Soberanía judicial: Victoire Ingabire y la Corte Africana

«La Corte debería intensificar la lucha contra la impunidad y la brutalidad de los estados policiales de África y sus patrocinadores no africanos.»

Los amigos y seguidores de la presa política ruandesa Victoire Ingabire aún están esperando a que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos resuelva su apelación. En 2011, Victoire trató de postularse para presidente contra el dictador militar Paul Kagame, lo que conllevó su encarcelamiento. Fue condenada por conspiración terrorista, por instar a los ruandeses a alzarse contra el Gobierno y por contradecir la versión oficial y legalmente impuesta del Genocidio de Ruanda.

He hablado con Victoire a través de correo electrónico, teléfono y por internet, y retransmití su voz durante gran parte de 2010 en las emisoras de radio estadounidenses KPFA (California) y WBAI (Nueva York), pertenecientes a la organización sin ánimo de lucro Pacifica Foundation, hasta que finalmente fue encarcelada el 14 de octubre. El periódico San Francisco Bay View ha publicado tanto nuestras conversaciones como artículos escritos por expertos de Ruanda y la región de los Grandes Lagos de África.

Aún recuerdo a Victorie contándome lo firmemente que se opone a la violencia y cómo cree en «el diálogo, el debate y la democracia». El inglés es su cuarta lengua después del kinyarwanda, el francés y el holandés, y pronunciaba «diálogo» con un énfasis y un acento que resultaban entrañables. A pesar de que aún no nos hemos conocido en persona, conozco bien a Victoire, y las declaraciones en las que se la acusa de conspirar con terroristas son completamente ridículas. Claude Gatebuke, superviviente del genocidio de Ruanda, afirmó que «Victoire no cree en la invasión de los países vecinos», refiriéndose princpalmente a la República Democrática del Congo, pero también a Burundi. Las fuerzas de Kagame incluso han protagonizado escaramuzas con las tropas del dictador vecino Yoweri Museveni en su frontera común, y los investigadores de la ONU atestiguaron que, desde 1993 hasta 2003, las milicias de ambos países lucharon entre ellas por el oro y los diamantes en el distrito congolés de Ituri durante la Segunda Guerra del Congo.

Aparente calma, inestabilidad evidente

Muchos ruandeses comparan su país con un polvorín, una falla sísmica o un volcán humeante debido a su brutal oligarquía, su polarización étnica y la represión de los recuerdos de violencia y pérdida. Victoire quiere que la población hutu y tutsi mantenga una honesta conversación acerca de lo que sufrieron durante el genocidio de 1994 y que ambos puedan recordar a sus muertos. Pero mientras la ley prohíba mencionar a las víctimas de la población hutu, estos no pueden recordar o llorar públicamente a sus muertos.

Durante el año electoral de 2010, Victoire y otros disidentes me contaron que la calma que había en Ruanda en ese momento era aparente y que la tensión era palpable y volátil: había policías armados por las calles y el miedo estaba generalizado. Ella me contó que instaba a los ruandeses a no responder a las provocaciones.

Para el día de las elecciones el 9 de agosto, periodistas rwandeses habían sido abatidos a disparos en la calle o se habían visto obligados a exiliarse a Uganda, el ex ministro de Defensa de Ruanda había sobrevivido a un intento de asesinato en Sudáfrica y un profesor de derecho de la Universidad de Dar es-Salaam fue asesinado en la puerta de su casa en Tanzania. Este profesor había representado a un ruandés hutu frente al Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

El 27 de agosto se filtró y se publicó en el periódico Le monde el UN Mapping Report on Human Rights Violations in the Democratic Republic of the Congo, 1993-2003, (Inventario de Violaciones de Derechos Humanos en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003). Este informe incluía pruebas de que las tropas de Kagame habían invadido el Congo y masacrado a cientos de miles de refugiados hutus que habían cruzado la frontera cuando él y su ejército tomaron el poder. Algunos investigadores sostuvieron que este informe podría presentarse como prueba de que se cometió el genocidio en caso de que se acusase a los responsables.

