Ruanda: pena de ocho años de cárcel para una dirigente de la oposición

Victoire Ingabire ha sido declarada culpable de dos cargos tras un juicio marcado por las irregularidades

(Nairobi, 30 de octubre de 2012) – El 30 de octubre de 2012 se declaró culpable a Victoire Ingabire. Finaliza así el proceso judicial contra esta dirigente del partido de la oposición, un proceso que, tal y como ha declarado hoy Human Rights Watch, ha estado marcado por las irregularidades y por los cargos de carácter político. El Tribunal Superior de Kigali la ha declarado culpable de por conspiración contra el poder establecido y por negación del genocidio y la ha condenado a ocho años de cárcel.

Victoire Ingabire, presidenta de las FDU Inkingi (Fuerzas Democráticas Unificadas), un partido de la oposición, fue detenida en la capital ruandesa de Kigali el 14 de octubre de 2010 e inculpada de seis cargos. Tres estaban relacionados con «atentados terroristas»: creación de un grupo armado, complicidad en atentados terroristas y complicidad en atentados contra la seguridad del Estado haciendo uso del terrorismo y de la violencia armada. El resto de cargos («ideología genocida», división étnica y propagación de rumores que incitan a la población a sublevarse contra el Estado) se relacionaban con sus críticas públicas al Gobierno pronunciadas durante el periodo anterior a las elecciones presidenciales de 2010. En la sentencia, el tribunal ha modificado dos de los cargos contra Victoire Ingabire y la ha absuelto de otros cuatro.

«Las causas enjuiciadas contra Victoire Ingabire por “ideología genocida” e incitación a la división étnica ilustran el rechazo del Gobierno de Ruanda a tolerar las críticas ya aceptar el papel de los partidos de oposición en una sociedad democrática», declaró Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch, «los tribunales no deberían utilizarse para fines políticos».

Human Rights Watch no está en condiciones de pronunciarse en cuanto a la validez de los cargos relacionados con la colaboración de Vistoire Ingabire con grupos armados. Sin embargo, le preocupa que algunos elementos de las pruebas empleadas para culparla parezcan poco fiables.

El juicio, que comenzó en septiembre de 2011 y finalizó el 25 de abril de este año, ha sido complejo ha sufrido numerosos contratiempos y retrasos. Victoire Ingabire, que se declaró inocente, ha sido juzgada junto a otros cuatro coimputados (Vital Uwumuremyi, Jean-Marie Vianney Karuta, Tharcisse Nditurende y Noel Habiyaremye) que la implicaron en una presunta colaboración con grupos armados.

Estos últimos cuatro imputados se han declarado culpables de pertenecer a un movimiento terrorista, de participar en atentados terroristas y de la creación de un grupo armado. Uwumuremyi ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel, Nditurende y Habiyaremye a tres años y seis meses, y Karuta a dos años y siete meses. Todos son antiguos miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado que opera en la República Democrática del Congo y algunos de cuyos miembros formaron parte del genocidio de 1994 en Ruanda. Las FDLR han cometido numerosas atrocidades contra los civiles del este de la RDC durante los últimos años.

Victoire Ingabire ha sido acusada de colaborar con las FDLR y de planear la formación de un nuevo grupo armado, la Coalición de Fuerzas de Defensa (CDF).

«Son muchos los factores que nos indican que Victoire Ingabire no ha sido enjuiciada de forma justa», ha subrayado Daniel Bekele. «Se observa claramente el carácter político de algunos cargos como el de “ideología de genocidio”. Cabe el espacio para la duda en cuanto a la fiabilidad de ciertas pruebas incriminatorias, de las declaraciones públicas sobre la culpabilidad de Ingabire por parte de altos representantes del Gobierno antes del juicio, así como de las grandes preocupaciones que suscita la falta de independencia del sistema judicial ruandés en asuntos politizados.»

Posible coerción en la detención militar e intimidación de testigos

Durante el juicio, se ha descubierto que tres de los coimputados junto a Victoire Ingabire habían sido detenidos en Camp Kami, un campo militar. Un testigo citado por la defensa ha sembrado la duda sobre la credibilidad de los testimonios de uno de los tres, por lo menos, y ha motivado preguntas sobre las condiciones de la detención de los imputados y sobre la posibilidad de que hayan sido coaccionados.

