¿Quiénes saquean en realidad África y la República Democrática del Congo?

Los dirigentes africanos son los saqueadores coloniales de la actualidad, titulaba hace poco una página web neerlandesa. Un amigo belga, observador de la República Democrática del Congo (RDC), colgaba este artículo en su perfil de Facebook y lo señalaba como “muy adecuado”. De hecho, según los medios occidentales, el hemisferio sur es un nido de corrupción en comparación con el mundo occidental civilizado. ¿Qué ocurre en el continente africano y, más concretamente, en la RDC?

Sobre el mapamundi con el que Transparencia Internacional (una ONG a nivel mundial especializada en el estudio de la corrupción) muestra el índice de corrupción, vemos que los países más corruptos, coloreados en granate, se encuentran en los continentes del Sur y en Asia. Por otro lado, los menos corruptos son Estados Unidos, Canadá y los países europeos. En su artículo titulado “Derribar el mito de la corrupción”, Jason Hickel, de la London School of Economics, modifica esta imagen. Su conclusión es que “sencillamente, esta teoría no es verdad”.

Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso de poder para el beneficio propio”. Sin embargo, explica Hickel, si aplicamos esta definición a la economía internacional, tenemos que reconocer que la corrupción a gran escala se encuentra precisamente en los países “desarrollados” de Europa y Norteamérica. Es cierto que, según el Banco Mundial, la corrupción local hace que los países en desarrollo (de África, Latinoamérica y Asia) pierdan entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año (entre 16.000 y 32.000 millones de euros). Es una gran cantidad pero, en comparación con las pérdidas provocadas por la corrupción en el hemisferio norte, es una cifra bastante baja. En Bélgica, por ejemplo, se estima que el fraude fiscal es de 36.000 millones de euros al año.

Desde hace algunos años, el Partido del Trabajo de Bélgica publica anualmente el top 50 de las grandes multinacionales que no pagan los impuestos de sus beneficios, ya que se refugian en vacíos legales. Sin embargo, no se considera “corrupción” porque los sucesivos gobiernos legalizan esta evasión de impuestos por parte de grandes sociedades con el pretexto de que dichas sociedades crearán empleo, lo que no es cierto. Por esta corrupción legal, Bélgica perdió 9.100 millones de dólares más en 2016. Y Bélgica no es una excepción en el mundo occidental, ni mucho menos.

El robo de las multinacionales al Sur

Pero esto no es lo peor: las multinacionales del Norte roban a los países en desarrollo más de 1billón de dólares por medio de prácticas ilícitas. El informe de la organización Africa Progress Panel de 2013 titulado Equidad e Industrias Extractivas en África apunta:

“Las industrias extractivas que trabajan en África pueden reducir sus pagos de impuestos de varias formas. Algunas son legales, otras ilegales y otras se sitúan a medio camino, pero todas son difíciles de detectar. Se estima que, hoy en día, el 60 % del comercio internacional se realiza entre sucursales de una misma empresa; además, algunas sociedades de extracción que operan en países ricos en recursos naturales son prácticamente autónomas. Importan bienes y servicios de una sucursal o de una entidad afiliada, obtienen financiación de otra y los venden en un mercado ascendente a otras empresas del grupo activas en la transformación”. El informe continúa: “Las autoridades fiscales africanas se enfrentan a dificultades en todos estos ámbitos. Seguir el valor añadido a través de un laberinto de empresas conectadas entre sí, relacionadas por medio de sociedades ficticias, holdings y otros intermediarios registrados en lugares desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Suiza pasando por Londres, es un reto constante, incluso para las administraciones fiscales más desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los gobiernos de los países miembros de la OCDE han percibido los precios de transferencia como una amenaza a su base fiscal. Para las autoridades africanas, aplicar el código de impuestos es generalmente misión imposible”.

El informe Honest Accounts de 2017 compara detalladamente los flujos financieros que entran y salen del África Subsahariana. El cálculo final demuestra que el mundo desarrollado no ayuda a África, como se dice normalmente, sino todo lo contrario; África ayuda al resto del mundo con una suma de 40.000 millones de dólares al año.
Esta imagen resume la comparación detallada de los flujos económicos que entraron y salieron de África en 2016.

