INFORMANDO ACERCA DE LA LUCHA POR LA VERDAD: RUANDA Y LA BBC

Filip Reyntjens*

  1. *Filip Reyntjens (filip.reyntjens@uantwerp.be) es profesor de Derecho y Políticas en el Instituto de Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Amberes.

NO ES HABITUAL QUE LOS GOBIERNOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE LLEVEN muy bien, sobre todo cuando la prensa desafía ciertas posiciones políticas clave. Desde luego, ese no es el caso de Ruanda, en el que la gestión de la información y de la comunicación es una importante arma política que utiliza el Frente Patriótico Ruandés (FPR) para proteger el poder que ostenta.

 

El FPR ha desarrollado una historia coherente y detallada en el pasado, presente y futuro de su país y de sus ciudadanos, y vigilar cuidadosamente esta «verdad» es el ingrediente fundamental de su estrategia política. A nivel local, el gobierno sigue controlándolo todo con la legislación del «divisionismo» y de la «ideología del genocidio», así como con la represión que relega cualquier visión alternativa a lo que se puede denominar el «discurso oculto».1 Se han eliminado los medios de comunicación independientes y las críticas organizaciones civiles. A nivel internacional, la historia se protege con el crédito del genocidio que el régimen aprovecha para explotar y con el enfrentamiento sistemático y en ocasiones agresivo entre ciertos desafíos y la «verdad», a través de afirmaciones del gobierno o con los activistas de los grupos de presión extranjeros. 2 Además, también se beneficia de la adherencia ruandesa a las políticas económicas neoliberales y a su contribución a las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

El 1 de octubre de 2014, la British Broadcasting Corporation (BBC) emitió un documental televisivo llamado Rwanda’s Untold Story (en español, Ruanda, la historia jamás contada) (BBC2). Este documental mostraba una versión completamente diferente a la historia que cuenta el FPR; una versión que cuestionaba sus credenciales democráticas y su historial de derechos humanos. El programa clamaba que el FPR había masacrado a civiles hutus tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo/Zaïre, y que había quedado impune por todos esos delitos. También afirmaba que había estado involucrado en el saqueo a gran escala de los recursos naturales congoleños, que sus brigadas de la muerte habían amenazado y asesinado a opositores residentes en el extranjero, que el FPR era responsable del ataque al avión del presidente Habyarimana (el acto que desencadenó el genocidio) y que el número de civiles tutsis asesinados durante el genocidio era mucho menor de lo que había sido comúnmente aceptado (y defendido por el FPR). El documental sugería incluso que podrían haber muerto más hutus que tutsis en 1994.

Así como el FPR se ve a sí mismo como el único guardián de la verdad, el documental fue considerado en Kigali como muy amenazador y como «una transgresión, una invasión de los límites de la competencia “narrativa”… La BBC se otorgó a sí misma una “jurisdicción”3». De hecho, el régimen considera que la producción del conocimiento es un aspecto clave de su soberanía (internacional).4

No es que la historia no hubiese sido contada, sino que más bien se expuso solo en los círculos académicos actuales.5 Sin embargo, el hecho de que una influyente y respetada cadena de televisión haya diseminado la historia y de que una gran audiencia la haya visto ha hecho que se convierta en un caso importante. En el contexto tan polarizado de los asuntos ruandeses, era de esperar que el documental causase mucha controversia; y así fue, incluyendo acalorados e intensos debates en Twitter y Facebook, amén de declaraciones en contra y a favor de la emisión del programa por parte de las organizaciones y comentaristas individuales. Los argumentos eran predecibles: los que criticaban o se oponían al régimen ruandés aplaudieron la emisión, mientras que los que apoyan al régimen atacaron vehementemente a la BBC. Yo mismo fui entrevistado para el programa, pero en ningún caso estuve involucrado en su producción. He intentado ver el documental con una postura analítica y no estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho o insinuado. No obstante, algunas de las partes del programa se corresponden con el análisis que yo mismo hice en Political governance in post-genocide Rwanda y con los trabajos de otros estudiosos. Hasta este punto, el documental sí refleja algunos de los debates más extensos que se llevan a cabo dentro de la propia academia.

