forma parte de su preocupación: «las poblaciones gabonesas corren el peligro de ser las grandes perdedoras de este combate. Ya son conscientes de que el servicio sigue siendo desastroso a pesar de la marcha de Veolia. Sobre todo, vistos los elementos de los que disponemos por el momento, no veo cómo Veolia podría perder la batalla jurídica y no obtener una gran indemnización, que privaría todavía más a las poblaciones gabonesas de los recursos que sus mandatarios ya les han saqueado y privado».

Por Jérôme Duval y Olivier Petitjean

Publicado en Observatoire des multinationales.

Notas:
[1] Fabrice Arfi, «La verdadera fortuna de la familia Bongo, una bomba de relojería para Gabón» (en francés), artículo del 6 de marzo de 2015. Ver también este artículo.

[2] Mays Mouissi, analista económico gabonés, entrevistado por Ristel Tchounand.

[3] Gabon : «Lo que queremos es tener agua. ¡Nada más!» (en francés), RFI Afrique, el 18 de febrero de 2018.

[4] Vivendi se sale con la suya ante el Tribunal de Arbitraje internacional-CIADI en el contencioso contra Tucumán (Argentina) (en francés), Vivendi, 21 de agosto de 2007.

[5] A Suez Medioambiente se le atribuyó en 1993, a través de su filial Aguas y Saneamientos Argentinos, la gestión de los servicios de agua y saneamientos de la ciudad de Buenos Aires. Lea nuestra investigación «Litigios entre Estados y multinacionales: el emblemático caso de conflicto entre Suez y Argentina» (en francés) y el artículo «Suez Medioambiente impone una multa a Argentina» (en francés), en La Tribune, 10 de abril de 2015.

[6] Benoît Bréville et Martine Bulard, «Los tribunales como medio para saquear a los Estados» (en francés), Le Monde diplomatique, junio de 2014. En el sitio web de CIADI:  Veolia Propreté v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/12/15) (en inglés).

[7] «Veolia persigue a Lituania y le reclama 100 millones de euros» (en francés), Reuters, 27 de enero de 2016. «El conflicto se agrava entre Veolia y Vilna» (en francés), Le Figaro.fr junto la agencia AFP, 13 de abril de 2017.

[8] Younès Tantaoui, «Rabat: Veolia prepara un recurso ante el Tribunal de arbitraje del Banco Mundial» (en francés), el 5 de enero de 2017.

[9] Lea los capítulos dedicados es estos problemas en los dos informes publicados Transnational Institute junto al Observatoire des multinationales y otros socios: Agua pública, agua del futuro La experiencia mundial de la municipalización (en francés) y Reclamo de servicios públicos. Cómo las ciudades y los ciudadanos están volviendo a la privatización (en francés).

Fuente: sitio web de CADTM: Chassée du Gabon, Veolia saisit une nouvelle fois l’arbitrage international, publicado el 17 de abril de 2018.

Traducido para Umoya por Paula Calvo Avedillo y Leticia Herrero Vicente (USAL).

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