El saqueo de la República Democrática del Congo: un caso extremo

El informe de seguimiento de la situación económica y financiera de la RDC publicado en septiembre de 2015 por el Banco Mundial contiene una parte sorprendente. En las páginas 17 y 18, vemos un apartado titulado “Las comparaciones internacionales muestran que la RDC es un caso atípico”. El Banco Mundial escribe: “la RDC es un caso aparte, pues combina uno de los niveles de renta más altos en lo que respecta al PIB del sector de recursos naturales y uno de los niveles de ingresos más bajos”. Entendemos “renta” como lo que ganan las sociedades en el sector petrolero, minero, maderero, del gas natural y del carbón; es decir, como el volumen de negocio menos los costes de producción y la amortización de las inversiones. Esta renta constituyó en 2012 el 36 % el PIB o, lo que es lo mismo, 9.880 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades congoleñas recibieron ese mismo año en estos cinco sectores solo 3.950 millones de dólares en ingresos, que equivale al 14,4% del PIB. En comparación con otros países cuya renta equivale al mismo porcentaje del PIB, la RDC debería tener ingresos de 8.800 millones de dólares, lo que es un 32,25% del PIB. Así, el Estado congoleño calcula que en 2012, tuvo unos ingresos en el sector de los recursos naturales de solo 5.000 millones de dólares.

Otro estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en octubre de 2015, apunta que el tipo de canon sobre el cobre; es decir, el alquiler que las sociedades deben pagar al Estado para explotar sus concesiones, era del 2 % en la RDC, frente al 4 % en Indonesia, el 6 % en Zambia y hasta el 14 % en Chile.

Albert Yuma, presidente de la empresa minera congoleña Gécamines, atacaba así a las grandes sociedades mineras: “Desde la aplicación del código minero en 2002, los distintos socios de Gécamines han exportado más de 48.000 millones de dólares y el Estado ha recibido menos de 3.000 millones de dólares netos, que son los ingresos menos las bonificaciones fiscales que ha proporcionado. […] Desde hace 15 años, nuestros socios nos han engañado y, digámoslo, nos han robado. Esto tiene que parar”. Estas cifras declaradas por Yuma no han sido contradichas por ninguna autoridad.

Pero el código minero, escrito en 2002 por el Banco Mundial y muy a favor de las sociedades mineras, prescribe “la obligación de repatriar el 40 % de los ingresos de exportación”. Según esto, en vez de los 3.000 millones de dólares de los que habla Yuma, la RDC debería haberse quedado con 19.200 millones de dólares, bien en forma de inversiones o de anticipos en los bancos congoleños. Y, dado que la producción minera empezó seriamente en 2008, la mayoría de estos 19.000 millones de dólares deberían haber llegado a la RDC en los últimos 10 años.

El fracaso del FMI y la doctrina del “crecimiento inclusivo”

Yuma alegó: “Nos engañaron en el 2000 cuando nos dijeron que la RDC era incapaz de aprovechar sus recursos mineros por cuenta propia y que, para ello, necesitaba socios”. De hecho, ya en 2015, el profesor Stefaan Marysse advirtió de que la teoría sobre el crecimiento inclusivo defendida por el FMI, resultado de su fórmula ultraliberal, era una falacia (1).

El FMI aboga por un “crecimiento inclusivo”, es decir, un crecimiento que beneficie a la población y aumente su poder adquisitivo. ¿Cómo? Creando puestos de trabajo que generen salarios y, con ello, poder adquisitivo. Naturalmente, lo que supone la política liberal del FMI es que para conseguir ese crecimiento hay que hacer todo lo que sea posible por atraer inversiones privadas y abrir el mercado a las grandes multinacionales mineras.

Ahora bien, ¿qué dice Marysse al respecto? Según el profesor, en vez de un crecimiento inclusivo, este remedio recetado por el FMI ha ocasionado un crecimiento más bien disociado. De hecho, según sus cálculos, entre 2013 y 2019, la pérdida de capitales por repatriación de los beneficios de las grandes compañías en el sector minero asciende a 17.100 millones de dólares. Marysse contrasta este dato con lo que ha perdido el Estado en la venta de activos mineros por debajo del precio del mercado, suma que, según un informe publicado en noviembre del 2011 por el diputado laborista británico Eric Joyce, se eleva a 5.000 millones de dólares (2). Conclusión: “Si las Instituciones Financieras Internacionales (FMI y Banco Mundial, N. de la R.) fueran honestas en sus discursos sobre el crecimiento inclusivo, reconocerían que lo que está en juego no es solo una fuga de capitales fraudulentos y una depredación estatal, sino también una hemorragia legal derivada de la lógica económica de las multinacionales”.

