Hambrunas: sobre la urgencia de actuar aquí y allá contra el acaparamiento de tierras

La peor crisis humanitaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 20 millones de personas están amenazadas por la hambruna en cuatro países: Sudán del Sur, donde se ha declarado la hambruna, Nigeria, Yemen y Somalia, donde la inseguridad alimentaria es crítica. Es el momento de hablar de soberanía alimentaria y del derecho de los pueblos a disponer de su tierra agrícola.

Sustento de la vida y de nuestra alimentación, el suelo y la fina capa de tierra cultivable que lo recubre alberga el 90% de la biodiversidad del planeta. Así mismo, es un engranaje esencial para el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas porque el suelo es el lugar de numerosos procesos naturales, como el reciclaje de la materia orgánica, que van a determinar la adecuada calidad del agua y del aire.

Decir que las sociedades humanas dependen de la forma en que administren ese suelo, es decir bien poco. Todo lo que afecte a su estructura, modifique su ventilación, su compactación, su textura o su acidez, tiene un impacto sobre el componente biológico del suelo y consecuentemente sobre su funcionamiento. Por lo tanto, la agricultura tiene una gran influencia sobre la durabilidad de este recurso, la artificialización, tiene efectos irreversibles. Con la opción de la ocupación del suelo, las poblaciones locales tienen la responsabilidad de administrar correctamente ese capital. ¿Pero qué ocurre si el derecho de los pueblos a disfrutar libremente de las tierras agrícolas es obstaculizado?

Desde las fértiles llanuras de África Occidental a las de la cuenca parisina, las tierras agrícolas están en el centro de enormes envites financieros que sustraen a las poblaciones locales la posibilidad de determinar qué ocupación del suelo responde mejor a sus necesidades básicas, incluida la de alimentarse con productos sanos y locales en cantidad suficiente o simplemente alimentarse. Este envite es cualquier cosa menos algo secundario en un contexto de hambruna.

1. Acaparamiento de tierras agrícolas en el mundo.

El acaparamiento de tierras afecta a todas las regiones del mundo: África, América Latina, Asia, Oceanía y Europa del Este. La mayor parte de las veces, se trata de un fenómeno legal. El término “acaparamiento de tierras” se utiliza para describir la compra o la renta de grandes áreas de tierras fértiles por organizaciones privadas o públicas, fenómeno que ha conocido un auge importante a consecuencia de la crisis económica y alimentaria mundial de 2007-2008.

Ciertos grupos inversores (fondos de pensión) y algunos bancos se han aprovechado de la ausencia de reglamentación en algunos países, entre los más pobres del mundo, para privatizar hectáreas de tierras cultivables. Detrás de esos inversores faltos de escrúpulos se esconden países como Arabia Saudí que actúan gracias a la ausencia de control de la OMC. Según la asociación GRAIN (https://www.grain.org/fr) el acaparamiento de tierras ya ha sustraído 55 millones de hectáreas de tierras fértiles y este fenómeno tiene tendencia a ir en aumento. El documental “Planeta en venta” (http://www.festival-alimenterre.org/film/planete-a-vendre) emitido en el marco del festival “cámara rebelde” que tuvo lugar en Ille-et-Vilaine a finales del pasado mes de  enero, ilustra este fenómeno: Etiopía malvende sus tierras fértiles para llenar la panza de algunos habitantes de algunos países de Asia o de Oriente próximo, mientras que 13 millones de etíopes todavía padecen malnutrición. Más cerca de nosotros, aquí en Europa, Rumanía entre 2002 y 2005, aprovechando la política de apertura al mercado común, vio multiplicarse por 25,7 el valor de una hectárea. El incremento del precio del terreno debido a la especulación produjo el acaparamiento del 8% de las tierras cultivables del país que desde entonces están en manos de un inversor extranjero.

La riqueza creada por la puesta en cultivo de esas tierras se va fuera de la región la mayoría de las veces. Por una parte, porque la contrapartida financiera del contrato se esfuma en prácticas de corrupción. Y por la otra, porque el acaparador tiene a bien guardar para él la riqueza producida.

Una vez vendida por unos cuantos dólares y sin contrapartida alguna, los inversores extranjeros hacen uso de subcontrataciones que explotan la tierra y ponen a trabajar a los pocos campesinos expropiados que aceptaron esos empleos mal pagados. No tienen entonces ninguna alternativa más, excepto la de engrosar la marea de necesitados que llenan las ciudades. Este sistema mata de hambre y acrecienta las desigualdades.

El acaparamiento de tierras es a menudo sinónimo de prácticas agrícolas industriales, de monocultivos con una gran mecanización, de uso de pesticidas y OGM (organismo genéticamente modificados). Un sistema agrícola que empobrece tanto el suelo como los campesinos de Uruguay o de las fértiles llanuras de Etiopía.