«Victoire quiere que la población hutu y tutsi mantengan una honesta conversación acerca de lo que sufrieron durante el genocidio de 1994 y que ambos sean capaces de recordar a sus muertos».

Furioso debido a la filtración, Kagame se sacó un as de la manga: los cascos azules. Aunque la población de Ruanda es de solo 12 millones de personas, contribuye con el quinto mayor número de cascos azules: 6.352 miembros entre soldados, policía y expertos militares emplazados por todo el continente africano e incluso Haití. Kagame amenazó con retirar estas tropas si el informe se publicaba de manera oficial, por lo que es Secretario General de la ONU Ban Ki Moon viajó desde Nueva York a Rwanda para tratar de tranquilizarlo. Finalmente, el informe se publicó oficialmente el 1 de octubre, pero la Corte Penal Internacional no hizo ningún amago de acusar a Kagame o a los otros oficiales ruandeses por los crímenes cometidos.

El 9 de octubre, tan solo cinco días antes de que la encarcelaran, Victoire sugirió se ampliase la apelación del TPIR para incluir los crímenes de Rwanda en el Congo, pero solo pudo escucharla la pequeña audiencia que he sido capaz de crearle en Estados Unidos y en internet. Victoire había hablado anteriormente con la BBC y la CBC, pero no tras la filtración del Mapping Report, ni cuando la policía militar de Kagame rodeó su domicilio y finalmente la arrestó.

El 14 de octubre de este año se cumplieron 8 de los 15 años de cárcel a los que fue condenada Victoire. Aunque ha sido imposible que hablase con la prensa, escribió un libro: Entre las cuatro paredes de la 1930, un testimonio escrito desde la cárcel.

Mientras continuamos a la espera de que la Corte Africana tome una decisión sobre su apelación, he hablado con jefe Charles A. Taku acerca de su caso y de la Corte. Jefe Taku es el autor de African Court and International Criminal Courts: Discriminatory International Justice and the Questfor a New World Judicial Order, un artículo que se publicó por la editorial Baraka Books en la antología Justice Belied: the Unbalanced Scales of International Criminal Justice.

Ann Garrison: Taku, eres un experto en asuntos jurídicos internacionales y renombrado abogado. También eres un ferviente panafricanista y has elegido identificarte como “jefe Taku”, lo que es sin duda parte de tu identidad africana en Camerún. ¿Qué podrías decirnos sobre esto?

Jefe Charles A. Taku: Muchas gracias por la pregunta. Valoro mi identidad africana más que ninguna de mis otras cualidades. Es la razón por la que soy un apasionado panafricanista. Como jefe, es mi deber conservar, transmitir y proteger los valores y la civilización africana. África es la madre de la raza humana, y la raza humana no puede curarse a menos que lo haga su madre.

AG: Usted ha escrito tres elocuentes ensayos para la antología Justice Belied de la editorial Baraka Books. Los tres tratan sobre la indiferencia de Occidente hacia los Principios de Núremberg, la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo referente a África y el racismo en la Corte Penal Internacional (CPI), que ha perseguido exclusivamente a los africanos.

Recomiendo encarecidamente esos ensayos, así como el resto de la antología, a cualquier persona que esté leyendo esta entrevista. Sin embargo, me gustaría centrarme especialmente en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en la apelación de Victoire Ingabire, que ahora está ante el tribunal. ¿Podría resumir la historia de la Corte Africana?

JT: La Corte Africana es un Tribunal Continental que se fundó de acuerdo con el Artículo 1 del Protocolo a la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos para la creación de la Corte Africana, aprobado en Uagadugú, Burkina Faso, en junio de 1998. Este Protocolo entró en vigor el 25 de enero de 2004. El tribunal complementa y refuerza a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

En junio de 2014, los líderes africanos adoptaron el Protocolo de Malabo, que otorga jurisdicción penal al tribunal. Los panafricanos consideran este acontecimiento un paso importante hacia la liberación de África de los grilletes del imperialismo judicial y del neocolonialismo que establece la CPI.

AG: ¿Quién financia la Corte Africana?