Para no dejar lugar a dudas, el 10 de junio de 2015 Marysse planteó la siguiente cuestión tras la presentación de su estudio ante el Parlamento belga: “¿Una vuelta al modelo económico (neo)colonial de la extraversión o el precio de la globalización ante un Estado frágil?“.

Siete años más tarde el mismo Marysse, uno de los críticos más feroces del famoso contrato chino, aseguró que “tras la publicación de los datos relativos a los beneficios repatriados, parece que Sicomines (contratos chinos) se presenta como una mejor alternativa, mientras que la estrategia del Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial resulta menos creíble”.

“Relaciones desiguales”

Marysse declaró: “Para que este discurso sobre el crecimiento inclusivo no sea ideológico (interpreten el “no sea” en el buen sentido, N. de la R.), las Instituciones financieras internacionales deberían ayudar a la RDC a reforzar las condiciones para que sus relaciones con las compañías extranjeras sean menos desiguales. Esto se podría conseguir, por ejemplo, si secundaran los esfuerzos del país por revisar las cláusulas de diversos contratos y, así, ir más allá de la revisión de los contratos en 2010”.

Siempre podemos seguir soñando, pues es de lo que aquí se trata. Tanto la posición del FMI como la del Banco Mundial y la de la llamada comunidad internacional (véanse los gobiernos occidentales) son claras respecto a este tema: están del lado de las multinacionales occidentales. Basta con leer la saga descrita por Raf Custers, investigador en el centro belga GRESEA (Grupo de investigación para una estrategia económica alternativa), en su libro Cazadores de materias primas. En ella, aborda la guerra sin cuartel a la que se enfrentó el Gobierno congoleño cuando se llevó a cabo la revisión de los contratos en 2010 y se interesa, en particular, por el conflicto con la sociedad canadiense First Quantum (FQ) (3).

En primer lugar, Custers explica cómo el Gobierno congoleño, tras un año negociando un posible acuerdo, consigue anular el contrato de la compañía Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT), propiedad de FQ. Los cuatro argumentos empleados por el Gobierno son los siguientes:

  • – La compañía KMT no se fundó lícitamente, por lo que debería disolverse y refundarse.
  • – KMT pagó 5 millones de dólares por una concesión cuyo precio inicial se había acordado en 130 millones de dólares y que contiene unas reservas de minerales valoradas en 9.000 millones de dólares.
  • – KMT no llevó a cabo un estudio de viabilidad.
  • – No se puso en marcha hasta diez años después de su creación (paginas 144-147).

A continuación, Custers comienzo a relatar la guerra sin cuartel que emprendió First Quantum y sus aliados en el Banco Mundial, en los gobiernos occidentales y en los grandes medios de comunicación financieros para conseguir que el Gobierno de la RDC se retractase. Cinco días después de que este tomara la decisión de anular el contrato de First Quantum, el director del Banco Mundial, el estadounidense Robert Zoellick, acudió en persona a la capital de la RDC, Kinshasa, para hacerle una visita al primer ministro congoleño. Le exigió que el Gobierno reconsiderara la iniciativa. Fue entonces cuando el Gobierno canadiense intervino en el Club de París para retardar el proceso de anulación de la deuda, que continuó con retraso, puesto que estaba previsto para 2006. No obstante, los canadienses, con el apoyo del Gobierno estadounidense, belga y algunos otros, consiguieron aplazar la decisión un año más, hasta finales de noviembre del 2010. El responsable de la ONG belga CNCD, Arnaud Zacharie, criticó este retraso alegando lo siguiente: “¡La de tiempo perdido en esta anulación prevista para el 2006! Durante estos cuatro años el escaso presupuesto congoleño ha tenido que correr a cargo de una deuda ilegítima y odiosa contraída en la época del régimen de Mobutu, con la complicidad de las cancillerías occidentales, que no ha aportado nada al desarrollo y al bienestar de los congoleños”.

Asimismo, Custers aborda la campaña lanzada por First Quantum a través los medios de comunicación para acusar al Gobierno congoleño de corrupción. Finalmente, la compañía puso fin a esta guerra en enero de 2012 a cambio de una suma igual a 1.250 millones de dólares que la sociedad de Kazajistán ENRC, heredera de sus concesiones, pagaría.

En conclusión, las relaciones entre el gobierno congoleño y las compañías que tienen muchos más medios para presionar y publicar informes (elaborados por centros de investigación y de juristas especializados en la materia) son extremadamente desiguales.

