La opositora ruandesa Victoire Ingabire. © Victoire Ingabire Umuhoza campaign
La dirigente ruandesa de oposición Victoire Ingabire debe gozar de un proceso de apelación justo e inmediato tras haber sido condenada en un juicio que no cumplió las normas internacionales. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi), fue condenada el martes a ocho años de prisión.
“El juicio se vio enturbiado por el hecho de que el tribunal no garantizó la verificación adecuada de testimonios, y la fiscalía mostró en ocasiones desprecio hacia el proceso debido”, ha manifestado Sarah Jackson, directora adjunta en funciones del Programa para África de Amnistía Internacional.
“Victoire Ingabire debe tener acceso a un proceso de apelación inmediato y justo.”
Los cargos presentados inicialmente contra Ingabire entraban en dos amplias categorías: cargos relacionados con la expresión de opiniones, y cargos relacionados con el terrorismo. Los primeros, formulados contra Ingabire por expresar sus opiniones políticas, no deberían haberse presentado ante un tribunal, para empezar.
Ingabire ha sido declarada culpable de dos cargos actualizados, y ha sido absuelta de otros cuatro. Amnistía Internacional está aguardando recibir confirmación de los cargos exactos y de las leyes aplicables en virtud de las cuales fue jugada.
Victoire Ingabire fue detenida en abril de 2010, poco después de regresar a Ruanda tras 16 años en el exilio. Tenía esperanzas de poder inscribir la FDU-Inkingi para presentarse a las elecciones presidenciales de agosto de 2010.
Su juicio público contó con una nutrida asistencia de activistas de derechos humanos, periodistas y diplomáticos.
Pese al escrutinio internacional, el juicio se vio enturbiado por diversas violaciones del proceso debido, como por ejemplo, el no desvelar pruebas potencialmente exculpatorias que podrían haber ayudado a la defensa de Ingabire, la intimidación a testigos o la interferencia en el derecho a guardar silencio después de que las notas de Ingabire fueran confiscadas.
Los cargos iniciales relacionados con el terrorismo se basaban, en parte, en el testimonio de cuatro hombres juzgados junto con Ingabire. Los cuatro se declararon culpables y testificaron contra ella.
El comandante Vital Uwumuremyi, el teniente coronel Tharcisse Nditurende, el teniente coronel Noel Habyaremye y el capitán Jean Marie Vianney Karuta confesaron haber estado relacionados en el pasado con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), grupo de oposición armado con base en la vecina República Democrática del Congo.
La fiscalía alegó que Ingabire trabajaba junto con los cuatro acusados para tratar de formar un grupo de oposición armado, la Coalición de Fuerzas de Defensa (CDF). Los cuatro hombres dijeron que Ingabire se había reunido con ellos en la República Democrática del Congo y en la República del Congo. También dijeron que Ingabire les había transferido dinero por Western Union a través de terceros. El tribunal no verificó adecuadamente el testimonio oral de los cuatro acusados, e impidió a la defensa contrainterrogarlos debidamente.
Durante las limitadas preguntas permitidas por el tribunal a la defensa, se desveló que Nditurende y Habyaremye habían sido detenidos ilegalmente por el ejército ruandés antes de incriminar a Ingabire. Ambos fueron interrogados en Camp Kami por agentes de inteligencia sin la presencia de un abogado. El tribunal no hizo ningún esfuerzo por obtener las notas de estos interrogatorios, que podrían haber ayudado a la defensa de Victoire Ingabire.
Los jueces impidieron a la defensa formular preguntas sobre las condiciones de reclusión en Camp Kami, ni siquiera para aclarar si los testimonios de los acusados se habían realizado bajo coacción o habían sido inducidos.
Un testigo clave de la defensa, el teniente coronel Michel Habimana, que podría haber arrojado luz sobre los sucesos de Camp Kami, fue intimidado por la fiscalía. Dijo que había permanecido recluido allí al mismo tiempo que el comandante Vital Uwumuremyi, y que las acusaciones relacionadas con el terrorismo formuladas contra Ingabire eran falsas y habían sido obtenidas mediante coacción por los servicios de seguridad del Estado.
Tras declarar en el tribunal, Habimana, ex portavoz de las FDLR que cumple cadena perpetua por genocidio, fue sometido a un registro de celda. La fiscalía presentó como prueba las notas de Habimana confiscadas durante dicho registro, y alegó que demostraban que el abogado defensor de Ingabire había aleccionado indebidamente al testigo.
Ingabire se retiró del juicio tras este incidente, alegando que ningún otro testigo de la defensa podría testificar sin correr peligro, y que eso minaba su derecho a un juicio justo.
“Si la fiscalía tenía dudas sobre la credibilidad de un testigo, debería haber pedido que le dejaran interrogarlo”, ha manifestado Sarah Jackson.
“La confiscación de las notas de un testigo fuera del proceso judicial transmite una señal intimidatoria a los demás testigos de la defensa.”
Información complementaria
La observación a que Amnistía Internacional ha sometido el juicio de Ingabire se centró en el cumplimiento de las normas sobre juicios justos. La organización no adopta postura alguna sobre la inocencia o culpabilidad de Ingabire respecto a los cargos de terrorismo.
Amnistía Internacional designó un observador independiente que estuvo presente en el juicio todos los días salvo cuatro, y que recopiló un informe detallado de los procedimientos judiciales. La organización considera que el juicio no cumplió diversas normas sobre juicios justos.
La negativa del tribunal a garantizar la verificación adecuada del testimonio oral de los acusados junto con Ingabire suscita especial preocupación, dado que estos hombres fueron detenidos ilegalmente por el ejército ruandés.
El informe publicado en octubre de 2012 por Amnistía Internacional, Rwanda: Shrouded in Secrecy: Illegal Detention and Torture by Military Intelligence , expone con detalle denuncias creíbles de tortura en Camp Kami. Las autoridades ruandesas desecharon estas denuncias sin someterlas a investigación.