A día de hoy no existe ninguna reglamentación que proteja suficientemente a los que producen, transforman y consumen una alimentación local y sana, los Estados no proporcionan los medios, solos o mediante la OMC, de ubicar en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias y agrícolas a los pequeños productores y organizar los mercados en consecuencia.

Etiopía es una joven democracia marcada por la desconfianza de la élite que está en el poder hacia ciertas etnias, las leyes y los derechos humanos a menudo son pisoteados y ninguna política protege la agricultura de subsistencia que sin embargo representa el 40% del PIB (fuente: AFD). Organizar la soberanía alimentaria es una necesidad democrática, que se sitúa en la inversa de la captación de poder organizada por esos inversores extranjeros.

Peor aún, los acuerdos de libre-intercambio van en contra de los retos de la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a implementar las políticas agrarias mejor adaptadas sin que puedan tener un efecto negativo sobre las poblaciones de otros países. Recordemos que de la noche a la mañana la política de libre-intercambio instalada por el acuerdo ALENA entre Estados Unidos y Méjico privó de maíz a los mejicanos, alimento base de una gran parte de la población mientras que el país era hasta entonces autosuficiente, sumiendo a la mitad de los 107 millones de mejicanos que padecen de pobreza en una situación todavía peor.

2. Un fenómeno también presente en nuestros territorios.

Esta captación del terreno se percibe de forma menos evidente desde aquí. Sin embargo y del mismo modo, los intereses privados y la ausencia de un profundo replanteamiento de un modelo agrícola productivista, impiden a los ciudadanos establecer las políticas agrícolas y alimentarias mejor adaptadas y disponer de un acceso legítimo al terreno.

La posguerra vio el surgimiento de un modelo agrícola cuyo objetivo era garantizar la seguridad alimentaria de los europeos. La agricultura francesa, potenciada por los fondos americanos, el petróleo más barato y la necesidad de la industria química de encontrar nuevos mercados, respondía a este imperativo. El reverso de este modelo agrícola, sin vínculos con el suelo, es eliminar las explotaciones diversificadas, imponer sus productos uniformes al mundo y atentar de manera casi irreversible contra nuestros paisajes y la calidad del agua. Sin olvidar el escándalo sanitario de los pesticidas (http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/) del que los agricultores y los asalariados de lo agro-alimentario son las primeras víctimas.

Y después, la Política Agrícola Común (PAC) acompañó, con sus subvenciones a la hectárea, la emergencia de un modelo que condenó a miles de granjas familiares, empujando al agrandamiento y a la competición por los volúmenes de las explotaciones agrícolas. La PAC alentó los sistemas maíz/soja en vez de los sistemas de pastizales y la autonomía proteica. Los poderes públicos, así como la enseñanza agrícola, olvidaron la agronomía, esa ciencia que debe permitir administrar el suelo como un componente de un agroecosistema en vez de considerar a la tierra como un vulgar substrato que se ceba de abono y que se “amaestra” a golpe de pesticidas.

Excedentarias a día de hoy, las producciones agrícolas bretonas fomentadas por las subvenciones se orientan hacia la exportación. Esta economía es mortífera para los agricultores bretones (100 explotaciones agrícolas están en liquidación judicial o han detenido su actividad en Bretaña en 2016), porque ya dependen demasiado del mercado y ya no tienen ninguna visibilidad ni ningún control del valor añadido de su producción. Esta economía, representada por empresas cada vez más poderosas, gobiernan indirectamente sobre el terreno agrícola y se aprovechan de la apatía y la falta de compromiso de los poderes públicos para acompañar un modelo económico de corto plazo, olvidándose de los objetivos de calidad de vida y consumo responsable.

La agricultura industrial genera unos importantes excedentes que se venden en los mercados internacionales a precios deliberadamente bajos. Los países exportadores, a pesar de un discurso neoliberal, subvencionan fuertemente su agricultura, lo cual les permite vender a precios inferiores a los costes de producción. Esos alimentos subvencionados se entrelazan a la creación de dependencia alimentaria en los países del Sur y arruinan a los agricultores o las ganaderías de los países a donde llegan esos productos alimenticios, sobre todo a África.

Elegir aquí la propia agricultura, es por lo tanto proteger las actividades agrícolas alimentarias de los países del Sur.

3. Favorecer la instalación de producciones agrícolas sostenibles para limitar el impacto de nuestras actividades agrícolas sobre la soberanía alimentaria de los países del Sur.