Con independencia de las investigaciones realizadas por Human Rights Watch sobre este juicio, la organización ha recibido informaciones según las que las personas en detención militar, principalmente en Kami, se han visto sometidas a intentos de presión y, en ocasiones, han sufrido torturas para que confesaran. Algunas personas han afirmado haber recibido órdenes de incriminar a Victoire Ingabire y también a otros opositores al Gobierno, incluso si no tenían nada que ver con el asunto.

Durante el juicio de Victoire Ingabire, un testigo llamado por la defensa ha puesto en tela de juicio la credibilidad del testimonio de Uwumuremyi, uno de los coimputados, contra Victoire Ingabire. El testigo, Michel Habimana, ha declarado que fue detenido junto a Uwumuremyi en Kami en 2009 y que este último fue incitado a incriminar a Ingabire. Sin embargo, Uwumuremyi confesó a Habimana que ni siquiera la conocía. También explicó que Uwumuremyi le había pedido una vez colaborar con los servicios secretos para imputar a Ingabire, ante lo que se había negado. No obstante, el tribunal no ha rechazado las pruebas proporcionadas por Uwumuremyi.

Habimana, también conocido como Edmon Ngarambe, es un antiguo portavoz de las FDLR y cumple una pena de cárcel en Kigali tras ser acusado de actos relacionados con el genocidio. Tras prestar declaración ante el Tribunal Superior, ha sufrido intimidadiones. Bajo la orden del Ministerio Público, las autoridades penitenciarias han registrado su celda. Habimana ha declarado ante el tribunal que le habían embargado todos sus documentos, incluidas las notas que había redactado para sus declaraciones ante el tribunal. Durante el juicio, el Ministerio público ha confirmado el registro al tiempo que presentaba las notas de las que Habima había hablado. En el marco de un procedimiento totalmente fuera de lo común, Habimana también había sido interrogado fuera del tribunal por las autoridades penitenciarias y en ausencia de un abogado.

Dos de los otros coimputados, Nditurende y Habiyaremye, han revelado al Tribunal que ellos también habían estado detenidos en secreto durante algunos meses en Kami. Nditurende ha declarado que le habían interrogado lo que a su parecer, eran agentes de los servicios secretos y sin n un abogado presente.

Parcialidad política en el sistema judicial

La atmósfera que rodea el juicio de Victoire Ingabire ya poseía un gran peso político antes de su primera comparecencia ante el tribunal. Desde principios de 2010 (varios meses antes de su detención) altos representantes del Gobierno, entre ellos el presidente Paul Kagame, atentaron públicamente contra la presunción de inocencia de Ingabire con comentarios que indicaban su firme convicción en la culpabilidad de esta.

Un ejemplo de ello es que la ministra de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, declaró en el diario The Independent el 7 de agosto de 2010 que Ingabire «es una criminal, una persona peligrosa que está vinculada a las FDLR y a otros grupos terroristas. Además cuenta con un pasado delictivo». También aseguró en el diario The East African el 3 de mayo de 2010 que «no hay lugar para gente como Ingabire en Ruanda; ni ahora ni nunca». El 30 de junio de 2010, la Oficina de Información de Ruanda citó al ministro de Gobierno Local, James Musoni, cuyas palabras fueron: «Se podría definir a Ingabire como la contingente precursora de las FDLR».

Todos los periódicos a favor del Gobierno se han hecho eco de estos comentarios, en especial el The New Times, que ha publicado numerosos artículos totalmente en contra de Victoire Ingabire, en especial durante los meses anteriores a las elecciones presidenciales de 2010.

«Todo estaba en contra de Victoire Ingabire, antes incluso de que se hubiera presentado ninguna prueba», ha declarado Daniel Bekele. «En estas circunstancias era muy improbable que pudiera disfrutar de un juicio justo».

Human Rights Watch ha reconocido que el sistema judicial ruandés había emprendido reformas positivas, pero también ha añadido que todas ellas se habían visto afectadas por la politización del sistema judicial, que necesita más independencia. Los jueces, así como los fiscales y los testigos siguen siendo vulnerables a la presión del Gobierno, especialmente en los asuntos en los que se ven implicados opositores y críticos al mismo.

