La auditoría de la deuda: un arma alternativa contra la captura del Estado

© Herida: una guerrillera mozambiqueña recibe cuidados en las heridas producidas por una mina terrestre. Fotografía: Daniel de Andrade Simões.

Muchas naciones africanas están atrapadas en un enorme mar de deudas derivadas de los créditos extranjeros que rara vez han beneficiado a la población de a pie. Los ciudadanos necesitan una auditoría de esas deudas. Las deudas odiosas deberían repudiarse y mandar las consecuencias al bledo. Además, como demostró Thomas Sankara durante los cuatro años en los que fue presidente de Burkina Faso, las naciones africanas no necesitan créditos extranjeros para satisfacer las necesidades de su gente.

En la década de los 90, la Uganda de posguerra estaba reestructurando el servicio civil. El país estaba totalmente financiado por fondos del Banco Mundial y por donaciones para «re-equipar» los servicios públicos, impulsar la construcción y rehabilitar las infraestructuras. En aquella época, los short landings [aterrizajes cortos] estaban a la orden del día. Es una práctica fraudulenta universal que consiste en que un proveedor o bien no entrega o bien presenta una cantidad menor de bienes que los que se han pagado y, después, obtiene un certificado de entrega de los mismos gracias a un administrador confabulado. A continuación, se paga al proveedor a través de un pagaré. Es lo que localmente se conoce como air supply [«suministro de aire» o «fantasma»].

Para asegurarse de que el dinero realmente se gastaba con el propósito adecuado y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, dejó de ser suficiente que los ministerios, los departamentos y las agencias del gobierno (MDA por sus siglas en inglés) presentaran solo las facturas de los fondos públicos empleados. Se estableció que debían mostrar al pueblo que se sacaba rédito del dinero invertido. El Banco Mundial publicó un manual de auditoría de valor por dinero (VFM, por sus siglas en inglés –Value For Money) en el que se establecían los pasos a seguir para llevarlas a cabo. Una búsqueda en el sitio web del Banco Mundial sobre las auditorías de VFM muestra más de 66 mil resultados. Ahora, el VFM forma parte de la auditoría estatutaria anual de Uganda.

En la actualidad, el continente africano se enfrenta a un nuevo peligro. Las menguantes fuentes tradicionales de materias primas han contribuido a que las fuentes secundarias sean económicamente viables. Las prospecciones en Uganda y Ghana han demostrado sobre el papel que, inesperadamente, son países «ricos en petróleo» y el descubrimiento de enormes depósitos de gas natural licuado (GNL) en Mozambique significa que Mozambique puede ver un futuro más allá de ser un País Pobre Altamente Endeudado.

El riesgo financiero inherente ya no es sólo que el suministro de equipamiento y material para las nuevas industrias pueda evaporarse, sino que, además, los gobiernos de estos países, ahora ricos, usarán las materias primas como garantías para los préstamos; de esta forma, para cuando empiecen las perforaciones, muchas de las ganancias que se sacan de estas materias ya se adeudarán a los banqueros occidentales. Por tanto, los ciudadanos de estos países, ahora ricos, no notarán ningún cambio significativo en su día a día; el número de servicios ofertados continuará siendo bajo y los indicadores económicos y sociales seguirán siendo patéticos.

El discurso popular sobre «la maldición de los recursos» es una distracción. Lo que quiere decir es que las personas africanas y de otros países en desarrollo no pueden gobernarse a sí mismas. La verdad es que la dinámica es muy simple: la élite de los países en desarrollo se confabulaba con los bancos internacionales y con inversores extranjeros para explotar a los países en desarrollo que cuentan con un escaso control financiero de su medio ambiente.

Este es el eje fundamental del problema de la deuda en Mozambique. En el caso de este país, el préstamo sobre la futura extracción de gas natural no solo fue imprudente e insostenible, sino que, además, se hizo de forma secreta, fuera de la jurisdicción de las autoridades firmantes, y estaba garantizado por avalistas no autorizados. Así las cosas, la constitución de Mozambique tampoco lo habría permitido aun cuando los avalistas hubieran tenido la autoridad para expedir las garantías.

Parece que el caso está más claro que el agua; a parte de los tres oficiales que expidieron los préstamos, los mozambiqueños no tienen más deudas. La «crisis» fue impulsada solo por el FMI y por los donantes que presionaban al nuevo gobierno para que negociara con los prestamistas y, de esa manera, justificar los préstamos ilícitos.