La mejor manera de darse cuenta de esta dominación es ver como la tierra se ha convertido en el principal freno para la instalación de nuevos agricultores. Primero por culpa de la especulación y después porque los que pretenden instalarse proviniendo de un medio no agrícola, generalmente disponen de un acceso limitado a la información sobre las oportunidades del terreno. Estos últimos años, la crisis no ha arreglado nada, el endeudamiento de los agricultores (https://www.lesechos.fr/29/12/2016/lesechos.fr/0211639500813_de-plus-en-plus-d-agriculteurs-sont-contraints-de-quitter-leur-exploitation.htm) ha hecho que suba el precio de la tierra en la medida que el agricultor que quiere ceder su explotación está generalmente muy endeudado y busca vender al mejor postor. La escasa pensión de jubilación agrícola amplifica este fenómeno.

En un contexto en el que la superficie agrícola está disminuyendo, sobre todo en las zonas periurbanas (el 10% de las tierras liberadas cada año pierden su vocación agrícola y el 40% se destinan al crecimiento de las explotaciones existentes), la dificultad para instalarse de los jóvenes agricultores no hace más que acrecentarse. La ratio de 1 instalación por cada 3 abandonos está lejos de cambiar.

Las empresas agroalimentarias bretonas participan en la atractividad de numerosos territorios. Pero esas lecherías, mataderos, fábricas de alimentos, que a veces de cooperativas sólo tienen el nombre, son otras tantas razones de un inmovilismo político frente a la imperiosa necesidad de cambiar de modelo y permitir a los jóvenes que no provienen del medio agrícola instalarse en producciones sostenibles destinadas a alimentar al mercado local o regional. La llegada de inversores chinos, para construir fábricas para la exportación de leche producida en Bretaña amplifica un poco más el dominio de las finanzas sobre el sistema agrícola bretón (léase el artículo de Maelle Ausisas en Reporterre a propósito del riesgo de desaparición de las pequeñas granjas por la llegada de la fábrica Synutra de Carhaix). Una pobre redistribución del valor añadido, la dependencia de todo un territorio a una lejana salida, la promesa de algunos empleos, no son más que una cortina de humo para los políticos locales que deberían más bien promover la construcción de un sector alimentario sostenible y participar en el establecimiento de una verdadera regulación de la producción agrícola en Francia y en Europa.

4. Herramientas insuficientes y ausencia de gobernanza democrática.

La SAFER (Sociedades de ordenación territorial y establecimiento rural) es la estructura a la que el Estado ha encargado que esté pendiente de la ordenación del territorio rural y que dispone de un derecho preferente en el momento de la venta de una explotación rural. Es por lo tanto la principal herramienta de regulación territorial.

Es una herramienta imperfecta, un millonario chino (Keqin Hu), en 2014 consiguió comprar en el más absoluto secreto y sin que nadie le molestase, no menos de 1700 hectáreas de cultivos de cereales en Indre. Hasta ahora, la SAFER no podía hacer nada contra la suspensión de parte o del total de las acciones de sociedades dueñas del territorio.

Una ley recientemente votada permite de ahora en adelante a la SAFER de hacer uso del derecho de retracto en el caso de venta de tierras entre dos sociedades, si estima que la transacción va en contra del interés general, de la biodiversidad o de la soberanía alimentaria.

Otra herramienta de regulación es el SDREA (Diagrama director regional de las explotaciones agrícolas), que define las condiciones de atribución de las autorizaciones para explotar nuevas parcelas agrícolas. Especifica en particular los criterios que permiten dirimir demandas concurrentes.

Este Diagrama regional identifica prioridades para dirimir demandas concurrentes. Responde, por orden, a las orientaciones que son “el mantenimiento de explotaciones viables, la mejora del parcelario, las instalaciones y las transmisiones. De este modo, las instalaciones no son prioritarias ya que una gran estructura que desee ampliarse sin considerar la sostenibilidad de su sistema, es prioritaria para ampliarse en continuidad de su parcelario en contraposición a un nuevo proyecto que se desarrolle sobre un territorio pequeño, como la horticultura.

El SDREA no permite dirimir la coherencia del sistema de explotación en comparación con otro y no permite favorecer proyectos agroecológicos con un fuerte vínculo con el terreno. Sin que se pongan en tela de juicio las prioridades de este Diagrama, Bretaña seguirá siendo una tierra de ganadería y producción de carne, lo cual no puede responder a la necesidad de reubicar las producciones agrícolas e instalar a jóvenes agricultores.

Al mismo tiempo, el acuerdo de la OMC facilita el dumping de la exportación e impide la implementación de una política proteccionista.

¡Urge actuar!

El Secretario general de Naciones Unidas declaró recientemente que la crisis humanitaria que actualmente padecen Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen, y que amenaza a 20 millones de personas, es la crisis humanitaria más grave desde la segunda Guerra Mundial. La urgencia humanitaria no debe hacer olvidar lo que amplifica, junto a la inestabilidad política, la violencia armada y las repetidas sequías, la hambruna en ciertas regiones del mundo:

El control financiero sobre las tierras cultivables y los sectores agrícolas.