La resistencia de las autoridades congoleñas: un proceso lento

Barclays, uno de los cinco bancos británicos más importantes, especializado en el sector minero mundial, reflejaba en su informe de octubre de 2010 la soberbia dictatorial y la mentalidad colonial del gran capital. En él, se denuncia lo que denominan “el nacionalismo de las materias primas”. Hay algunos países que siempre quieren ganar más con su riqueza natural: un escándalo. “Pero el mayor peligro para el sector de la minería y los metales está en la República Democrática del Congo”; y el principal factor de riesgo es el presidente Kabila: “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos lo considera como alguien imprevisible, algo que no aporta nada positivo” (4). El experto estadounidense Jason Stearns actúa de altavoz y titula con orgullo en su página web: Un voto de desconfianza contra Kabila (5). Stearns alaba el hecho de que los grandes inversores castiguen al perverso Gobierno congoleño por haberse atrevido a intentar sacar provecho de sus riquezas para el propio país.

Cambiar la proporción de fuerzas con el mundo del gran capital internacional de Occidente es muy difícil. Está claro, da igual lo que opine el profesor Marysse: para ello, el Gobierno congoleño no podrá contar con el FMI o el Banco Mundial.

El diario británico Financial Times publicó su opinión sobre el resultado de la relectura de los contratos mineros de 2010: para limitar los daños ocasionados por la batalla contra FQ, el Gobierno cede en las negociaciones sobre la empresa minera Tenke Fungurume. Por tanto, Kinshasa está entre concesión y resistencia: el proceso es muy lento. Puede parecer demasiado cauteloso pero, vista la debilidad objetiva del Estado de la RDC, quizás sea comprensible. Lo que importa es que las concesiones no irán más allá hasta que la RDC abandone definitivamente el objetivo de tener una parte más justa respecto a sus materias primas.

Por un lado, el Banco Mundial y la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) confirman que, entre 2009 y 2014, el Estado de la RDC mejoró visiblemente su capacidad para recaudar ingresos, que aumentaron en más del triple (ver Gráfico 1). En el sector minero, donde la producción creció de manera espectacular, los ingresos se multiplicaron por 16 (ver Gráfico 2). Estos datos están lejos de lo que podría conseguirse, pero es un buen comienzo.

Los ingresos propios del Estado de la RDC se triplicaron entre 2009 y 2014.

Los ingresos del sector minero aumentaron de 100.000 dólares a 166.000 millones de dólares.

El 5 de julio de 2017, el gobernador del Banco Central del Congo (BCC), Deogratias Mutombo, anunció una serie de medidas orientadas a las empresas mineras que rechazan respetar el código minero, que, para las sociedades privadas, ya es favorable y liberal. Hay una repatriación del 40 % de la exportación obligatoria que sistemáticamente se evita. Esto implica una falta de dinero en la economía congoleña, lo que causa la inflación. Para Mutombo, “hay mala fe por parte de algunas empresas. En el sector, sigue habiendo fraude y falta de transparencia; por eso, hemos decidido publicar una circular en las próximas dos semanas, que va a endurecer el régimen de sanciones ante el incumplimiento de la reglamentación en materia de repatriación de ingresos de exportación por las empresas titulares de la ley de explotación minera. Concretamente, vamos a reforzar el control sobre las principales cuentas en el extranjero de las empresas mineras, de manera que aseguremos la repatriación efectiva del 40 % y el uso del 60 % que se queda en el extranjero”.

El gobernador del BCC anunció sanciones no solo contra el incumplimiento de la repatriación, sino también contra el de la transmisión de la situación y de los movimientos de cuentas principales que están en el extranjero al BCC. La entidad va a planear misiones de control sobre el terreno. Mutombo también afirmó que el control deberá hacerse desde el principio, a nivel de producción: considera que se tiene la impresión de que no hay transparencia ni buena fe en la presentación de cifras de producción y exportación. El pasado 16 de julio, en un encuentro dirigido por el presidente Kabila se redactaron sanciones precisas, lo que suscitó el enfado en los mineros y en el mundo de las finanzas.
Por otro lado, se encuentra la reforma del código minero. Un proceso que lleva alargándose desde hace años, y que, finalmente, ya está llevándose a cabo. El código actual es de 2002 y lo redactó el Banco Mundial: los especialistas consideran que es muy liberal y favorable para el sector minero, aunque las propias sociedades no opinan lo mismo. Por ejemplo, el código vigente deja mucha libertad a las grandes sociedades para declarar pérdidas de las filiales congoleñas, reenviando los beneficios a otras filiales que se encuentran en paraísos fiscales.

