Mozambique: El coste del acaparamiento de tierras en la provincia de Tete

La provincia de Tete es muy rica en carbón. Se calcula que bajo su superficie hay unas 23 mil millones de toneladas de carbón prácticamente sin explotar. Está previsto que se convierta en la potencia energética de carbón y energía hidroeléctrica. Sin embargo, son las comunidades de agricultores locales quienes han salido perdiendo en este auge del carbón, sobre todo desde que se han visto forzados a marcharse a causa de las reubicaciones a gran escala.

Mozambique Mining Post.

A principios de este verano, Hussene Antonio caminaba desde un pequeño pueblo mozambiqueño en busca de algún prado donde su rebaño pudiera pastar. Las tierras hacia donde se dirigía pertenecieron una vez a su comunidad, hasta que llegó una plaga de compañías mineras, entre ellas la brasileña Vale S.A., la británica Rio Tinto, la australiana Riversdale Resources Limited, así como el gigante indio Jindal Steel and Power Limited, con sus inversiones por valor de millones de dólares. Su concesión de derechos se extiende a lo largo de la mitad de la provincia. Las más de seis millones de hectáreas que reclaman incluyen casi todos los prados a los que los pastores de la región necesitan tener acceso.

Carbón: el nuevo oro negro

La provincia de Tete, donde se sitúan estas minas, es muy rica en carbón. Se prevé que se convierta en la potencia energética de la región gracias al carbón y a la energía hidroeléctrica. Se calcula que hay 23 mil millones de toneladas de carbón casi sin explotar.

Sin embargo, las comunidades locales de agricultores son, sin duda, los que han salido perdiendo en este auge del carbón, sobre todo a causa de las reubicaciones a gran escala que los han estado obligando a marcharse desde 2009. Las comunidades encontraron problemas para conseguir alimentos y agua, según ha documentado Human Rights Watch. Confiando en las promesas de Vale y otras compañías mineras, quienes aseguraron que el acceso a las tierras de pastos se salvaguardaría, la mayoría de las comunidades autosuficientes cedieron sus tierras fértiles situadas en la ribera. A ellos se les reubicó en pueblos muy alejados, a veces incluso hasta a 40 kilómetros de los mercados de Moatize, y se les cedieron tierras de peor calidad y difícil acceso al agua.

Desplazados o asesinados

El 13 de julio de 2017, una máquina de construcción que cavaba zanjas bloqueó el acceso a un pasaje que atraviesa las verjas circundantes a una amplia parcela arrendada por Vale. A pesar de que a muchos locales se les ofreció alojamiento y una reubicación a varios kilómetros de distancia de la zona de operaciones de Vale, aquellos que se quedaron viven apenas a unos metros de las minas, que están abiertas y señaladas con vallas. Esa misma gente usaba dicho pasaje para llegar a zonas con hierba y arbustos donde su ganado puede pastar y los pastores consiguen leña. Ya es la tercera vez que a los locales se les deniega el acceso a las tierras, mientras que los dos intentos previos de Vale se enfrentaron a una fuerte oposición local, lo que culminó en un acuerdo entre Vale y las autoridades locales mediante el cual la verja permanecería abierta para que los locales pudieran cruzar y buscar su único sustento.

Como sabía que el acuerdo estaba vigente y no le quedaba otra opción que llegar a los prados, Hussene Antonio se quedó en la verja para protestar porque estaba cerrada. La respuesta fue tan rápida como brutal. Cuando los locales se acercaron al lugar portando palos, Vale llamó a la policía. A medida que la tensión se incrementaba, la policía de repente abrió fuego hiriendo a Hussene Antonio en el brazo. En su huida, recibió un nuevo disparo, esta vez en la espalda, que fue letal.

Los miembros de la comunidad relatan: «Las dos primeras veces Vale intentó cerrar la verja sin la policía, pero no lo consiguieron porque el pueblo resistió. Pero esta vez vinieron con una gran máquina para empezar los trabajos y así cerrarla para siempre».

Tras la muerte de Hussene Antonio in situ, el pueblo destrozó la máquina, un generador y parte de las herramientas propiedad de la compañía. A raíz del incidente, el secretario de gobierno local pronunció unas declaraciones en las que mostraba su consternación por cómo actuó Vale aquel día.

«[La compañía minera Vale] me llamó por la mañana para comunicarme que iban a cerrar las entradas. Yo contesté que no estaba al tanto de que fueran a hacerlo, y por lo tanto no les di permiso, pues podrían causar inconvenientes al pueblo. Pero no me escucharon y, de repente, oí los disparos».

En una entrevista para Malacha, el periódico local, una residente de Moatize, Diolinda Morais Jorge, mostraba su apoyo a su convecino, quien deja a una viuda y dos hijos. «Vivimos de esta madera» afirmó. «Venimos a estos bosques a por madera para cocinar, para venderla. Si nos cierran esta verja, ¿de qué vamos a vivir?».

La impunidad empresarial persiste

La compañía colaboró en el funeral repartiendo sacos con alimentos, legumbres y cereales. Tras la ceremonia, tuvo lugar una reunión de la comunidad en presencia de Wilco Uys, el jefe de operaciones de Vale en Moatize. Wilco Uys pidió a los locales que respetaran las fronteras de la zona ocupada por la concesión haciendo hincapié en los accidentes ocurridos debido a que los niños juegan junto a las minas. Sin embargo, no hizo mención a la falta de comunicación entre la compañía y el gobierno local, ni tampoco al cese del acuerdo sobre la verja. En su lugar, afirmó que «el pueblo es oportunista y ahora quieren aprovechar la verja para robar a la compañía. ¿Por qué si no están construyendo sus casas justo al lado de la zona prohibida?».

Otro miembro de la comunidad comentó que «las autoridades deben tener en cuenta estos incidentes y tomar cartas en el asunto. Si el pueblo se pone en huelga es porque estamos hartos de esto. Todas las zonas de pasto están valladas. El pueblo no puede conseguir madera porque todo está cercado. Además, el polvo del carbón se mete en nuestras casas».

Anteriormente la compañía brasileña había ignorado las advertencias de los funcionarios locales acerca de que sus acciones podrían causar molestias a los locales, quienes temen perder su sustento. No es la primera vez que Vale pide que la policía intervenga en conflictos con las comunidades locales, a veces con nefastas consecuencias. Cientos de pequeños agricultores y ganaderos siguen en una confrontación con Vale y otras compañías que extraen carbón, así como con el gobierno local de Moatize.

En Moatize, en este escenario con el conflicto de «la verja» de fondo, crece la presión social frente a la reticencia de las compañías a cooperar. El 26 de julio, otra comunidad de la provincia de Tete, los Cassoca, pararon los camiones de la compañía india Jindal y estos no pudieron entrar en la mina durante dos días. La razón era la falta de progreso en el proceso de reubicación en un nuevo lugar alejado de la mina, donde 289 familias desean formar un nuevo hogar.

Los miembros de la comunidad contaron al periódico local Zitamar que están hartos de que la compañía no cumpla sus promesas. Además del grave problema que supone la contaminación, los locales tienen que afrontar ahora otra crisis, pues la única bomba de agua de la comunidad se ha estropeado. Se comenta que la compañía estaría negociando con los líderes de la comunidad y el gobierno local a nivel de distrito para superar esta disputa.

Por Burag Gürden

Fuente: EEB/Environmental Justice Project

Tomado de: Pambazuka News, The cost of land grabbing in Mozambique’s Tete Province, publicado el 31 de agosto de 2017.

Traducido para UMOYA por María Auxiliadora González Gil.

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