Ruanda, ni democracia ni reconciliación

En estos primeros días de abril, se recuerda de modo especial la tragedia que asoló Ruanda en 1994: guerra civil, genocidio contra los tutsi, masacres indiscriminadas de la población civil hutu, perpetradas antes, durante y después del genocidio de 1994. El Frente Patriótico Ruandés, movimiento político-militar en cuyas manos exclusivas está el poder desde julio de 1994, aprovecha anualmente estas fechas para recordar el genocidio contra los tutsi y, en actividades programas al efecto, legitimar su control total del Estado. Estas conmemoraciones, en principio tan indispensables para ahuyentar o exorcizar un pasado sangriento que no debiera repetirse, se convierten, sin embargo, en un factor de callada división social y de posibles e indeseables confrontaciones futuras. Se trata de una memoria oficial selectiva del sufrimiento de unos, los tutsi, que sin duda merecen recuerdo y solidaridad, frente al silencio, olvido e incluso menosprecio del dolor de quienes, los hutu, no pueden recordar y llorar a sus muertos. El Presidente-general  Kagame, en estas fechas, no se ha privado de zaherir a la comunidad hutu y de reclamar a los hutu colectivamente que pidan perdón, aun cuando fueran bebés o no hubieran nacido en 1994, por los crímenes cometidos contra los tutsi.

Paul Kagame gobierna Ruanda desde julio de 1994, primero como vicepresidente y ministro de defensa y luego como Presidente. Por “exigencia y aclamación popular”, este año, en agosto, renovará, sin duda alguna con más del 90% de los votos, por tercera vez su mandato presidencial. Ha logrado modificar en ese sentido la Constitución, que fijaba un límite de dos mandatos; otras modificaciones introducidas harán que pueda permanecer en la jefatura del Estado hasta el año 2032. Se trataría pues de un mandato vitalicio, acorde con los méritos de un “caudillo providencial”. A lo largo de estos años ha ido eliminando a cualquiera que pudiera hacerle sombra o disputarle el poder. Posibles opositores han sido perseguidos, asesinados, encarcelados, obligados al exilio o han pasado a formar parte de la abundante lista de “desaparecidos”. Es el caso de numerosos dirigentes o antiguos colaboradores del  núcleo duro del propio FPR, donde la disidencia se paga con frecuencia con la vida.

En esta política de ocupación en exclusiva del espacio político, cabe destacar el encarcelamiento de la Señora Victoire Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU). La Sra. Ingabire regresó a Ruanda, después de 16 años de exilio en Holanda, en enero de 2010. Nada más aterrizar en Kigali expresó claramente su objetivo: movilizar, superar el miedo y entrar en acción para alcanzar la reconciliación de una sociedad en la que no hay ruandés que no haya conocido el sufrimiento. Su discurso terminó con un “despertad y renunciar al miedo; liberémonos pacíficamente”. Un auténtico desafío, que horas después, en su visita a un Memorial del genocidio, completó con la reclamación de que todas las víctimas, no solo las del genocidio contra los tutsi, fueran recordadas. “Para  que podamos alcanzar una verdadera  reconciliación, debemos mostrar empatía con los sufrimientos de todos. Los hutu culpables de masacres contra los tutsi deben ser castigados, lo mismo que los que han matado a los hutu deben responder de sus actos innobles”. El mensaje es claro; la reconciliación solo será posible si se reconoce y comparte la verdad. Un largo camino que la Sra. Ingabire quiere recorrer, cuya primera etapa sería la campaña para las elecciones presidenciales previstas para agosto de ese año. El partido FDU no fue legalizado y la Sra. Ingabire acabó en la cárcel. Una primera condena de 8 años, recurrida, terminó con la definitiva de 15 años en diciembre de 2013. Pero la sra. Ingabire representa un caso entre muchos otros.

El régimen se ha ocupado con especial dedicación en desmantelar también las organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos, mediante la persecución de sus dirigentes; en otros, tratando de infiltrar en las ejecutivas a miembros adictos al régimen y sustituir a los que pretendían mantener las organizaciones sociales fuera de la influencia y control del poder establecido. Muchos periodistas independientes, responsables de asociaciones de defensa de los derechos humanos, han sido eliminados, obligados a exiliarse y silenciados. Así, además de control total del poder ejecutivo, del legislativo el régimen ha logrado controlar el tejido social y anular cualquier posibilidad de crítica o contestación popular. El control llega a las colinas; el régimen ha desplegado por todo el territorio a informantes (uno por cada 10 familias) que son los ojos y oídos del poder. El temor, el miedo, el silencio, se han apoderado de las mentes. Ruanda se aleja de la democracia y todo parece indicar que se acerca al sistema de Corea del Norte.

Hay otro factor especialmente importante que dibuja un panorama futuro alejado de la deseable reconciliación entre ruandeses. A lo largo de estos años, la JUSTICIA, clave para sentar las bases de una convivencia pacífica, ha sido impartida y así ha sido percibida como la justicia de los vencedores, como una justicia vengativa. Los crímenes cometidos del FPR contra la comunidad hutu antes, durante y después del genocidio, no han sido juzgados; sus responsables han quedado impunes. El FPR ha gozado del privilegio de la impunidad. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), fue creado en noviembre de 1995 para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. ¿Ha logrado cumplir con este mandato? ¿Ha logrado crear las condiciones de reconciliación nacional? La respuesta a estas preguntas no puede ser sino negativa. Ningún tutsi o miembro del FPR ha sido juzgado, a pesar de la probada existencia de crímenes cometidos por el FPR. Ha sido un tribunal al servicio de los vencedores. En 2001 se crearon más de 12.000  tribunales populares GACACA (justicia sobre la hierba, que tradicionalmente se encargaban de resolver litigios entre vecinos; justicia reparadora de la armonía vecinal quebrada). Estos tribunales juzgaron casi 2 millones de casos, con un 65% de condenas, algunas con penas de hasta 30 años. Tampoco los objetivos pretendidos: hacer justicia, reparar a los supervivientes del genocidio tutsi y sentar las bases de la reconciliación nacional parecen haber sido alcanzados. HRW ha hablado de “balance mitigado” y la mayoría de los informes señalan una falta total de garantías de equidad, con lo que han podido sembrarse en una sociedad muy rota semillas de desconfianza, odio y revanchas futuras.

Quiero terminar este escrito citando unas palabras de Victoire Ingabire, de su libro escrito desde la cárcel de Kigali  “Ruanda, Entre las cuatro paredes de la 1930”: “Para que podamos alcanzar una verdadera reconciliación, debemos mostrar empatía con los sufrimientos de todos. Los hutu culpables de masacres contra los tutsi deben ser castigados; lo mismo que los que han matado a los hutu deben responder de sus actos innobles. La reconciliación solo será posible si se reconoce y comparte la verdad. El camino será largo y deberá ser protagonizado por todos los ruandeses. Soy consciente de que no es un camino fácil. Tenemos que armarnos de paciencia y hacer gala de voluntad y determinación”.

Ramón Arozarena, 3 de abril de 2017.

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