«La deuda en su forma presente es una reconquista de África organizada inteligentemente en la que nuestro crecimiento y desarrollo están regulados en niveles y en la que las leyes nos alienan totalmente. Es una reconquista que convierte a cada uno de nosotros en un esclavo financiero —o simplemente en un esclavo— de aquellos que tienen la oportunidad, la capacidad y la falta de escrúpulos para invertir fondos en nuestros países, que estamos obligados a volver a pagar. Algunos nos dicen que paguemos la deuda…

Ninguna deuda puede re-pagarse. La deuda no puede volverse a pagar, ante todo, porque si no pagamos, los prestamistas no morirán. Pueden estar seguros de eso. Por otra parte, si nosotros sí pagamos, seremos los que muramos. También pueden estar seguros de eso. Aquellos que nos llevaron a esta situación estaban apostando como si estuvieran en un casino. Mientras ganaban, no había problema. Ahora que están perdiendo sus apuestas, exigen que les volvamos a pagar. Hablan de la crisis. No, Señor Presidente. Ellos apostaron. Ellos perdieron…

No podemos pagar la deuda porque no tenemos con qué. No podemos pagar la deuda porque no es nuestra responsabilidad…»

Extracto del discurso del presidente Thomas Sankara en la XXV Conferencia de la «Organization de la Unidad Africana», en Adís Abeba, Etiopía, el 29 de julio de 1987.

La necesidad de una intervención ciudadana

El 14 de febrero de este año el índice de S&P sobre la deuda soberana reveló que 13 países africanos tenían problemas con la misma. Se necesita un nuevo acercamiento a la auditoría financiera para atajar un riesgo exponencialmente mayor: la auditoría de la deuda. La meta de este ejercicio es descubrir y hacer públicos todos los acuerdos de préstamos y todas las deudas contraídas por funcionarios públicos para dictaminar si los acuerdos son legales o no.

En cada préstamo analizado, si se estima que los signatarios tenían autoridad para firmar los acuerdos crediticios y no excedieron los límites legales de las garantías crediticias, entonces la auditoría de deuda sigue adelante para considerar si ha sido el Estado o sólo el régimen político quien ha obtenido algún beneficio del préstamo. Es decir, se investiga en qué se empleó.

Si fuera para el beneficio del régimen político, la deuda se categorizará como odiosa. La deuda odiosa es aquella que «un poder despótico contrae […] no por las necesidades o el interés del Estado, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir la lucha popular contra él, etc.; dicha deuda es odiosa para la población del Estado en su totalidad». [1]

Se exige a los bancos que sean debidamente diligentes

Las mejores prácticas internacionales requieren que se realicen los debidos procedimientos con diligencia previamente a la otorgación de los préstamos. Los requisitos básicos determinan que los bancos tienen la obligación de establecer que i) los funcionarios en cuestión son competentes para efectuar la transacción, ii) el prestatario (en este caso Mozambique) recibirá los fondos y iii) que dispone de los medios para reembolsarlos. Accesoriamente, las prácticas de diligencia pueden ser personalizadas para que se ajusten a determinados riesgos previamente conocidos.

Partiendo de que los banqueros no son nada necios, tenemos que asumir que los bancos involucrados en el caso de Mozambique estaban capacitados para realizar un estudio fiable de viabilidad. Por consiguiente, la iniciativa del proyecto de pesca de atún se considera poco realista en tanto que sugiere que los ingresos de la nueva industria rebasarían los de la consolidada industria atunera de las Seychelles por un factor de tres.

Los funcionarios del Gobierno admitieron posteriormente que el proyecto de pesca era una mera fachada que escondía un acuerdo de material militar. Uno de los bancos prestamistas tenía vínculos con la empresa que proporcionaba el material. Así, los bancos podrían haber sido conscientes de que estaban financiando una iniciativa incapaz de obtener beneficios. De esta manera, podemos llegar a la conclusión de que simplemente estaban apostando que serían capaces de apropiarse del dinero proveniente del gas natural líquido cuando este se comenzara a explotar.

Repudio de la deuda

Si la deuda suspendiera alguno de los test de legitimidad, el Estado estaría justificado para no pagarla. El repudio de la deuda se basa en el principio de que un prestamista, a sabiendas de que el préstamo no beneficiará al Estado, no está facultado para hacer reclamaciones a dicho Estado.

Esto incluye, por ejemplo, el dinero tomado ilegalmente de Hacienda empleado para financiar campañas electorales derrochadoras y para persuadir y comprar votos. El dinero en efectivo abonado a «operativos de seguridad» clandestinos contratados ad hoc para golpear a los activistas opositores durante las campañas electorales y las manifestaciones también entraría dentro de esta categoría. De igual manera, entrarían los préstamos destinados a equipamiento militar como el gas lacrimógeno y el espray de pimienta que se emplean para mantener a regímenes corruptos en el poder. También entrarían los préstamos destinados a financiar unidades militares de élite, que están separadas y mejor armadas que el ejército regular y tienen como función proteger a la figura del presidente (Barkan empleó la analogía de la Guardia Pretoriana del César).

