Ruanda: un intento de negar los asesinatos

Las autoridades amenazan a las familias de las víctimas

Víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Fila de arriba, de izquierda a derecha: Juma Ntakingora (ejecutado el 21 de septiembre de 2016); Alexandre Bemeriki (ejecutado en octubre de 2016); Benjamin Niyonzima (ejecutado el 16 diciembre de 2016); Basabose Hakuzimana (ejecutado el 6 de diciembre de 2016); Elias Habyarimana (ejecutado el 25 de marzo de 2017) ; Samuel Minani (ejecutado el 15 de diciembre de 2016). Fila de en medio, de i. a d.: Jean de Dieu Habiyaremye (arrestado a finales de noviembre de 2016 ejecutado unos días más tarde); Ernest Tuyishime (ejecutado el 5 de agosto de 2016); Thaddée Uwintwali (ejecutado el13 de diciembre de 2016); Emmanuel Ntamuhanga (ejecutado en marzo de 2017); Fulgence Rukundo (ejecutado el 6 de diciembre de 2016); Naftal Nteziriza (ejecutado a finales de diciembre de 2016). Fila de abajo, de i. a d.: Amulani Bazangirabate (ejecutado a finales de diciembre de 2016); Jean Kanyesoko (ejecutado el 2 de agosto de 2016); Claude Barayavuga (ejecutado el 27 de abril de 2017); Emmanuel Hanyurwabake (ejecutado a finales de diciembre de 2016); Vedaste Renzaho (ejecutado a finales de diciembre de 2016); Jeannine Mukeshimana (ejecutada el 16 de diciembre de 2016). © Privado 2016.

Human Rights Watch declaró que el Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, en inglés National Commission for Human Rights) de Ruanda publicado el 13 de octubre de 2017, intentaba desacreditar el trabajo de documentación cumentation de esta organización sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, sostenía que está repleto de declaraciones falsas que agravan la injusticia y los abusos que sufren las familias de las víctimas. Human Rights Watch constató que las autoridades del Gobierno ruandés amenazaron a miembros de las familias de las víctimas y les obligaron a presentar información falsa sobre lo que le ocurrió a sus familiares. La organización está extremadamente preocupada por la seguridad de los miembros de estas familias.

El informe de la CNDH declaró que «conoce la verdad» sobre un informe de Human Rights Watch publicado el pasado julio. Este describe detalladamente cómo el ejército, la policía y las unidades de seguridad auxiliares, a veces con la ayuda de las autoridades civiles locales, detuvieron a presuntos delincuentes menores y los ejecutaron sumariamente. Las alegaciones recogidas en el informe de la CNDH y durante la rueda de prensa, en general, estaban preparadas y dieron una imagen falsa del trabajo que realizó Human Rights Watch.

Ida Sawyer, directora de Human Rights Watch en África Central, indicó que «las alegaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que las autoridades ruandesas están poco dispuestas a tolerar las críticas o a esforzarse más en mejorar el balance del país en materia de derechos humanos». También añadió que «en lugar de debatir sobre las conclusiones con Human Rights Watch —antes de la publicación— como se pidió y de iniciar investigaciones serias, las autoridades ruandesas presentaron información falsa y amenazaron a los que se atrevían a hablar sobre las muertes».

Human Rights Watch constató que las autoridades locales o los miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a numerosos miembros de las familias que se negaban a inventar historias sobre lo que le había ocurrido a sus familiares. «Las autoridades locales me preguntaron si estaba dispuesto a contar a las autoridades que vinieran a nuestro pueblo que [la víctima] había muerto en el hospital como consecuencia de una enfermedad, pero me negué a hacerlo», declaró a Human Rights Watch un miembro de la familia de una de las víctimas. «Vi cómo [la víctima] fue asesinada y no podía cambiar la verdad. A los pocos días, me detuvieron». Señaló que fue liberado varios días después.

Una investigación de la cadena de televisión France 24, emitida el 31 de octubre, mostró muchas incoherencias en el informe de la CNDH. También corroboró las circunstancias en las que tuvieron lugar cuatro de las ejecuciones documentadas por Human Rights Watch.

Después de que se publicara el informe de la CNDH, Human Rights Watch analizó su contenido, así como las declaraciones recogidas durante la rueda de prensa del 13 de octubre y durante la presentación de la Comisión en el Parlamento el 19 de octubre. Human Rights Watch también dirigió investigaciones adicionales sobre algunos asesinatos. Algunos de los testigos entrevistados se sorprendieron al enterarse de las alegaciones que se presentan en el informe de la CNDH.