Este informe analiza lo que estaba fundamentalmente en peligro en la lucha entre el gobierno ruandés y la BBC, así como las estrategias que se llevaron a cabo. Ambos actores vieron cómo estos problemas podían sentar un importante precedente. Para el FPR, la protección de los aspectos clave de su historia es esencial para mantener la legitimidad a nivel local e internacional, así como también para indicar que son los únicos que establecen la «verdad» y que no aceptan desafíos en este campo. La BBC, por su parte, también tenía que proteger un valor que considera esencial y que es, en sus propias palabras, «nuestro derecho a producir el periodismo independiente que nos ha convertido en la fuente de noticias más fiable del mundo».

Reacciones iniciales

Hubo cuatro tipos de reacciones al documental: la del gobierno ruandés, que se oponía al programa; la de los opositores ruandeses en el extranjero, que lo apoyaron; la de los no ruandeses que criticaban el programa; y la de los no ruandeses que lo defendieron.

Los titulares del periódico basado en Kigali y relacionado con el FPR, The New Times, resumieron la reacción del gobierno bastante bien, como podemos ver en algunos ejemplos del mes de octubre de 2014: «Editorial: el documental de la BBC sobre el genocidio supone una afrenta a los supervivientes» (5 de octubre del 2014); «Descubriendo las mentiras del documental de la BBC acerca del genocidio de 1994» (8 de octubre del 2014); «Domando a la cadena de noticias británica» (12 de octubre del 2014); «Una historia de dos genocidios y el pobre intento de revisionismo» (14 de octubre del 2014)6; «La sociedad civil quiere acción firme contra la película revisionista de la BBC», «La máscara inhumana que se esconde tras el periodista de la BBC» (ambas del 18 de octubre de 2014); «Ruanda: la historia irreal que creó la BBC» (22 de octubre de 2014); «La historia no contada de la BBC: normalizar la victimización de la gente», «La indiferencia y la ingenuidad de la gestión de la BBC nos han llevado hasta este punto» y «La imagen de Ruanda se encuentra bajo ataque extranjero» (las tres del 27 de octubre de 2014). En una reunión con el Parlamento, el presidente Kagame acusó a la BBC de «negación del genocidio» y de «perjudicar a los ruandeses, deshumanizándolos». También comentó que la película expresaba el «cinismo al más alto nivel» y comparó a la BBC con la infame Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) que incitaba al genocidio en 1994.7 La ministra de Exteriores, Louise Mushikiwabo, avisó de que Ruanda reaccionaría «con la misma fuerza que la ofensa que el país, su liderazgo y su pueblo habían recibido».8

Durante la segunda mitad de octubre se organizaron manifestaciones antiBBC9 y los legisladores pidieron al gobierno que suspendiese el servicio de emisión de la cadena en el país.10 El mismo día, la Autoridad Reguladora de Servicios de Utilidad de Ruanda (RURA, por sus siglas en inglés) suspendió el servicio de BBC Kinyarwanda y acusó a la cadena de intentar «reescribir la historia de Ruanda y de promover la agenda de negación del genocidio»11, mostrando así que la lucha trata del «poder sobre la memoria»12. Cuando Fred Muvunyi, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de Ruanda, desafió la decisión de la Autoridad Regulatoria de Servicios de Utilidad en términos legales, fue atacado por los medios de comunicación del régimen13 y, con unos tuits anónimos, Reporteros Sin Fronteras denunció una «campaña de intimidación»14 que le obligó a dimitir de su cargo y huir del país medio año después15. En público, ni una sola voz se alzó en Ruanda para defender a la BBC y el servicio de BBC Kinyarwanda fue prohibido indefinidamente a finales del mes de mayo de 2015. 16

Obviamente, los oponentes de Kagame en el exilio defendieron a la BBC. El 5 de octubre de 2014, un grupo de secciones británicas de las organizaciones civiles y de los partidos políticos de Ruanda escribieron al director general de la BBC, Tony Hall, para decirle que el documental era «una poderosa contribución al debate público» y que animaba «al entendimiento del genocidio y otras atrocidades».17 Al día siguiente, la Campaña Global por los Derecho Humanos de los Ruandeses, con base en Reino Unido, afirmó que la BBC «había permitido que comenzase un debate que enriquecería el conocimiento ruandés necesario para desarrollar un entorno pacífico y democrático».18 En otra misiva enviada a Hall el 14 de octubre, el líder del Congreso Nacional de Ruanda, Theogene Rudasingwa, expresó su «más profunda gratitud a la BBC por la valiente iniciativa de producir y emitir el documental», añadiendo que «ha respondido a la necesidad insatisfecha de diálogo y debate en la sociedad ruandesa contemporánea».19 Un antiguo ministro de Exteriores que sirvió bajo el estandarte de las FPR escribió para «felicitar a la BBC por su imparcialidad y su profesionalidad en el documental».20 Y Además de estas, llegaron muchas otras cartas para apoyar a la BBC en esos mismos términos.

