Burundi sale de la CPI: entrevista con David Paul Jacobs

El año pasado, la Unión Africana resistió la presión occidental para intervenir militarmente en Burundi. El 26 de octubre, Burundi salió oficialmente de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sin ser acusado. Al día siguiente, el Movimiento de Países No Alineados, formado por 120 países, rechazó el informe de la Comisión de Investigación de la ONU que acusaba a Burundi de cometer delitos contra los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. Es una buena lista de logros antimperiales para un pequeño país de África Oriental que siempre ha estado entre los 10 más pobres del mundo.

Burundi es el primer país africano que ha salido de la jurisdicción de la CPI. Estados Unidos, Rusia, China e Israel tampoco han aceptado nunca esta jurisdicción, que ha condenado casi exclusivamente a africanos. En 2011, la CPI condenó al presidente libio Muammar Gaddafi por presuntos delitos contra los derechos humanos y emitió una orden de detención que formó parte del caso de la OTAN para bombardear Libia. Otros países africanos han anunciado que también planean salir de la CPI, pero todavía no han presentado el aviso oficial.

Los poderes occidentales, las ONG y la prensa han acusado a Burundi de abusos contra los derechos humanos dentro de sus propias fronteras, pero no de invadir otro país. Le pedí al abogado canadiense David Paul Jacobs, experto en derecho internacional, que contextualizara esta distinción.

David Paul Jacobs: El contexto es que ninguno de los tribunales penales internacionales ad hoc que surgieron tras el fin de la Guerra Fría tenía poder para condenar a ningún Estado o partido por delito de agresión. En este caso, esto es muy importante, ya que Burundi ha asegurado de manera muy creíble que agentes de la vecina Ruanda han atacado el país, pero que posteriormente han vuelto a Ruanda, donde tienen protección estatal.

En la CPI, Ruanda es completamente inmune a la condena de un delito de agresión contra Burundi. El problema es que, sin un mecanismo que juzgue los delitos de agresión, lo único que queda es simplemente violencia y problemas que se desarrollan dentro de un Estado sin su contexto. El hecho de que la violencia y los problemas dentro de un Estado puedan verse provocados por la agresión de otro Estado está fuera del ámbito de la Corte.

«Burundi ha asegurado de manera muy creíble que agentes de la vecina Ruanda han atacado el país, pero que posteriormente han vuelto a Ruanda».

Para comprender esto, es necesario retroceder en el tiempo para ver cuál debería ser nuestra piedra angular para entender el derecho internacional: el Tribunal de Núremberg, cuya famosa declaración decía que:

«La guerra es esencialmente un acto malvado y sus consecuencias no se limitan únicamente a los Estados beligerantes, sino que afectan a todo el mundo. Por tanto, comenzar una guerra de agresión no es solo un crimen internacional, sino también un crimen supremo internacional que solo se diferencia de los demás crímenes de guerra en que contiene el mal acumulado de todos».

En los Principios de Núremberg redactados tras la Segunda Guerra Mundial hay tres tipos de crímenes de guerra. Uno de ellos es el crimen contra la paz, que está iniciando una guerra de agresión o una guerra en contra de los tratados internacionales. Los otros dos crímenes subordinados son crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, pero son solo esos dos los que la Corte Penal Internacional, o cualquier otro tribunal penal internacional, tiene el poder de juzgar. Los Estados muy poderosos pueden acusar a otros Estados de estos dos delitos cuando quieren comenzar un «cambio de régimen» y, de hecho, lo hacen. Así, los Estados agresores como Ruanda o Estados Unidos pueden librar una guerra contra otros con impunidad ante la CPI, como ha hecho Ruanda en Burundi y en la República Democrática del Congo; o Estados Unidos en Yugoslavia, Libia, Siria, etc. Estos Estados agresores recurren a los tribunales penales internacionales para que condenen a los líderes de los Estados que son su objetivo y, después, los tribunales se convierten en cómplices del crimen de guerra supremo internacional, que es el crimen de agresión, también conocido como crimen contra la paz.

«Los Estados agresores como Ruanda o Estados Unidos pueden librar una guerra contra otros con impunidad ante la CPI»

Ann Garrison: Entonces, si un ejército invade otro país, incluso con fuerzas armadas, cazabombarderos, drones, y el otro país captura y tortura varios soldados invasores, la tortura sería un crimen que la CPI podría procesar, pero no así la invasión.