La ejecución extrajudicial de Alphonse Majyambere es un claro ejemplo. La CNDH presentó en la rueda de prensa a otra persona que tenía el mismo nombre, pero que provenía de un sector diferente y tenía casi 30 años más que la persona asesinada.

En el caso de Elias Habyarimana, asesinado en marzo por las fuerzas de seguridad, la CNDH presentó a una mujer llamada Pelagie Nikuze, que declaró que Habyarimana es su marido y que este vive en Bélgica. Human Rights Watch descubrió que el hombre que se encuentra en Bélgica es, en realidad, otra persona. El hombre asesinado en marzo era un pescador que jamás había tenido pasaporte.

Fulgence Rukundo fue ejecutado el 6 de diciembre de 2016 © Privado

La CNDH reconoció que Fulgence Rukundo fue asesinado por haber cruzado ilegalmente la frontera con la República Democrática del Congo. Sin embargo, algunos de los lugareños confirmaron, a finales de octubre, a Human Rights Watch que habían sido testigos, junto a decenas de habitantes de su pueblo, de la ejecución de Fulgence Rukundo a manos de unos soldados el 6 de diciembre de 2016 en la zona de Kiraga, a varios kilómetros de la frontera, por haber robado y matado presuntamente una vaca.

«La muerte [de Rukundo] es una historia conocida en la colina [en la que vivimos]», contó un testigo a Human Rights Watch el 24 de octubre. «La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaba demasiado asustada como para venir aquí. Si [los miembros de la Comisión] se atrevieran ahora a acercarse a mí, les escupiría en la cara y estaría preparado para asumir las consecuencias de mis actos».

Estos casos están incluidos en el informe de 42 páginas «Todos los ladrones deben ser asesinados: ejecuciones extrajudiciales en el oeste de Ruanda», publicado en julio por Human Rights Watch. En él, se informa de la ejecución extrajudicial de, al menos, 37 personas sospechosas de delitos menores y de las desapariciones forzadas de otras cuatro entre los meses de abril de 2016 y 2017. Desde entonces, Human Rights Watch ha documentado, al menos, una muerte más, la de un presunto ladrón, cometida por la policía en el mismo periodo. Algunos miembros de las familias de las víctimas fueron amenazados cuando intentaron recuperar los cuerpos de sus familiares. Las autoridades, por su parte, usaban las muertes como una advertencia para otros posibles ladrones y aludieron a las ejecuciones durante reuniones comunitarias públicas. Después de que se publicara el informe de Human Rights Watch en julio, parece que las muertes han cesado.

El informe de Human Rights Watch está basado en investigaciones realizadas en Ruanda entre enero y julio de 2017. En él se incluyen entrevistas con 119 testigos de las muertes, miembros de las familias y amigos de las víctimas, funcionarios del Gobierno y otras personas muy informadas sobre las detenciones y las ejecuciones. Todas las entrevistas se realizaron individualmente y en privado. Human Rights Watch explicó a cada persona entrevistada el objetivo de la conversación, cómo se utilizaría, que era voluntaria y que no se iba a proporcionar ninguna remuneración, según la metodología que aplica Human Rights Watch en sus investigaciones en más de 90 países.

El informe de julio incluye los nombres y otros detalles sobre todos los casos que documenta y las fotografías de un gran número de víctimas. Human Rights Watch compartió una lista de casos y solicitó reunirse con las autoridades ruandesas antes de la publicación del informe.

Human Rights Watch mantiene sus conclusiones y rechazó firmemente las alegaciones de la CNDH. A pesar del intento de encubrimiento en el informe de la CNDH, la organización continúa haciendo un llamamiento a un diálogo constructivo con el Gobierno y con la CNDH y se mantiene abierta a reunirse y a compartir información antes de la publicación de los informes principales.

El informe de la CNDH se publicó tres días después de que Human Rights Watch difundiera un informe posterior que afirma que Ruanda recurre sistematicamente a la tortura. Durante 10 meses, Human Rights Watch intentó, en varias ocasiones, reunirse con las autoridades, incluida la CNDH, para debatir sobre los resultados de estas investigaciones, pero no han aceptado ninguno de los encuentros.