Los observadores extranjeros de Ruanda también intervinieron en el debate. Dos textos críticos con la BBC ofrecen ejemplos de análisis coherentes y bien articulados del documental. En un artículo publicado en la web internacional de debates OpenDemocracy el 6 de octubre, Andrew Wallis afirmaba que «el constante hilo a través de la película de una hora era el deseo de denigrar a Kagame, con una lista de ocho sempiternos enemigos del líder ruandés. No había equilibrio, ni se intentaba analizar en profundidad o entender la historia que llevó a Ruanda a los acontecimientos de 1994». En esencia, desafiaba al programa con el número de víctimas tutsis del genocidio, el ataque al avión de Habyarimana, la vinculación de Ruanda en la República Democrática del Congo y otros temas que presentaba de una forma que se acercaba a la visión del FPR.21

También se envió una carta abierta escrita por 38 académicos, científicos, investigadores, periodistas e historiadores y dirigida por la escritora y periodista Linda Melvern al director general de la BBC el 12 de octubre. En ella, se expresaba su «profunda preocupación por el contenido del documental… especialmente la cobertura del genocidio de los tutsis de 1994». Los escritores afirmaban que las partes de la película que se referían al genocidio contenían viejas afirmaciones de los negacionistas: «El programa de la BBC llamado Ruanda, la historia jamás contada recicla sus argumentos y les proporciona otra plataforma para crear duda y confusión acerca de lo que realmente ocurrió». En concreto, tres de las afirmaciones «indefendibles» que se hicieron en el programa les parecieron «extremadamente preocupantes»: la verdadera naturaleza de la milicia extremista Hutu Power, el intento de minimizar el número de tutsis asesinados durante el genocidio y culpar el derribo del avión presidencial al FPR. «Al emitir este documental, la BBC ha sido imprudentemente irresponsable. El programa ha alimentado la negación del genocidio; ha envalentonado a los génocidaires, a sus defensores y a aquellos que colaboraron con ellos, les ha proporcionado la legitimidad de la BBC».22

No obstante, otros comentaristas extranjeros intervinieron desde la visión opuesta. El escritor Justin Podur salió a defender a la BBC, afirmando que el documental no negaba el genocidio y criticó a los «38» por hacer exactamente lo que ellos decían que hacía la BBC: «Si las víctimas del FPR no cuentan, como parece ser para estos escritores, entonces, ¿qué es eso, si no negación? […] Más que una carta acerca de la “negación del genocidio”, estos autores habrían sido mucho más sinceros si hubiesen escrito un manifiesto de apoyo incondicional al dictador ruandés».23 Los profesores Davenport (Michigan) y Stam (Virginia), atacados por la reducida estimación de víctimas tutsis que exponía el documental, afirmaron que ellos habían identificado «rangos (estimaciones con +/- error)» más que «simples números». Con la información disponible, «el tipo de estimación que proporcionamos sigue las mejores prácticas actualmente disponibles dentro de las ciencias sociales».24 En respuesta a los «38», Edward Herman y David Peterson, el primero, un profesor emérito, y el segundo, un periodista independiente, apoyaron firmemente al documental y defendieron que sus críticos «tendían a calumniar y a tergiversar directamente». Herman y Peterson solo comentaron el problema del «uso inexacto y amplio del término «genocidio» y, flirteando con la negación, se refieren al genocidio como «la exterminación voluntaria y planificada de la minoría tutsi ruandesa».25

Yo mismo comparto algunas de las preocupaciones de Andrew Wallis, sobre todo acerca del número de tutsis asesinados durante el genocidio, pero también he mostrado que Wallis no consigue fundamentar sus puntos de vista en referencia al derribo del avión de Habyarimana y el asesinato masivo de refugiados, por parte del FPR, en la entonces llamada Zaïre (ahora República Democrática del Congo), un delito que minimiza con toda seriedad. 26 Con respecto a la carta abierta de los «38», su refutación de dos de las tres afirmaciones que denominan «indefendibles» se basa en una lectura sesgada y selectiva de las pruebas disponibles. A mí también me preocupa el uso que se le da y que se la dará a la película, pero «eso no es una razón legítima para atacar injustamente a la BBC y a los productores del programa».27