JT: La financian los Estados miembro de la Unión Africana (UA) y los Estados Partes en el tribunal. También recibe financiación de varias fuentes, entre las que se incluyen donantes privados, la Unión Europea y otros donantes internacionales.

«La Unión Europea, las dictaduras de Occidente, las ONG occidentales y las industrias extranjeras de extracción de recursos mantienen actualmente el imperialismo en África.»

AG: ¿Le preocupa que los donantes privados, la Unión Europea y otros donantes internacionales puedan sobornar a la Corte Africana para promover sus propios objetivos?

JT: Me preocupa que se acepte cualquier contribución que pueda empañar la independencia y la integridad del tribunal. África tiene la capacidad de financiar el funcionamiento de las instituciones africanas, pero, como todavía no se ha ganado la soberanía económica de sus inmensos recursos naturales, sigue siendo pobre.

El fantasma criminal de nuestro pasado colonial cuelga sobre el continente como la espada de Damocles. La Unión Europea, las dictaduras de Occidente, las ONG occidentales y las industrias extranjeras de extracción de recursos mantienen actualmente el imperialismo en África. Las instituciones que financian a la Corte Africana son las mismas que financian a aquellos que cometen abusos contra los derechos humanos y que se supone que el tribunal debe llevar ante la justicia.

La mayoría de los africanos no fabrica las armas utilizadas para perpetrar conflictos y crímenes en África. Sudáfrica es el único país africano que cuenta con una industria armamentística. Sin embargo, la proliferación de armas pequeñas en África en violación de los tratados ha sido bien documentada. Me preocupa que aceptar las contribuciones de instituciones y donantes externos pueda desbaratar el interés que tienen el tribunal y el resto del continente por estos crímenes. Ni la CPI ni la Corte Africana ni ningún otro tribunal se ha centrado nunca en estos mercaderes de la muerte para investigarlos y enjuiciarlos.

El tribunal necesita independencia financiera y judicial para establecer su autoridad. Hasta ahora, no tengo pruebas de que haya puesto en peligro su integridad en ninguna resolución en particular, pero debería intensificar la lucha contra la impunidad y la brutalidad de los Estados policiales en África y de sus patrocinadores no africanos.

«Me preocupa que aceptar las contribuciones de instituciones y donantes externos pueda desbaratar el interés del tribunal.»

AG: ¿Podría hablarnos sobre la apelación de Victoire Ingabire ante el tribunal?

JT: Yo era uno de los abogados que, en un principio, iba a defender a Victoire Ingabire. Debido a ciertos problemas logísticos, el 12 de mayo de 2010 se decidió que mi colega estadounidense Peter Erlinder se trasladaría a Ruanda para defenderla. Acordamos que yo le ayudaría con las investigaciones porque es imposible comparecer ante el tribunal en Kigali y realizar las investigaciones necesarias al mismo tiempo.

El 28 de mayo de 2010, Victoire me envió un correo electrónico en el que decía que habían detenido a Peter y lo habían acusado de propagar ideología genocida, y que la asociación de supervivientes del genocidio, Ibuka, había organizado una manifestación pública contra él esa misma mañana. Entonces, mi colega Beth Lyons y yo dedicamos gran parte de nuestro tiempo a movilizar a los abogados de todo el mundo en defensa de Peter hasta que fue liberado.

Cuando Peter fue a la cárcel, Victoire ya estaba bajo arresto domiciliario. Desde el inicio de su caso, se le privó del derecho a un juicio justo que garantiza el Artículo 7 de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos que, entre otras cosas, establece lo siguiente:

«Artículo 7 (1): Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica:
El derecho a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección».

Mientras su abogado estaba en la cárcel, Victoire fue sometida a todo tipo de tiranía judicial y de acoso. El abogado británico Ian Edwards y el ruandés Gatera Gashabana llevaron su caso después de que Peter fuera liberado y se le permitiera salir de Ruanda, pero Victoire fue acusada y condenada en juicios que muchas personas consideran injustos. Su apelación ante la Corte Africana expresa su determinación por ver que el Estado de derecho prevalece sobre la impunidad y todo aquel que crea en el Estado de derecho debería apoyarla.

