“La Auxiliar de DDHH del Pentágono” presionó a la Corte Penal Internacional para imputar a Burundi

Una comisión de las Naciones Unidas insta a la Corte Penal Internacional a imputar cuanto antes a funcionarios del gobierno de Burundi por crímenes contra la humanidad; sin embargo, Rusia, China y la Unión Africana se oponen a dicha acusación de tal manera que podrían hacer perder a la CPI la poca legitimidad política que le queda.

© Agence France-Presse

En octubre de 2016, el pequeño país de África Oriental hizo historia al alzar una voz independiente contra el imperio estadounidense. Su legislatura votó a favor de retirarse de la Corte Penal Internacional, la herramienta que emplean Estados Unidos y sus aliados occidentales para castigar a los líderes africanos rebeldes, especialmente aquellos que firman contratos de extracción de recursos con Rusia o China, y/o aquellos que intentan hacer cualquier cosa por su pueblo. El gobierno burundés cumple ambas características.

El presidente Pierre Nkurunziza firmó la legislación, y el ministro de Exteriores Alain Nyamitwe anunció que Burundi había presentado formalmente su intención de retirarse al entonces secretario general de la ONU Ban Ki-moon. Human Rights Watch se lamentó porque Burundi había «retrocedido considerablemente» e instó a los demás miembros africanos de la CPI a «distanciarse de la retirada de Burundi y confirmar su apoyo a la justicia por las víctimas de los peores crímenes». En cambio, Sudáfrica y Gambia anunciaron su intención de retirarse, y varias naciones africanas más murmuraron sobre la posibilidad de retirarse también; y en la prensa occidental saltaron las alarmas de un éxodo en masa.

Casi un año después, una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas instó a la CPI a imputar «cuanto antes» a funcionarios del gobierno de Burundi por crímenes contra la humanidad, pero Rusia, China y la Unión Africana se opusieron a dicha acusación que podría costarle a la corte la poca legitimidad política que le queda.

¿Por qué tanta prisa? Estados Unidos y sus aliados intentaron adelantarse al plazo que finaliza 27 de octubre, cuando Burundi se habrá librado de la jurisdicción imperialista de la corte. Tras el 27 de octubre, cuando se cumple un año desde que Burundi presentó formalmente su intención de retirarse, la CPI ya no tendrá autoridad para imputar a funcionarios burundeses o emitir órdenes de detención contra ellos.

A partir de esa fecha, solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede restaurar la autoridad de la corte para abrir un caso contra Burundi, y Rusia, China o ambas vetarían cualquier resolución al respecto sin dudarlo. Ambos países han defendido firmemente la soberanía nacional de Burundi desde la reelección en 2015 del presidente Pierre Nkurunziza, a pesar de las estridentes campañas de demonización financiadas por la prensa occidental y la presión intervencionista de las ONG: el proyecto Enough contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad, el Student Led Movement to End Mass Atrocities (STAND) [Movimiento Dirigido por Estudiantes para Acabar con las Atrocidades en Masa], Aegis Trust, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), United to End Genocide [Unidos contra el Genocidio], Fortify Rights [Fortalecer los Derechos], el Museo del Holocausto, Jewish World Watch [Vigilancia Mundial del Judaísmo], Avaaz, etc. Es posible que FIDH haya producido la propaganda de campaña más escabrosa hasta el momento; se trata de un vídeo de 56 segundos de unos niños que corren aterrorizados por un frondoso paisaje africano, hasta que aparece el siguiente texto: «Genocidio en Burundi, una película de Pierre Nkurunziza. #StopThisMovie»

Esta pluralidad de ONG que aparentemente defienden los derechos humanos fundamentales ha vivido grandes fusiones en los últimos años; United to End Genocide y Fortify Rights, por ejemplo, se han unido al proyecto Enough, y STAND se ha unido a Aegis Trust. La consolidación no amenaza la diversidad de expresión; sin embargo, la rabia relacionada con los derechos humanos de estas ONG no podría volverse más uniforme de lo que ya ha sido. Al igual que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se obsesionan con los mismos derechos humanos que se obsesiona el gobierno estadounidense. El millón de Rohinyás de Birmania encabezan actualmente sus listas, pero Burundi, Sudán, Sudán del Sur, Siria y la República Democrática del Congo los siguen de cerca. Israel no está en sus listas de quienes violan los derechos humanos, Palestina no está en sus listas de víctimas. Podrían reducir la redundancia e ineficacia burocráticas si se fusionaran todos bajo un mismo paraguas en Washington D.C. y se cambiasen el nombre por el de Pentagon Human Rights Auxiliary [Auxiliar de Derechos Humanos del Pentágono].

¿Es el gobierno de Burundi culpable de violar los derechos humanos? Sin duda. Los soldados y la policía militar han estado mucho más presentes en la capital, Buyumbura, desde que el general Godefroid Niyombare llevó a cabo un intento de golpe de estado en 2015. Lo más seguro es que cuando se da un intento violento de derrocar al gobierno, su respuesta sea intensificar la militarización y la represión. Desde el intento de golpe de estado en Burundi, importantes dirigentes políticos y oficiales del ejército han sido asesinados y el asesor principal del presidente Nkurunziza, Willy Nyamitwe, sobrevivió a un intento de asesinato que le costó la vida a su guardaespaldas. Incluso se ha disparado mortero cerca del palacio presidencial, y cualquiera que conozca la historia reciente de Ruanda y Burundi comprenderá que el asesinato del presidente Nkurunziza tendría consecuencias catastróficas. Las masacres de 1994 conocidas como el genocidio de Ruanda fueron precedidas del asesinato del primer presidente hutu de Burundi, Melchior Ndadaye, el 21 de octubre de 1993, de la masacre de cientos de miles de civiles hutu por parte del ejército burundés, dominado por los tutsis, y del asesinato en Ruanda de los presidentes hutu de Ruanda y Burundi el 6 de abril de 1994.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es consciente o no le importa esta historia reciente. Su informe no la menciona. Tampoco menciona los bien documentados esfuerzos de Ruanda, aliado y socio militar de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, por reclutar a los refugiados burundeses a un ejército rebelde para regresar a su país y derrocar al presidente Nkurunziza. A Kagame nada le gustaría más que tener la oportunidad de repetir el papel que desempeñó en Ruanda en los 90, cuando invadió el país desde Uganda, se abrió paso hasta Kigali mediante masacres, desencadenó el pánico y la violencia masivos al asesinar al presidente hutu, derrocó al gobierno de mayoría hutu, plantó la bandera americana, declaró el inglés como lengua oficial en los negocios y se autoproclamó el salvador que había evitado el genocidio.

Ann Garrison

* Ann Garrison es una periodista independiente afincada en Oakland (Estados Unidos)

Fuente: Pambazuka News: Pentagon Human Rights Auxiliary pushes ICC to indict Burundi, publicado el 28 de septiembre de 2017.

Traducción para Umoya: Lucía Otero Martínez.

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