Represión contra los disidentes

La ley del año 2008 sobre «ideología genocida», utilizada para inculpar a Victoire Ingabire, se ha empleado como instrumento para silenciar las críticas hacia el Gobierno. La definición de «ideología genocida» es muy amplia e imprecisa, lo que permite que se abuse de esta ley. Las personas que se han pronunciado, al igual que Victoire Ingabire, en contra de los crímenes cometidos por el partido en el Gobierno, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), contra civiles hutus desde 1994 han sido especialmente vulnerables a ser acusados de ideología genocida. Ingabire cuestionó la constitucionalidad de esta acusación, pero, el 18 de octubre, la Corte Suprema de Ruanda desestimó su petición argumentando que carecía de fundamento.

Según las primeras informaciones, el Tribunal Superior no ha inculpado a Victoire Ingabire por ideología genocida, sino por negación del genocidio, en virtud a una ley del año 2003.

«El Gobierno ruandés dispone de la responsabilidad legítima de evitar el discurso del odio y la incitación a la violencia étnica que condujo al genocidio en 1994», afirma Daniel Bekele. «Sin embargo, la responsabilidad de impedir la violencia no debería ser utilizada como excusa para acallar críticas o prohibir el debate sobre ciertos acontecimientos. Del mismo modo, tampoco debería utilizarse como pretexto para retrasar las reformas democráticas».

En el 2010, el Gobierno de Ruanda inició una revisión de la ley sobre la «ideología genocida». El Consejo de Ministros de este país aprobó una versión enmendada el 27 de junio que, en la actualidad, se estudia en el Parlamento.

Human Rights Watch ha exhortado al Gobierno a que vele por que la versión enmendada de la ley sobre «ideología genocida» brinde protección contra las persecuciones abusivas y la criminalización de declaraciones que no tienen la intención de generar violencia ni la suscitan.

Trabas al pluralismo político

La libertad de expresión y la de asociación sufren serias restricciones en Ruanda. Dos años después de las elecciones generales, que concluyeron con la reelección del presidente Kagame con más del noventa y tres por ciento de los votos, Ruanda carece aún de partidos opositores que actúen como tales. El FPR domina el panorama político sin tener que defenderse de enfrentamientos significativos provocados por otros partidos representados en el Parlamento.

Para FDU-Inkingi ha resultado imposible registrase como partido político pese a varios intentos anteriores a las elecciones del 2010. Este partido se ha debilitado aún más tras la detención de Victoire Ingabire y, al igual que les ocurre a otros partidos de la oposición, en la actualidad a penas puede actuar en Ruanda.

Varios miembros más de las FDU-Inkingi han sido amenazados, arrestados o encarcelados, mientras que otros han sido objeto de persecuciones judiciales. En septiembre, se detuvo a ocho miembros de este partido en el oeste de Ruanda a los que se acusó de organizar reuniones ilegales y se imputó por incitación a la sublevación o a la alteración del orden público. En la actualidad, se encuentran en detención preventiva. Por otra parte, el 8 de septiembre, cerca de Gitarama, el secretario general de las FDU-Inkingi, Sylvain Sibomana, y el representante de las FDU-Inkingi en Kigali, Martin Ntvauka, fueron retenidos por la policía hasta el día siguiente tras haberse mostrado críticos con las políticas gubernamentales en el transcurso de una conversación informal en un autobús. La policía les reprochó haber criticado demasiado las políticas del Gobierno y aseguró que su partido organizaba reuniones ilegales. Se les liberó el día después sin ningún cargo. En abril del 2011, dos miembros de las FDU-Inkingi, Anastase Hagabimana y Norbert Manirafasha, fueron detenidos por su relación con un proyecto de declaraciones por parte de su partido criticando el aumento del coste de la vida en Ruanda. Manirafasha pasó dos semanas en la cárcel y Hagabimana cuatro meses.

Otros partidos de la oposición han recibido un trato similar. El presidente fundador del Partido Social Imberakuri (PS-Imberakuri), Bernard Ntaganda, cumple pena de cárcel por haber expresado su opinión y haber criticado el Gobierno. Fue detenido el 24 de junio del 2010, muy pocas semanas antes de las elecciones presidenciales, acusado de atentar contra la seguridad el Estado, de incitar a la división étnica y de intentar organizar manifestaciones sin autorización. El 11 de febrero del 2011, se le declaró culpable y fue condenado a cuatro años de cárcel, pena que confirmó la Corte Suprema el 27 de abril del 2012.