AG: La página web del tribunal dice lo siguiente:

«En julio de 2017, solo ocho (8) de los treinta (30) Estados Partes en el Protocolo habían declarado la competencia que posee la Corte de recibir casos de ONG e individuos. Los ocho (8) Estados son Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Malawi, Tanzania y Túnez. Los 30 Estados que han ratificado el Protocolo son Argelia, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Comoras, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Kenia, Libia, Lesotho, Malí, Malawi, Mozambique, Mauritania, Mauricio, Nigeria, Níger, Rwanda, República Democrática Árabe Saharaui, Sudáfrica, Senegal, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda».

Dado que los ocho Estados también se encuentran entre esos 30, ¿podría explicar esta distinción?


JT: Esto causa un gran problema. La ambigüedad en el léxico del Protocolo permitió a los 30 Estados alegar que no habían aceptado la jurisdicción del tribunal sobre los casos iniciados por los ciudadanos y las ONG, solo sobre aquellos iniciados por la Comisión Africana y el resto de los Estados que habían ratificado el Protocolo. Por tanto, ocho Estados manifestaron mediante declaraciones formales que habían aceptado la jurisdicción del tribunal en casos iniciados por ciudadanos y ONG.

Soy uno de los dos abogados que llevó un caso ante la Corte Africana para impugnar la ambigüedad del Protocolo. Fui el abogado del demandante en el caso de Atemnkeng contra la Unión Africana, que alegaba que el artículo 34 (6) del Protocolo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos va en contra del Acta Constitutiva de la Unión Africana y de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y, como tal, constituye un obstáculo a la justicia y al Estado de derecho. Favorece la impunidad de los jefes de Estado y los altos funcionarios que cometen abusos contra los derechos humanos y excluye los casos de ciudadanos y ONG. Debería declararse nula y sin efecto, pero, en una decisión dividida ─6 frente a 3─, el tribunal rechazó la solicitud el 15 de marzo de 2013.

AG: Entonces, según la ambigüedad que pervive, la Comisión Africana y los Estados Partes que han ratificado el Protocolo pueden llevar casos ante el tribunal, pero los ciudadanos y las ONG no, a menos que pertenezcan a alguno de los ocho estados que han hecho estas declaraciones formales, ¿no es así?

JT: Sí.

AG: Según la página web, Ruanda no ha hecho ninguna de estas declaraciones, aunque se encuentra entre los 30 Estados africanos que han ratificado el Protocolo. ¿Qué significa esto para la apelación Victoire?

JT: Ruanda hizo una declaración formal, pero la retiró cuando el caso de Victoire se llevó ante el tribunal. Sin embargo, el tribunal decidió que el caso ya estaba pendiente y que Ruanda no podía retirarse con retrospectivamente para privar a la Corte Africana de su competencia.

AG: Caroline Buisman y Gatera Gashabana representan a Victoire. ¿Desempeña usted algún papel en su apelación, ya sea como abogado, como testigo o en cualquier otro concepto?

JT: No. A ella le representan abogados muy competentes a los que yo mismo conozco y respeto.

AG: Me han dicho que el poder judicial rwandés se negó a responder a su petición. ¿Es verdad? Y de ser así, ¿hay alguna posibilidad de que el tribunal dicte una sentencia que anule su condena?

JT: Totalmente. El tribunal puede proceder a examinar la petición y dictar una sentencia sobre el fondo.

AG: También me han dicho que la Corte Africana solicitó al poder judicial rwandés una copia completa del expediente del caso de Victoire, pero le dijeron que les llevaría demasiado tiempo y que su impresión y entrega supondrían un gran gasto de dinero. ¿Es eso cierto? Y de ser así, ¿cómo cree que podría afectar a la decisión del tribunal?

JT: Leí lo mismo en la prensa. Una respuesta por parte de Rwanda que expresa la dificultad de proporcionar al tribunal el expediente del caso de Victoire es una respuesta que el tribunal examinará a fondo. Las razones aducidas responden a cuestiones logísticas y no se pueden interpretar en sí mismas como una negativa a cooperar, y la dificultad expresada se puede superar. El tribunal podría, por ejemplo, proporcionar los recursos y el personal para ir a Kigali a copiar los expedientes.