Comisiones de investigación

En la controversia, se llevaron a cabo dos investigaciones formales. La primera se realizó en Ruanda, donde el régimen utilizó una estrategia similar a la que ya usó en el pasado cuando se sintió amenazado, es decir, la creación de una supuesta comisión de investigación «independiente» que tendría que proporcionarle una fachada de objetividad al punto de vista del gobierno. En 2007, la comisión Mucyo «demostró» la implicación de Francia en el genocidio y liberó al FPR de toda responsabilidad en esa tragedia.28 En 2009, el comité Mutsinzi «expuso» que el avión presidencial había sido derribado por extremistas hutu y exculpó al FPR.29 El 3 de noviembre de 2014, la RURA estableció una comisión de cinco miembros, liderados por el ex fiscal general Martin Ngoga, para investigar las acusaciones contra la BBC.

Evidentemente, se realizaron muchas preguntas acerca de la independencia de la comisión: «Los miembros de esta comisión fueron designados por una institución gubernamental y conocemos la posición del gobierno en este caso. Dudo de la independencia de la comisión», decía un periodista local que no quiso desvelar su nombre.30 Y toda esta preocupación surge de la selección de las personas que escuchó la comisión. Parece que todas ellas condenaron el documental,31 afirmaron que suponía negación del genocidio y recomendaron sanciones en contra de la BBC y del periodista y productor del programa. Los extranjeros escuchados por la comisión incluyen al investigador ugandés, Frederick Golooba-Mutebi; Hazel Cameron, de la Universidad de St. Andrews; Phil Clark, de la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Londres; y Richard Mgamba, gerente editorial del periódico de Tanzania, The Citizen. Todos ellos siguieron cuidadosamente la línea del régimen32 y Cameron afirmó que la BBC «había sido engañada por aquellos que querían sabotear el proceso de paz en Ruanda en favor de su propia agenda política».33

Al darme cuenta de la naturaleza parcial de los procedimientos, al haber participado en el propio documental y al haber sido mencionado en varias ocasiones durante las audiencias, el 26 de noviembre escribí a Ngoga, ofreciéndome para que me escuchase la comisión. A pesar de mi insistencia de que «esperaba que la comisión evitase aquello por lo que se culpaba a la BBC, es decir, escuchar solo una parte de la historia», rechazaron mi oferta.34 Por su parte, la BBC afirmó que no aparecería, ya que había comenzado su propia investigación.

El informe ruandés35 se hizo público el 28 de febrero de 2015 y, al mostrar que habían realizado una lectura sesgada y selectiva de las pruebas acerca de todo lo que se trataba en el documental, el comité que los hechos que defendía la versión del gobierno ruandés estaban bien fundamentados, mientras que el resto eran falsos. También defendía que «los individuos que se oponían al gobierno ruandés o aquellos que lo criticaban habían recibido mucho más tiempo durante la emisión que aquellos que pensaban diferente, que habían sido completamente ignorados»,36 pero no comentó que los oficiales ruandeses que habían sido invitados a ofrecer su punto de vista decidieron no hacerlo. Tampoco mostró, lógicamente, que el comité había rechazado escuchar otros puntos de vista que fuesen contrarios a las premisas sobre las que se fundamentaba el informe. Por tanto, no sorprende a nadie que el comité haya concluido con la teoría de que el documental contenía «afirmaciones y aserciones problemáticas» que violaban «la ley ruandesa y las propias directrices éticas y limitaciones de la libertad de prensa de la BBC». Asimismo, decidió que «el documental había minimizado y negado el genocidio» y que «las transgresiones se consideraban deliberadas».37 El comité recomendó «iniciar un proceso criminal y civil para tratar con las delitos identificados». Para proteger su versión de la «verdad», también concluyó afirmando que «el gobierno de Ruanda debería establecer una estrategia de comunicación nacional cohesiva y efectiva como instrumento permanente para seguir, identificar y enfrentarse a las manifestaciones de negación del genocidio en todas sus formas allá donde fuesen detectadas, así como expandir los valores de interés nacional».38