DPJ: Sí, en la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, la invasión es en realidad una guerra de agresión sometida a un proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que fue creada por la Carta de las Naciones Unidas y que codificó los Principios de Núremberg redactados tras la Segunda Guerra Mundial. La CIJ juzgó a Estados Unidos por apoyar a los terroristas contrarrevolucionarios de Nicaragua y Estados Unidos alegó que se trataba de una intervención humanitaria. La CIJ respondió que el derecho internacional no reconoce la legalidad de ninguna intervención así y declaró a este país responsable de esos actos ilegales, pero, por supuesto, Estados Unidos lo ignoró.

Los Principios de Núremberg, la Carta de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia precedieron a los tribunales penales internacionales, lo que debilitó las leyes que codificaron. La llamada «responsabilidad de proteger» debilitó el derecho internacional aún más e hizo del mundo un lugar muy peligroso.

AG: Algunos africanos, entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, han afirmado que, a pesar de los defectos de la CPI, debería seguir existiendo con la esperanza de que se pueda reformar. Esto se debe a que los africanos que viven en una dictadura no tienen ninguna otra protección legal contra el abuso de los derechos humanos por parte de sus propios líderes. ¿Qué opina sobre esto?

DPJ: Supongo que pocos africanos lo afirman. Burundi es el primer país que ha salido formalmente de la CPI, pero no el primero que se queja de ella. La salida de Sudáfrica parece estar en espera en este momento debido a problemas técnicos. El Viceministro de Justicia de Sudáfrica escribió lo siguiente:

«La Corte Penal Internacional no es el tribunal que firmamos. Se ha desviado de su mandato y se permite estar influenciado por poderosos Estados no miembros. Firmamos por un tribunal que responsabilizaría a los seres humanos por sus crímenes de guerra sin importar de dónde fueran. Nos damos cuenta de que se está convirtiendo en un instrumento de poder para estos Estados. Vemos que no tenemos que someternos a la persecución de los líderes africanos y a sus objetivos para cambiar el régimen del continente. Dada la historia colonial del mismo, el problema es evidente».

La cuestión es, evidentemente, la naturaleza selectiva de las condenas anteriores a la CPI. Nadie se puede fiar de que la CPI vaya a castigar lo que usted describió como dictadores que violan los derechos humanos en su propio país. Solo hay que ver ejemplos como el del presidente de Ruanda, Kagame, a quien se considera por lo general que dirige una dictadura sanguinaria. No solo eso, sino que también es culpable de violar la soberanía de la República Democrática del Congo. Como sabe, la ONU ha afirmado que las fuerzas ruandesas son responsables de la muerte de millones de personas, literalmente. ¿Cómo juzgamos eso? Podemos decirle «Bueno, vale» a Kagame, quien cuenta con la inmunidad absoluta, al igual que los sucesivos presidentes de Estados Unidos y Primeros Ministros de Gran Bretaña, quienes son cómplices de las guerras ilegales y de la muerte de cientos de miles de personas en lugares como Iraq, Siria, Libia y la lista podría seguir.

«La llamada “responsabilidad de proteger” debilitó el derecho internacional e hizo del mundo un lugar muy peligroso»

AG: Pero todavía hay africanos que piensan que la CPI podría cambiar. Un autor congoleño me dijo esta semana que esperaba que la CPI sobreviviera y se reformara porque los africanos no tienen dónde recurrir si viven en una dictadura sin un sistema judicial que les pueda ofrecer protección legal. Todo ello a pesar de que Estados Unidos y sus aliados occidentales han puesto ahí a muchos de estos dictadores.

DPJ: Me parece quijotesco confiar en un tribunal con raíces coloniales y una condena selectiva que castiga a sus propios líderes. Para ser justo, un tribunal así tendría que castigar las violaciones de la soberanía, lo que no hace la CPI. A fin de cuentas, uno de los grandes sucesos que ocurrieron al final de la Segunda Guerra Mundial fue la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas para prevenir futuras guerras. En ella se declaraba que todos los países del mundo eran soberanos e iguales. La idea de que un poder soberano aparte tiene el poder de la vida y la muerte sobre tu país y tu pueblo, sean los militares estadounidenses o un tribunal, viola esos principios. Otra de las razones en contra de la CPI es que la Unión Africana intenta crear un tribunal internacional del que todos los países africanos formarán parte.

AG: Esa es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que tiene en proceso la apelación de Victoire Ingabire por su condena a 15 años en Ruanda, ¿verdad?

DPJ: Sí.

Ann Garrison

Colaboradora del BAR (Black Agenda Report).

David Paul Jacobs es abogado y experto en derecho internacional. Actualmente ejerce en Toronto.

Fuente: Black Agenda Report, Burundi Exits the ICC: an interview with David Paul Jacobs, publicado el 1 de noviembre de 2017.

Traducido para UMOYA por Ana Olarte de Santiago (Universidad de Salamanca)

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