Las elecciones en Angola: ¿un nombre diferente para más de lo mismo?

A lo largo de los últimos 38 años, y en particular a partir del final de la guerra civil en 2002, el presidente Dos Santos ha gobernado Angola a través de la titulización de la sociedad, la represión de toda disidencia y la limitación de las libertades de expresión, asociación y reunión. Después de que uno de los gobernantes más longevos de África abandone el poder tras las elecciones de agosto de 2017, ¿se abrirá el espacio para la participación civil?

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Para muchos angoleños y observadores internacionales, las elecciones generales del 23 de agosto supusieron tanto un principio histórico como, tristemente, más de lo mismo. La sociedad civil de Angola, que ha sufrido la represión del gobierno durante años, podría considerar este momento como la oportunidad para que un nuevo líder introduzca reformas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, por lo que parece, seguramente sea una oportunidad perdida.

Tras casi cuatro décadas en el poder, el presidente José Eduardo Dos Santos anunció unos meses antes de las elecciones que dejaría paso a un nuevo presidente electo. Aun así, seguirá teniendo qué decir en los asuntos de Angola. A pesar de que la nación da la bienvenida a un nuevo jefe de Estado, Dos Santos seguirá siendo el líder del partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) hasta 2022. Asimismo, continuará influyendo en la dirección económica y política que tome el país.

Antes de las elecciones, se aseguró de que su familia controlara áreas económicas estratégicas al nombrar a su hija directora ejecutiva de la enorme empresa petrolera estatal Sonangol; su hijo, a su vez, conserva el control del Fondo Soberano de Angola, un fondo por valor de cinco mil millones de dólares financiado con las ganancias de Sonangol.

El candidato del MPLA a las elecciones y, por tanto, el sucesor elegido por el presidente era el ministro de defensa, João Lourenço. Este hombre de 74 años es un aliado clave para Dos Santos, pues se espera que le proteja de la fiscalía y que defienda los vastos intereses empresariales de su familia si gana las elecciones, tal y como se sospecha.

En el frente político, los planes de Dos Santos para asegurar la continuidad en lugar del cambio se hacen evidentes en la nueva política de registro electoral, que traslada el control del registro de votantes desde la comisión de elecciones independiente hasta el Ministerio de Administración Territorial. Este ministerio está encabezado por Bornito de Sousa, otro aliado clave de Dos Santos, partidario del MPLA y candidato a la vicepresidencia. De aquí se infiere que el MPLA y el actual gobierno podrían haber utilizado el proceso de registro de votantes para influir en el resultado de las elecciones. En febrero de este año, los angoleños expresaron sus graves preocupaciones acerca de esto y apelaron a Bornito de Sousa para que renunciara y así garantizar la transparencia del censo de votantes y de la votación.

Para la sociedad civil, el periodo anterior a las elecciones supuso todo un reto. La campaña se caracterizó por unas mayores restricciones de las libertades de reunión y expresión, así como de la capacidad de los ciudadanos de plantear sus preocupaciones acerca de la falta de transparencia en el proceso electoral. Este mes, la alianza global de la sociedad civil, CIVICUS, incluyó a Angola en su Watch List, una lista de países en los que el espacio civil está sufriendo serias amenazas. El CIVICUS Monitor, una herramienta en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo, califica el espacio civil de Angola como «oprimido».

El 12 de agosto, solo unos días antes de las elecciones, el Ministerio del Interior prohibió las manifestaciones convocadas por organizaciones y grupos que no se presentaran a la votación. La razón que se dio fue que ese tipo de protestas podrían interferir con las actividades de los partidos políticos y poner en peligro la seguridad del proceso electoral.

En abril, siete activistas que se estaban manifestando para pedir una mayor transparencia antes y durante las elecciones fueron detenidos en Luanda, la capital del país. Se les imputaron cargos de resistencia a las autoridades e insurgencia. Dos meses más tarde, la policía antidisturbios disolvió de manera violenta manifestaciones pacíficas dirigidas por el Movimiento del Protectorado Lunda Tchokwe. Una persona fue asesinada, 13 resultaron heridas y más de 70 fueron detenidas. Los manifestantes pedían el fin de las detenciones arbitrarias y los juicios sin justificación a personas asociadas al Movimiento Tchokwe, y que las autoridades concedieran una mayor autonomía a la región.

Desde que en 2011 comenzara la Primavera Árabe, el régimen de Dos Santos ha aplastado todas las protestas, sin importar el tamaño, por miedo a que alguna de ellas desencadenara un movimiento masivo para pedir reformas y un cambio de régimen.

Tampoco se ha perdonado a los medios de comunicación. En junio, Rafael Marques de Morais, un periodista y popular defensor de los derechos humanos, fue imputado por los crímenes de «ataques a la autoridad de un organismo» y «afrenta a las autoridades públicas», que se recogen en el Código Penal y en la ley de crímenes contra el Estado.

Estos cargos vienen de un artículo que Rafael escribió en 2016, en el que describía las circunstancias sospechosas en que el Fiscal General de Angola compró unas tierras en 2011. El periodista Mariano Lourenco también fue imputado con los mismos cargos por volver a publicar esta historia. Sin duda, el efecto que provocarán estos juicios será el de frenar la publicación de este tipo de reportajes; así, en estas circunstancias, una nueva victoria del MPLA está casi garantizada.

A lo largo de los últimos 38 años, y en particular a partir del final de la guerra civil en 2002, el presidente Dos Santos ha gobernado Angola a través de la titulización de la sociedad, la represión de toda disidencia y la limitación de las libertades de expresión, asociación y reunión. Después de que uno de los gobernantes más longevos de África abandone el poder, ¿se abrirá el espacio para la participación civil? A juzgar por las duras restricciones de las libertades fundamentales antes de las elecciones, el control de Dos Santos del MPLA y el nombramiento de João Lourenço como su sucesor, la respuesta es: resulta improbable o, al menos, no ocurrirá a corto plazo.

No obstante, a pesar de la continua represión, seguro que surgirán más protestas después de la transición; protestas que pedirán reformas democráticas y económicas, y la apertura del espacio civil. Asimismo, los periodistas y los defensores de los derechos humanos exigirán que el nuevo gobierno asuma responsabilidades.

Es urgente acabar con estas restricciones, terminar con la crisis económica, abrir la economía al pueblo angoleño, implementar reformas económicas y políticas, y encontrar soluciones duraderas a la inseguridad de las provincias de Cabinda y Ludas. Las elecciones del 23 de agosto podrían haber sido una oportunidad para facilitar una transición política y unos cambios que son muy necesarios tras los 38 años del régimen de Dos Santos. Sin embargo, por desgracia para los angoleños, al jurar el cargo el sucesor de Dos Santos, podría darse el caso de que, cuanto más cambian las cosas, más se quedan como estaban.

David Kode

*David Kode es el responsable de campañas y apoyo de CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil.

Fuente: Pambazuka News, “Angolan Elections: Different Name, Same Game for Civil Society?”, publicado el 24 de agosto de 2017.

Traducido para Umoya por Andrea Santos.

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