Al igual que las investigaciones de Mucyo y de Mutsinzi, la comisión de Ngoga fue un ritual que pretendía proteger la «verdad» del régimen, más que intentar encontrar hechos. Reporteros Sin Fronteras ha declarado que las recomendaciones son «impactantes»: «Estamos horrorizados por las desproporcionadas recomendaciones de la comisión de investigación. Al intentar censurar a la BBC e imponer una versión unilateral de la historia que no admite debate, la comisión está violando la libertad de prensa y de expresión».39 Un portavoz de la BBC también expresó la decepción de la cadena ante los hallazgos: «Nos atenemos a nuestro derecho a producir el periodismo independiente que nos ha convertido en la fuente de noticias más fiable del mundo. […] Rechazamos firmemente cualquier propuesta que afirme que alguna parte del documenta constituye negación del genocidio».40

La segunda investigación, que llevó a cabo la BBC, extraía unas conclusiones distintas. Aunque el director general de la BBC recibió muchas cartas a favor y en contra del documental, una queja —la del «38»— fue la que se le hizo llegar a la Unidad de Quejas Editoriales de la emisora. Esto solo ocurre cuando los que se quejan no quedan satisfechos con la respuesta que reciben y siguen creyendo que se han infringido los estándares editoriales de la BBC. La Unidad emitió un descubrimiento provisional el 6 de febrero de 2015 que abordaba los problemas de negar el genocidio, el número de interahamwe, el número de víctimas tutsis, el ataque del avión y el papel del FPR a la hora de poner fin a la situación. Además, insistía en el hecho de que el programa se había presentado claramente como una forma de ofrecer una perspectiva distinta que pondría en duda la historia ya aceptada. En otras palabras, la investigación descubrió que mientras que mostraba datos controvertidos sobre los problemas que comentaban los demandantes, el documental «no sugería en ningún momento que el genocidio no hubiese ocurrido». Sobre el número de interahamwe y de tutsis asesinados, la Unidad afirmó que se habían barajado muchas cifras y que no había ningún consenso universal de números concretos. La cifra tan controvertida que propusieron Stam y Davenport «se presentó con advertencias adecuadas y un balance de información que dejaba claro que los descubrimientos contradecían las conclusiones a las que habían llegado otros investigadores —incluyendo el gobierno de Ruanda». Lo mismo ocurrió con los debates del ataque al avión del presidente y el papel del FPR a la hora de poner fin al genocidio. La Unidad concluyó que el documental no daba a entender lo que sugerían las quejas, sino que mostraba que «la historia era incluso más compleja de lo que muchos podrían creer».

Los demandantes reaccionaron a los descubrimientos provisionales el 16 de marzo. Básicamente lo que hicieron fue replantear su caso, postular argumentos adicionales e intentar mostrar precisamente dónde y cómo se podía considerar que el documental violaba las propias directrices editoriales de la BBC. Los demandantes sugerían que la BBC se había puesto de parte de los génocidaires y sus partidarios al desafiar la «historia oficial». Afirmaron, por ejemplo, que «el ECU sostiene que estas cifras tan “controvertidas” aparecen en un contexto de “un debate de un gran número de perspectivas con muchas interpretaciones diferentes de datos”. Pero no hay ningún debate».41 Sin embargo, hay un debate: por ejemplo, las cifras sobre el número de personas asesinadas y su etnicidad son meras aproximaciones y no existe ningún consenso académico al respecto. Se ha «demostrado» que una gran parte de las afirmaciones de los demandantes se había probado de manera concluyente en un sentido científico. Aquí incluimos problemas clave como el del ataque al avión o el de si el FPR se había sentido motivado principalmente por el fin del genocidio o la victoria de la guerra.

La Unidad de Quejas Editoriales emitió su descubrimiento final el 31 de marzo. Repetía en él que las referencias a la versión «oficial» no la descartaban y que teniendo en cuenta que podían existir otras explicaciones, y al desafiar la versión del gobierno ruandés, no se engañaba a la audiencia. También recalcaba que el programa no apoyaba ni fomentaba ninguna de las tres formas de negación del genocidio que planteaban los demandantes. La declaración central del descubrimiento del informe concluía que reflexionar sobre los crímenes cometidos por los tutsis no absuelve a los hutus culpables de los actos de genocidio, como tampoco lo hacía el presentar teorías controvertidas (que las identificaban claramente como tal) sobre el número y la etnicidad de los fallecidos; del mismo modo, tampoco afirma que el genocidio contra los tutsis no ocurriera ni le quita importancia. El anexo de la queja parece proponer una idea de «negación del genocidio» ya que abarca todo lo que cuestione la versión «correcta», la conclusión lógica que extraemos es que sólo puede existir una versión de los acontecimientos que sea universalmente aceptada 42.

