Cuando las multinacionales hacen callar a los defensores de los derechos humanos




Los “juicios-mordaza” que las empresas ponen en marcha para limitar la libertad de expresión se están multiplicando. Publicado por Sherpa, asociación de juristas y abogados que defienden a las víctimas de “delitos económicos”.

Edward Snowden. Noviembre de 2016.

El valor que tienen las diez mayores multinacionales representa hoy la riqueza total de los 180 países más pobres [1]. El aumento de poder de algunos gigantes del sector privado sobre los Estados va acompañado de una acentuación de las violaciones de derechos fundamentales, que se producen en el desarrollo de la actividad de las multinacionales. El 65% de las empresas francesas han tenido implicación en polémicas relacionadas con violaciones de derechos humanos en los últimos diez años [2].

Sin embargo, el lobbying o acoso laboral por parte de los actores económicos ha facilitado recientemente que se refuerce la protección de sus propios intereses, todo gracias a la aprobación de textos como la directiva europea del secreto comercial. Esto contribuye a que se generalicen los “juicios-mordaza”, dirigidos a las personas que denuncian estos abusos. El juicio Luxleaks refleja bien este desequilibrio de relaciones de poder que existe entre una multinacional como PwC y un denunciante de abusos, Antoine Deltour. Este fenómeno se puede ver a través de una serie de juicios y sentencias emitidos contra el interés general. No importa si se trata de comunidades locales, periodistas, ONG, abogados o denunciantes: ningún eslabón de la cadena de defensores de derechos se escapa.

“Juicios-mordaza”



Los sistemas jurídicos de los Estados donde los grandes grupos deciden deslocalizar sus actividades tienen en común, en muchas ocasiones, el hecho de que no protegen ni a las comunidades ni a los defensores de derechos contra este tipo de procesos. El resultado es una proliferación de arrestos arbitrarios, de amenazas y de violencia física que acaba por quedar impune.

La lucha contra estos “juicios-mordaza” requiere la protección de estos defensores y la garantía de que las ONG, los abogados, periodistas o denunciadores van a tomar el relevo. No obstante, estamos asistiendo a una diversificación y una multiplicación masiva de los “juicios-mordaza” en su contra.

Aumento de procesos judiciales



Sherpa, que se enfrenta a diversas causas por difamación iniciadas por empresas como Bolloré o Socfin, ha asistido a esta proliferación de procesos judiciales. Vinci ha iniciado seis ataques diferentes contra la asociación como respuesta a la denuncia de Sherpa por trabajo forzado en Qatar. Además, el considerable aumento de las sumas exigidas para compensar el supuesto daño a la reputación resulta desproporcionado si se tienen en cuenta los medios de los que disponen las víctimas. Vinci ha exigido 400.000 euros a Sherpa como precio simbólico. Bolloré, por su parte, reclama 50 millones a la cadena de televisión France 2 por desprestigio comercial.

Estos juicios buscan debilitar psicológicamente y económicamente a toda organización que saque a la luz las violaciones de derechos humanos y ambientales y las haga saber al público para el interés general. El coste económico de defenderse contra los gigantes del sector privado se asemeja, en muchas ocasiones, a la historia de David contra Goliat. El riesgo financiero de estos procesos es lo suficientemente alto como para disuadir a las organizaciones, que acaban por autocensurarse. Por tanto, los “juicios-mordaza” amenazan directamente la libertad de expresión pero también el acceso de todos a la justicia.

Prohibido publicar



La paradoja de estos “juicios-mordaza” reside en el hecho de que las multinacionales no sólo obtienen el derecho de prohibir publicar información, sino que, por si fuera poco, pueden exigir que esto no se sepa. En el caso de “Probo Koala” [Caso de residuos tóxicos mortales en Costa de Marfil, 2012], la empresa Trafigura consiguió que un juez prohibiese al periódico The Guardian publicar información que pusiera en entredicho a la empresa, así como una prohibición que impidiese divulgar esta censura. Este aumento del control de los medios de comunicación por parte de las potencias económicas, hace que sea aún más imprescindible que las personas y organizaciones defensoras de los derechos independientes puedan expresarse libremente con el fin de priorizar el interés general sobre el privado.

El 21 de febrero se inició un progreso significativo que busca responsabilizar a las multinacionales de las actividades en el extranjero que violan los derechos humanos. Esto se ha conseguido gracias a la adopción de la propuesta de ley sobre el deber de vigilancia. En un contexto de sobreprotección de los intereses privados, es esencial que esta postura inusual que aboga por una globalización más justa no sufra la censura del Consejo constitucional en nombre de la libertad de actividad empresarial.

Refuerzo de la libertad de expresión



Con este entusiasmo de resistencia legislativa que abre una vía a los defensores de derechos, Francia podría, a día de hoy, seguir el ejemplo de otros países y reforzar la libertad de expresión contra los “juicios-mordaza”.

 Existen soluciones técnicas como obligar a la empresa a declarar (o incluso probar) que las acciones judiciales emprendidas no se tratan de “juicios-mordaza” o, en caso de que así fuera, tener previstos mecanismos rápidos para acelerar los procesos. Otra alternativa sería una modificación de la carga de la prueba. Además, para remediar este problema de acceso a la justicia, algunas medidas podrían llevarse a cabo para disipar las inquietudes de los defensores en cuanto al ejercicio de su libertad de expresión. Por ejemplo, crear un fondo específico de ayuda económica para los defensores, reservar obligatoriamente una provisión para gasto, establecer un seguro público o incluso exigir a los que inician las causas hacerse cargo íntegramente de los costes judiciales, así como de los daños y prejuicios ejemplares.

Despenalizar la difamación tal y como propone Vincent Vigneau, consejero del Tribunal de Casación francés, podría igualmente permitir un refuerzo de la igualdad de las partes, una mejor gestión de las costas judiciales y la posibilidad de obligar a una empresa a publicar una decisión que acabaría con toda difamación. Francia podría por fin contar con una ley “antijuicios-mordaza” que se correspondiera con sus objetivos, como la de Quebec, la de algunos estados de Estados Unidos o la de Australia, donde la difamación está prohibida para las empresas de más de diez asalariados.

Asociación Sherpa




[1] Corporations running the world used to be science fiction – Now it’s a reality.



[2] Estudio realizado por el ECCJ (Coalición Europea de Justicia Corporativa) y el IPIS (International Peace Information Service): http://corporatejustice.org/Over-half-of-European-Companies.html?lang=en

[3] O en inglés SLAPP (Pleito estratégico contra la participación pública).

Fuente: La Tribune, Quand les multinationales réduisent les défenseurs des droits humains au silence, 23 de marzo de 2017.

Traducido para UMOYA por Laura de la Barrera Díaz (Universidad de Salamanca).

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