El código actual también permite a las sociedades minimizar sus beneficios, amortizando el 60 % de sus inversiones desde el primer año. También existe la posibilidad de mezclar varios proyectos mineros distintos, lo que facilita el fraude. La intención de cambiar el código minero está presente desde 2009, cuando el Senado evaluó negativamente el existente. Ahora bien, esto conduce a una fuerte resistencia por parte de las sociedades mineras que piden ayuda. En marzo de 2013, se retiró un proyecto de reforma del código minero y se pospuso la enmienda. A lo largo de enero de 2018, estaba previsto que se evaluase el nuevo código en una sesión extraordinaria por petición explícita del presidente Kabila ante el Parlamento.

¿Podrá el Gobierno de la RDC afrontar las grandes sociedades mineras? Yuma ya advirtió a final de noviembre de que Gécamines “va a revisar y digo revisar, no renegociar, a partir de ahora nosotros fijamos los términos, las condiciones de los socios que relacionan la empresa congoleña con sociedades mineras privadas”.

La lucha contra la corrupción y el peligro del populismo    

El año 2017 se ha caracterizado por una avalancha de informes que denuncian la corrupción de los dirigentes congoleños. Una serie interminable de organismos, todos situados en Occidente, publican un informe tras otro: la compañía estadounidense Bloomberg, la agencia de noticias Reuters, el proyecto de investigación Congo Research Group, la ONG Human Rights Watch, el Centro Carter, etc. Todos denuncian una corrupción que constituiría la base de la pobreza de la RDC. Desde luego, muchos problemas están relacionados con la corrupción en este país. Sin embargo, observo dos problemas con estos informes y en cómo se emitieron en los medios de comunicación.
En primer lugar, las grandes multinacionales, principales responsables de la catastrófica situación de la RDC (en el plano histórico y debido al papel que desempeñan actualmente en la economía mundial) han quedado fuera de juego. Los principales objetivos son el Estado congoleño y sus dirigentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la empresa Glencore lo hacemos sobre todo para denunciar el comportamiento del empresario Dan Gertler “que es amigo de Kabila”. Ahora bien, el gigante Glencore tiene la corrupción y el expolio en su ADN, con un volumen de negocios de 177.000 millones de dólares en 2016. A nivel mundial, es la sociedad más grande del sector minero. Sin embargo, más que en la explotación minera, la sociedad está especializada en el comercio, en la venta y reventa de concesiones, en los minerales, etc. En cualquier parte del mundo, el gigante Glencore ha sido acusado de corrupción y de estafas. Entonces, echamos a Gertler, reemplazamos a algunos directores y el juego puede continuar. Una vez más, el experto Jason Stearns actúa como altavoz del gobierno de Trump al reproducir, en una serie de cinco tweets, frases literales de un comunicado oficial de la administración de Trump relacionado con sanciones contra Gertler, “el amigo de Kabila”. (6)

En segundo lugar, hay poco debate de fondo. Todo se realiza en una atmósfera de linchamiento hacia el “régimen de Kabila”. Hubo, por ejemplo, una respuesta exhaustiva de Gecámines sobre el informe de la ONG Global Witness el pasado julio y del Centro Carter en noviembre. Existe un debate de cifras, pero también de observaciones fundamentales. Así, el director general en funciones de Gécamines, Jacques Kamenga Tshimuanga, critica la “visión ideológica” del Centro Carter. El Centro opina, a su vez, que Gécamines debería “abandonar su estatuto de productor para dedicarse a la gestión de la cartera de participaciones minoritarias”.

Jacques Kamenga Tshimuanga afirma que esta recomendación “aplicada desde hace casi 15 años, ya ha conducido al empobrecimiento de la RDC para el beneficio de los colaboradores exteriores”. De hecho, más que de 15 años, Kamenga debería hablar de tres décadas. En realidad, no solamente el Centro Carter defiende esta política. Se trata de la visión que el FMI y el Banco Mundial han impuesto desde 1980. Una visión ultra-liberal que considera a las grandes multinacionales como los únicos actores competentes para la explotación de minerales, mientras que, a su modo de ver, Gécamines, empresa pública, debería limitarse a facilitarles la vida a estos “verdaderos actores”.

No obstante, desde hace algunos años, Gécamines intenta abandonar esta vía y reconvertirse en una compañía de producción con una política industrial ambiciosa. El 23 de diciembre de 2017, Kamenga anunció la construcción de dos fábricas de producción de cobre en 2018. La primera se ubicará en Kolwezi y tendrá una capacidad de producción de 80.000 toneladas de cobre por año. Con esta nueva fábrica, la capacidad de producción anual de Gécamines podrá así alcanzar más de 200.000 toneladas en los próximos años. La segunda fábrica, cuya capacidad de producción no se ha revelado, se construirá en Kambove.