Además, ofrece una evaluación clara de la forma en la que la lucha por la «verdad» es algo que ha controlado el FPR y todos los que respaldaban su versión. La Unidad concluyó que no había ofrecido razones suficientes para volver sobre su descubrimiento inicial y pidió a los querellantes que se remitiesen a la Comisión de Estándares Editoriales del Fondo Fiduciario de la BBC si querían continuar con este asunto. La apelación sigue pendiente en el momento en el que se redacta este artículo.

Las reacciones en Kigali fueron predecibles. Martin Ngoga argumentaba que el resultado de la investigación de la BBC reforzaba más que debilitaba las conclusiones de la comisión, ya que «los descubrimientos de la BBC enfatizan la solidaridad institucional tras un error fundamental. Eliminaban el beneficio de la duda».43 Un editorial del periódico The New Times acusaba a los «matones despiadados que seguían mal informando y manipulando a las audiencias de todo el mundo sin que estas lo sospechasen» y afirmó que la «BBC es una de esas instituciones que ha proporcionado generosamente una plataforma para los que teorizan sobre conspiraciones motivados por la maldad». 44 El Director General de la Agencia de Radiodifusión de Ruanda dijo que el resultado de la investigación de la BBC no les sorprendía, puesto que la corporación había actuado como fiscal, defensor y juez (no comentó que la comisión Ngoga actuase como fiscal, víctima y juez). Concluyó que el descubrimiento de la Unidad de Quejas Editoriales «era un movimiento deliberado para ocultar el grueso de una acusación o una crítica directa a su capacidad para interpretar su propia carta editorial». 45 Estas afirmaciones no reflejaban la historia de la Unidad, que en realidad tiende a respaldar a los querellantes. Desde principios de 2015, de un total de 15 quejas, admitieron siete, otra de manera parcial y resolvieron otras siete.46

Conclusión

Mientras que el gobierno de Ruanda empleó la acusación de «negación del genocidio» en su desacuerdo con la BBC, ese no era el problema principal de su lucha por la verdad. El documental no niega el genocidio, sino que lo rememora con firmeza. Podríamos decir más bien que se trataba de una lucha por otros aspectos de la historia potencialmente dañinos para el FPR: sus débiles credenciales democráticas; los extendidos asesinatos de civiles durante y después del genocidio tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo, y su impunidad por dichos crímenes; la operación de sus brigadas de la muerte en el extranjero; su papel a la hora de incitar el genocidio al echar abajo el avión presidencial; el hecho de haber buscado la victoria militar a costa de salvar a los tutsis; el apoyo que recibió de poderosos amigos como Tony Blair y Bill Clinton. Estos son los aspectos de la historia con los que la BBC desafiaba la narrativa del FPR con pruebas empíricas y donde se puede hacer un caso convincente contra el FPR. La negación del genocidio se encuentra solo en sectores marginales que carecen de credibilidad internacional. Al sentir el peligro, el FPR buscó la forma de cuestionar la credibilidad de la BBC, en lugar de meterse en un rebatimiento arriesgado basado en los hechos de esta contra-narrativa.

Pero esta lucha también nos plantea ciertas preguntas que van más allá de Ruanda y la BBC. La principal, que se encuentra en el centro de toda controversia, es sobre quién posee la construcción de conocimiento y si esa propiedad forma parte de la soberanía nacional. El control de la «verdad» no puede ni debería encontrarse en los gobiernos nacionales en la era mundial de la información y la comunicación, la responsabilidad para proteger, y la justicia penal internacional. Sin embargo, muchas voces de Ruanda —aunque probablemente no las que tienen prohibido expresarse en público— se han mostrado claramente afectadas por el espectro de un medio de comunicación poderoso e internacional que se inmiscuía en su «verdad», aunque esa «verdad» sea controvertible por los propios hechos. Que muchos de los que los atacaron no impugnen a dichos medios de comunicación indica que la cobertura que propusieron puede tener un efecto liberador que crea un espacio para el debate en lugares en los que no suele haberlos. En otras palabras, la verdad no es el territorio exclusivo de nadie, sino que se debería intercambiar y refutar de manera constante.

Notas a pie de página

Fuente: http://afraf.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/11/afraf.adv042.full?keytype=ref&ijkey=HqGnOvztADsoIAd

Traducción de: Miguel Borrajo González y Raquel de Pazos Castro

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