Otros dos miembros del PS-Imberakuri, Sylver Mwizerwa y Donatien Mukeshimana, fueron condenados en agosto del 2010 a tres y dos años de cárcel respectivamente por «rebelión» y destrucción de bienes privados, supuestamente por irrumpir en una oficina del PS-Imberakuri después de que el propietario del inmueble la hubiera reclamado. Mukeshimana fue puesto en libertad en agosto tras haber cumplido su condena, mientras que Mwizwerwa aún continúa en prisión.

Otros miembros del partido han sufrido con regularidad acoso, amenazas y actos intimidatorios; además, han sido interrogados por la policía en incontables ocasiones por sus actividades políticas. El 5 de septiembre, en Kigali, dos hombres armados vendaron los ojos y raptaron a Alexis Bakunzibake, vicepresidente del PS-Imberakuri, y lo trasladaron a un lugar que no pudo identificar. Los secuestradores lo interrogaron y le preguntaron por las actividades del PS-Imberakuri, por sus miembros, por su financiación y por sus supuestos vínculos con otros grupos de la oposición. Tras intentar convencerlo de que abandonara su actividad en el partido, volvieron a vendarle los ojos y lo condujeron a un lugar desconocido, para más tarde depositarlo al otro lado de la frontera, en Uganda.

Un tercer partido de la oposición, el Partido Verde Democrático de Ruanda, se ha visto muy afectado por la muerte de su vicepresidente en julio del 2010 y por la decisión que tomó de inmediato su presidente, Frank Habineza, de huir del país. Al igual que le ocurrió al FDU-Inkingi, el Partido Verde Democrático tampoco ha logrado registrarse en el país debido a una sucesión de trabas de carácter adminstrativo y de otra índole impuestas por las autoridades locales y nacionales. Habineza volvió a Ruanda en septiembre para intentar, una vez más, registrar a su partido, con el objetivo de que pueda participar en las elecciones parlamentarias del año 2013.

Hostigamiento a la prensa

Algunos periodistas y otros detractores también han sido objeto de persecuciones por mostrar opiniones críticas. En agosto, Stanley Gatera, el redactor jefe del periódico Umusingi, fue detenido por la publicación en su diario de un artículo sobre la estabilidad matrimonial y los problemas que, según el autor del artículo, provoca la supuesta belleza de las mujeres tutsis. Gatera fue acusado de discriminación y sectarismo y fue juzgado en octubre. En la actualidad se encuentra en prisión a la espera de la sentencia del tribunal.

En el mes de abril, Epaphrodite Habarugira, locutora de Radio Huguka, fue detenida y acusada de «ideología genocida» tras, según parece, haber cometido un error al leer la información y confundir accidentalmente algunos términos que hacían referencia a los supervivientes del genocidio. Pasó tres meses en la cárcel y fue liberada en julio, pero el fiscal ha recurrido su absolución.

Agnès Uwimana y Saiditi Mukakibibi, del periódico Umurabyo, se encuentran encarcelados tras haber sido condenados en febrero del 2011 a 17 y 7 años de prisión respectivamente por su relación con artículos considerados críticos con el Gobierno del presidente Kagame. Tras haber apelado a la Corte Suprema, el 5 de abril se redujo la condena a cuatro y tres años respectivamente. Sin embargo, la Corte mantuvo los cargos de acusación por atentado a la seguridad el Estado contra las dos mujeres y el cargo de acusación por difamación contra Agnès Uwimana, redactora jefe del periódico. La Corte descartó los cargos de acusación por minimización del genocidio de 1994 y por incitar a la división étnica que se imputaban a Agnès Uwimana.

Para consultar información sobre otras investigaciones de Human Rights Watch en Ruanda, diríjase al siguiente enlace (en francés):http://www.hrw.org/fr/africa/rwanda

Si desea más información, por favor, contacte con:

Londres: Carina Tersakian (inglés y francés), teléfonos: +44-207-713-2764 y +44-7903-503-297 (móvil)

Nueva York: Daniel Bekele (inglés y amárico), teléfonos: +1-212-216-1223 y +1-917-385-3878 (móvil). Email: bekeled@hrw.org

Traductores: Ana Alonso Grandes y Álvaro Prieto Salvador

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