«Las autoridades ruandesas han denigrado y atacado a Human Rights Watch por haber denunciado estas violaciones atroces de los derechos humanos, al mismo tiempo que han amenazado a las familias y a los amigos de las víctimas que ya han sufrido lo suficiente», precisó Ida Sawyer. «El Gobierno debería frenar inmediatamente cualquier intimidación y acoso que sufran los miembros de las familias y otros testigos, tomarse en serio las denuncias de los asesinatos y de otras violaciones graves [de los DD. HH.] y unirse a los países que trabajan por el respeto de los derechos humanos fundamentales».

Un intento de ocultar las muertes mediante informaciones falsas

Entre las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas documentadas por Human Rights Watch, la CNDH ha asegurado que siete personas siguen vivas, que cuatro han fallecido por causas naturales, que seis han muerto en «diversos accidentes», que ocho han sido abatidas por las fuerzas de seguridad ruandesas cuando cruzaban ilegalmente la frontera con la República Democrática del Congo, que dos han sido abatidas cuando se resistían a ser detenidas y que había otras diez sobre las que «no se tenía información».

La información más detallada que proporcionó la CNDH correspondía a dos casos: el de Alphonse Majyambere y el de Elias Habyarimana. Durante la conferencia de prensa del 13 de octubre, la CNDH presentó a un hombre llamado Alphonse Majyambere con un carnet de identidad nacional presuntamente válido de la zona de Bushaka, en el sector de Boneza, en el distrito de Rutsiro. Según su carnet de identidad, este hombre tiene 64 años. La ejecución del Alphonse Majyambere que documentó Human Rights Watch fue la de un hombre que vivía en la zona de Nyagahinika, en el sector de Kigeyo, en el mismo distrito. El Majyambere que fue asesinado, un ladrón natural de un pueblo llamado Rukombe y muy conocido allí, nació en 1981; es decir, tendría unos 35 años cuando murió.

A finales de octubre, Human Rights Watch habló con personas cercanas a Alphonse Majyambere en Rukombre y confirmaron que estaba muerto y que había sido asesinado por las fuerzas de seguridad a finales de septiembre de 2016. Un familiar que vio el cuerpo de Alphonse Majyambere declaró a Human Rights Watch el 14 de junio que, mientras los policías enterraban su cadáver, «gritaron a la multitud: “Si lo matamos y lo enterramos así, es para que sirva de ejemplo para los que cometáis un robo”». La misma persona señaló a Human Rights Watch que el informe de la CNDH es «una sarta de mentiras. ¿Acaso piensan que yo, al igual que el resto de personas que vieron su cuerpo, no voy a saber que está muerto?»

«Alphonse era un vagabundo y un ladrón», explicó otro testigo a Human Rights Watch a finales de octubre. «Robaba vacas y se movía en diferentes entornos. Está claro que ha muerto. No podía ser un hombre mayor. Nació en 1981.»

En el segundo caso, la CNDH presentó a una mujer llamada Pelagie Nikuze, que declaró ser mujer de un tal Elias Habyarimana, antiguo soldado que vive en Bélgica desde 2009 y que es natural de la zona de Nyarubuye, en el distrito de Rutsiro.

Pese a que Human Rights Watch no niega la existencia del marido de Pelagie Nikuze, esta organización ha documentado la muerte de otro Habyarimana en la zona de Gabiro, en el distrito de Rutsiro. Era natural del pueblo de Nyagahinga. Las fuerzas de seguridad asesinaron a este Elias Habyarimana, de unos 30 años, a finales de marzo en el lago Kivu por utilizar una red de pesca ilegal. Figuraba entre 11 personas ejecutadas también por el mismo motivo, en los casos documentados por Human Rights Watch. A finales de octubre, Human Rights Watch interrogó de nuevo a personas cercanas a Elias Habyarimana y a otros testigos de su ejecución y confirmaron que fue asesinado a principios de ese año.

«Escuché que el Gobierno declaró que [Elias] estaba vivo», dijo una persona cercana a Elias Habyarimana el 25 de octubre. «Me quedé desconcertado cuando me enteré de eso. Elias está muerto». El Habyarimana que asesinaron nunca formó parte del ejército y nunca ha tenido pasaporte, precisó esta persona. «Ni siquiera sabía leer ni escribir», continuó. «¿Cómo es posible que personas que no le conocían puedan estar autorizadas a decir que está vivo y que vive en Bélgica? En lugar de ayudar a sus hijos, que se han quedado huérfanos por culpa del Estado, nos persiguen ahora a nosotros con estas mentiras».