AG: ¿Considera que los miembros actuales del tribunal garantizan a Victoire una audiencia imparcial?

JT: La Corte Africana tiene un historial de emitir buenos criterios. Estoy seguro de que el tribunal examinará el caso en particular y dictará una sentencia que reforzará la confianza de la población en el Estado de derecho.

AG: Si la Corte Africana anula la condena de Victoire, ¿tiene alguna manera de hacer que se cumpla su sentencia?

JT: Las decisiones del tribunal son legalmente aplicables. Un juez rwandés fue presidente del tribunal y, junto con sus colegas, dictó sentencias que fueron respetadas y ejecutadas.

Ruanda confía en la buena voluntad internacional para ejecutar varias órdenes internacionales que el propio país ha emitido contra ciudadanos ruandeses que viven en varios países. El incumplimiento de la sentencia de la Corte Africana reforzará el argumento común de que las personas que regresen a Rwanda para ser juzgadas estarán viendo violados sus derechos humanos protegidos internacionalmente, ya que nunca tendrán acceso a una justicia justa e imparcial, incluido el derecho a que la Corte Africana revise sus condenas.

AG: Si la Corte Africana anula la condena de Victoire, ¿qué ocurrirá después?

JT: Si se anula la condena, Ruanda tendrá que sacarla de la cárcel inmediatamente. Será ilegal que la retengan por más tiempo. A Ruanda le interesará cumplir sus obligaciones contractuales, por lo que respetará la sentencia del Tribunal Continental de última instancia.

AG: Bueno, sería motivo de celebración.

JT: Desde luego.

AG: En los ensayos que recoges en Justice Belied dejas claro que crees en las posibilidades de la Corte Africana, a pesar de que solo ocho estados africanos han aceptado su jurisdicción en casos presentados por ciudadanos, y solo 30 de 54 han ratificado el Protocolo. ¿Puedes explicar eso?

JT: La recolonización de África a través del derecho internacional es evidente hasta para los más cínicos. El enfoque exclusivo de la CPI en África durante sus quince años de existencia no se puede justificar de forma razonable. Los crímenes más atroces cometidos contra la población africana negra, incluidos la trata de esclavos, la división colonial de África y las matanzas sin sentido recibieron la aprobación judicial del derecho internacional.

Durante la Conferencia de Berlín de 1884, Europa dibujó mapas y dividió África entre las potencias colonizadoras, especialmente entre Reino Unido y Francia. Unos años más tarde, en 1898, los responsables de esa empresa criminal celebraron la primera Conferencia de Paz de la Haya. En 1907 celebraron la segunda, después, en 1921, crearon la Sociedad de Naciones y en 1945, las Naciones Unidas. Sin embargo, los tratados multilaterales firmados no protegían a la población africana negra. Todavía éramos propiedades europeas.

Por eso, para mí, cualquier intento africano por afirmar su soberanía en el derecho internacional merece apoyo.

AG: ¿Le gustaría decir algo más?

JT: Muchas gracias por darme la oportunidad de aportar estas modestas respuestas a sus preguntas. Esperemos que podamos continuar con este debate cuando el tiempo lo permita.

Ann Garrison, colaboradora de BAR

El Jefe Charles A. Taku es jurista, abogado de derecho penal internacional y panafricano de Camerún. Actualmente trabaja en La Haya.
Ann Garrison es una periodista independiente con sede en el Área de la Bahía de San Francisco. En 2014 recibió el Premio VictoireIngabireUmuhozaDemocracy and Peace por su reportaje sobre el conflicto en la región de los Grandes Lagos de África. Puede contactar con ella a través del correo electrónico ann@kpfa.org.

Fuente: Black Agenda Report, Judicial Sovereignty: Victoire Ingabire and the African Court, publicado el 8 de noviembre de 2017.

Traducido para UMOYA por Gabriela Hernando Barrios, Ana Olarte de Santiago y Esther Ugarte Aceituno (Universidad de Salamanca).

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