Sin embargo, en los medios de comunicación occidentales no hay ni rastro de las cifras ni de estos argumentos básicos. Esto se debe a un desprecio originado por una creencia ciega en el credo liberal del FMI.

Transparencia Internacional, la ONG mencionada al comienzo de este artículo, ha publicado un interesante texto en su página web titulado Corruption et inégalité: comment les populistes trompent le peuple, (“Corrupción y desigualdad: cómo los populistas confunden al pueblo”).

El autor, Finn Heinrich, escribe: “la corrupción y la desigualdad social se encuentran íntimamente ligadas y son la fuente del descontento popular. Sin embargo, la forma en la que los dirigentes populistas tratan este problema es errónea: emplean el mensaje de la corrupción y la desigualdad con el objetivo de recibir apoyo, pero no tienen ninguna intención de resolver seriamente el problema”.

Podemos decir que mientras los análisis sobre la corrupción en África no tengan en consideración las cuestiones fundamentales de la sociedad y el funcionamiento de la economía mundial, tenderán a llegar a la misma conclusión estéril. La idea de que todo se resolverá cuando se haya reemplazado a los dirigentes actuales por “buenos dirigentes” es una idea populista. Una idea que en realidad no ha reducido la corrupción en ninguna parte, al contrario. Para dar con los “buenos dirigentes” es necesario que el pueblo sepa actuar conjuntamente con estos, así como juzgarlos en base a las soluciones aportadas para las cuestiones fundamentales que defienden con discursos y actos. ¿Cómo salir de este sistema que reduce la RDC a un papel de repartidor de materias primas a la economía mundial, dominada por las grandes multinacionales occidentales? ¿Cómo ir hacia una economía que produzca valores añadidos sirviendo ante todo al mercado interior? ¿Cómo puede el pueblo dominar sus propios derechos democráticos y su soberanía?

Por Tony Busselen

Notas:
(1)    Fuente: “Conjonctures congolaises 2014” y “Croissance cloisonnée : note sur l’extraversion économique en RDC », ediciones Harmattan, páginas 25-39. Stefaan Marysse es profesor doctor emérito en la Universidad de Anvers especializado en África Central.
(2)    El Centro Carter señala que el cálculo de Africa Progress Panel, que fija la pérdida en 1500 millones de dólares, es más correcto que la estimación publicada por Joyce: “This seems a more rigorous estimate than the one of U.K. member of Parliament Eric Joyce, who claimed Congo lost US$5.5 billion for the same deals. More than 80 percent of the US$5.5 billion revenue loss Joyce reported related to canceled FQM projects (the Kolwezi tailings and the Sakania titles) that were sold to Gertler, over US$4.5 billion. However the Africa Progress Panel put the loss at US$665 million.” “A State Affair: Privatizing Congo’s Copper sector.” Noviembre 201, pág 89.
(3)    Raf Custers, Chasseurs de matières premières, co-edición Investig’Action-Gresea-Couleurs Livres, Bruselas 2013, 245p.
«Quand le profit est adéquat, le capital devient audacieux. Garantissez-lui 10 %, et on pourra l’employer partout; à 20 %, il s’anime, à 50 %, il devient carrément téméraire; à 100 %, il foulera aux pieds toutes les lois humaines ; à 300 %, il n’est pas de crime qu’il n’osera commettre» Para apreciar la actualidad de esta frase que Marx escribe en El Capital, hay que leer el libro de Raf Custers. Relata la voracidad actual de las grandes multinacionales. El mismo libro puede pedirse por medio de este enlace.
Aquí mostramos dos fragmentos del libro en el que además se ofrecen investigaciones sobre el saqueo de los minerales en varios países africanos y sudamericanos: aquí y aquí.
(4) Commodity Daily Briefing 102634710 / Barclays, octubre 2010
(5) Congosiasa, 14 octubre 2010
(6) Twitter de @jasonkstearns del 21 diciembre del 2017

Fuente: Investig’Action, Qui sont les vrais pilleurs de l’Afrique et du Congo ?, publicado el 20 de enero de 2018.

Traducido para UMOYA por: Paula Calvo, Marta Martínez, María Martín-Luquero y Leticia Herrero de la USAL.

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