Intimidación y amenazas del Gobierno

Numerosos miembros de las familias de las víctimas explicaron a Human Rights Watch que las autoridades locales los interrogaron, los amenazaron e incluso detuvieron a algunos de ellos después de la publicación del informe de julio. Al mismo tiempo, intentaron forzar a algunos miembros de las familias para que proporcionaran un falso testimonio sobre lo que le pasó a sus familiares. Human Rights Watch también ha documentado amenazas en las comunidades locales donde ha habido asesinatos.

Por ejemplo, en Nyagahinika, un habitante contó que «en agosto, las autoridades locales tuvieron una reunión y declararon: “Sabemos que algunos de vosotros habéis hablado con extranjeros sobre Majyambere [una de las víctimas]. Todo el que hable de su muerte se las verá con nosotros”». Un miembro de la familia de otra víctima contó a Human Rights Watch que fue amenazado en repetidas ocasiones por las autoridades locales, que querían saber todo lo que le había dicho a Human Rights Watch.

El familiar de esta otra víctima explicó que «en julio, en la radio se habló de personas asesinadas a manos de trabajadores de los servicios de seguridad en Rubavu y en Rutsiro, incluida [la víctima]. Las autoridades locales comenzaron a amenazarme para saber si yo era el que había proporcionado información a Human Rights Watch. Desde entonces, las autoridades sospechan de mí. Después, utilizaron a la segunda mujer [de la víctima] y le obligaron a decir que había muerto por una enfermedad en el hospital, pero era completamente falso».

Human Rights Watch no es el único organismo internacional que se preocupa por las represalias que sufren aquellos que se atreven a expresarse. El 19 de octubre de 2017, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, invitado a Ruanda tras la ratificación en 2015 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, suspendió su viaje por los impedimentos del Gobierno y por el temor a las represalias que pudieran sufrir las personas interrogadas por los enviados a Ruanda. Ya es la tercera vez en diez años que este subcomité suspende una visita.

Ataques contra el personal de Human Rights Watch

El informe de la CNDH desencadenó una oleada de alegaciones infundadas y cargadas de odio hacia el personal de Human Rights Watch por parte de representantes gubernamentales y de miembros del Parlamento. El 13 de octubre, el ministro de Justicia, Johnston Busingye, tuiteó alegaciones que indicaban que algunos miembros del personal simpatizaban con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado ruandés activo en la República Democrática del Congo (RDC) y compuesto esencialmente por hutus. El 19 de octubre, durante un debate abierto en el Parlamento, uno de los parlamentarios calificó al director ejecutivo de Human Rights Watch de «perro de los genocidas».

Human Rights Watch rechazó categóricamente todas las acusaciones de colaboración con las FDLR o de sesgo político. Las FDLR incluyen personas que estuvieron implicadas en el genocidio ruandés de 1994, y otras que cometieron y siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos en el este de la RDC. Como sabe el Gobierno ruandés, Human Rights Watch documentó y denunció los abusos cometidos por las FDLR en informes detallados y en comunicados de prensa. La organización también solicitó en numerosas ocasiones que se hiciera justicia con los responsables de dichos abusos y testificó durante los juicios de sus crímenes.

Las autoridades ruandesas acusaron en numerosas ocasiones a personas consideradas «opositoras» al Gobierno, colaboradoras de los grupos de la oposición o de los grupos armados exiliados, como las FDLR.

El 19 de octubre, el Parlamento recomendó al Gobierno que reconsiderase su relación con Human Rights Watch con el fin de que «los actos innobles y despreciables cometidos contra Ruanda y los ruandeses no se repitan». El acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Human Rights Watch, que, en teoría, permite a la organización registrarse en Ruanda, expiró en junio de 2017. La organización solicitó una entrevista con el Ministerio para tratar de renovar dicho documento, pero todavía no ha recibido una respuesta.

Ida Sawyer
Central Africa Director Human Rights Watch
ida.sawyer@hrw.org
Twitter: @ida_sawyer

Fuente: HRW. Rwanda : Une tentative de nier les meurtres. Publicado el 1 de noviembre de 2017.

Traducido para UMOYA por Ana Olarte de Santiago, Lucía Olmedo León y Marcos Orcástegui Herbera (Universidad de Salamanca).

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