La implementación de políticas agrícolas destructivas vis a vis de la agricultura alimentaria y que escapan a la gobernanza de los ciudadanos (de hecho, es la tesis desarrollada por el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, según la cual la hambruna solamente aparece en los países donde no hay democracia).

La insuficiente ayuda al desarrollo. Según la FAO, “bastarían” 30 mil millones de dólares para que los campesinos mejorasen sus prácticas y se inclinasen totalmente hacia sistemas agroecológicos que garanticen una administración más sostenible de los recursos. Europa podría contribuir con una mejor utilización de los ingresos generados por los impuestos solidarios como los de los billetes de avión o las transacciones financieras.

¿Qué soluciones hay a nivel local?

Establecer una sólida correlación entre el desarrollo de una agricultura territorializada y el territorio, permitirá del mismo modo tener mejor en cuenta  el territorio agrícola. Dar más protagonismo a los dirigentes locales en la SAFER sería por lo tanto una solución para que prime el interés colectivo. También el crear un auténtico espacio de diálogo con una concertación territorial abierta, para permitir a los diversos actores del mundo agrícola que debatan entre ellos con la finalidad de superar las etiquetas que los dividen.

Revisar el SDREA para dar un peso mayor a los proyectos de instalación de producciones sostenibles.

Establecer programas alimentarios sostenibles que privilegien otro tipo de agricultura, como es el caso en Rennes en el marco del plan alimentario sostenible, una especie de SALT (Sistema alimentario local territorial): “La ciudad de Rennes desea participar, en el marco de sus competencias, en la mutación del mundo agrícola hacia la agroecología. De este modo, quiere promover una alimentación equilibrada y preocupada por el desarrollo sostenible dentro de su restauración colectiva, y después, de forma más amplia, en las familias de Rennes para así recuperar un fuerte vínculo entre productores y consumidores”. (Nadège Noisette, teniente de alcalde de la ciudad de Rennes a cargo del abastecimiento). Intervenir sobre el desarrollo de las industrias y recuperar para los agricultores las industrias de transformación y distribución.

Reconocer mejor en la formación agrícola, los sistemas agrobiológicos donde se combinan producciones vegetales para el consumo humano y la ganadería y producciones animales.
Apoyar proyectos coherentes para el desarrollo del territorio, como así lo hacen ciertos colectivos, basados en actividades creadoras de empleo y en producciones destinadas a alimentar con prioridad al territorio, véase espacialmente el trabajo de la asociación “Tierra de Vínculos” que propone poner remedio a la creciente desaparición de pequeñas unidades de producción agrícola (https://www.terredeliens.org/)…

¿Qué soluciones en el plano internacional?

Supervisar, véase prohibir, la compra de tierras por extranjeros, tal como lo preconiza la Asociación Grain, reforzando el control de las comunidades sobre sistemas alimentarios basados en prácticas más sostenibles.

Recurrir a la Corte Penal Internacional que desde ahora puede examinar esos temas, las degradaciones hechas al medio ambiente y los acaparamientos de tierras de ahora en adelante se considerarán crímenes contra la Humanidad.

Combatir la política de la OMC sobre los derechos de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, la cual impide a los agricultores de hacer lo que vienen haciendo desde hace milenios, a saber, guardar, intercambiar y mejorar sus semillas. Salirse de los tratados de comercio, como el CETA, recientemente aprobado por el Parlamento Europeo, que atenta contra la libertad de los agricultores de producir e intercambiar sus propias semillas (ver el trabajo de CCFD Tierra solidaria y de los campesinos malienses: http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/mali/au-mali-proteger-et-5692).

Establecer una alianza mundial para el desarrollo con la finalidad de responder a las necesidades de los países sin litoral en vía de desarrollo y los pequeños Estados insulares en vía de desarrollo. En respuesta al cambio climático, apoyar prioritariamente la adaptación de las pequeñas explotaciones familiares…

Animar a los políticos proteccionistas, para tener precios agrícolas que cubran los costes de producción medios, hay que evitar las importaciones a bajos precios (pero también controlar la producción y no subvencionar la exportación). Para ello son necesarios derechos variables de Aduana, ligados al coste medio de producción agrícola sostenible de los países.

Establecer nuevas reglas sobre el comercio internacional basadas en intercambios justos y que respeten a los agricultores, asalariados agrícolas, consumidores y el medioambiente tal como lo preconiza desde 1996 el movimiento campesino mundial “Vía campesina” (https://www.viacampesina.org/fr/).

Por Ludovic Brossard

Si quiere saber más:
http://souverainetealimentaire.org/
https://gerardchoplin.wordpress.com/

Fuente: Mediapart, Famines: de l’urgence d’agir contre les accaparements de terre, ici et là bas, publicado el 20 de abril de 2017.

Traducido para UMOYA por Juan Carlos Figueira Iglesias.

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