Para proteger al prestamista, el repudio de la deuda solo es legal cuando el Estado soberano puede demostrar que no ha obtenido ningún beneficio del préstamo Y, ADEMÁS, que el prestamista era consciente de que este era el resultado más probable. La clave es el secretismo que envuelve dichos préstamos.

Los prestamistas tienen la ventaja adicional de que pueden identificar quiénes son los beneficiarios reales de dichas deudas gracias al informe de la auditoría de deuda y pueden actuar contra ellos para recuperar el dinero, y no contra los ciudadanos inocentes del país.

Se considera beneficiarios de la deuda odiosa e ilegal a quienes reciban sobornos de los proveedores y contratistas locales e internacionales que hayan pagado para asegurarse contratos, cuyo coste infla los préstamos y acaba recayendo en el Estado. La magnitud de esta práctica solo ha empezado a ser ampliamente conocida en los últimos tiempos. Hace dos meses, Rolls Royce pagó sanciones que sumaban 800 millones de dólares estadounidenses por sobornos en Angola, Nigeria y Sudáfrica, además de Azerbaiyán, Brasil, India, China, Indonesia, Irán, Irak, Kazajistán y Arabia Saudita. La empresa brasileña de construcción Odebrecht acordó el pasado mes abonar 3,5 millones de dólares estadounidenses en concepto de sanciones por sobornar a funcionarios para obtener adjudicaciones de ingeniería civil en Angola y once países más.

Me gustaría aclarar al lector que sobornar para obtener contratos no se aleja mucho de pagar a funcionarios públicos para que inventen proyectos innecesarios, sencillamente para desviar fondos gubernamentales. Los proyectos que no acaban arrancando también representan un mercado, hinchados por «inversores extranjeros».

Curiosamente, los organismos internacionales de crédito, que tan vigorosamente instigaban a realizar auditorías eficientes, se muestran ahora menos entusiastas (si acaso lo están) en lo relativo al concepto de la auditoría de deuda, que es igual de importante. Si uno escribe «debt audit» [auditoría de deuda] en el buscador del Banco Mundial, la web solo muestra un resultado y es irrelevante.

Filipinas adopta medidas de auditoría de deuda

En diciembre del 2016 Filipinas promulgó una ley que convertía las auditorías de la deuda pública en un componente imprescindible de la auditoría anual del gasto público. En el 2017 se analizarán 20 proyecciones, incluidas algunas financiadas con préstamos del Banco Mundial, del Banco Asiático de Desarrollo y del Banco Japonés de Cooperación Internacional. Toda deuda que se encuentre ilegal, ilegítima u odiosa, será repudiada.

La senadora responsable de ejercer presión para implementar esta reforma, Risa Hontiveros, afirma lo siguiente: «Este es un hito realmente histórico. Con esta provisión, nos comprometemos a examinar con diligencia si las deudas del país son realmente conformes con los principios relativos a la promoción responsable del empréstito y el préstamo establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y a repudiar la parte ilegítima de la deuda total (los destacados son míos)».[2]

No existe ningún problema respecto al endeudamiento propiamente dicho, pero se ha utilizado como arma contra países africanos y otros estados vulnerables. La organización Jubilee Debt Campaign lo denomina «la trampa de la deuda». [3] Un ejemplo de ello es Ghana, que hace una década se benefició del proceso de cancelación de la deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPMEs) y se encuentra de nuevo en una situación de sobrendeudamiento. Y eso a pesar de haber descubierto petróleo y disfrutar de los elevados precios del producto en aquel momento.

Más allá del riesgo moral para los líderes, es decir, de la tentación de robar simplemente una parte del dinero (y no todos los líderes son culpables de esto), existe el riesgo moral para las instituciones internacionales de crédito. Muchas prestan dinero conscientes de que, debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, a la deficiente gestión financiera y a otras circunstancias, es probable que el prestatario tenga dificultades para pagar. Sin embargo, el negocio sigue siendo rentable ya que el prestamista es capaz de poner contra las cuerdas al prestatario hasta que renuncie a futuras materias primas sin explotar o incluso aún por descubrir. Este es el efecto de la garantía de Mozambique por la que renunció a «toda inmunidad que ella o sus bienes o ingresos pudieran disfrutar bajo cualquier jurisdicción».

Programa de Reforma de la Administración Pública de Uganda

La auditoría de la deuda de los ciudadanos es esencial debido a que las instituciones de crédito tienen un incentivo para adornar los hechos relativos a su propio rendimiento. Tomemos como ejemplo el Programa de Reforma de la Administración Pública [Civil Service Reform Programme], del Banco Mundial en Uganda. Su puesta en marcha era indispensable si se querían recibir préstamos para el desarrollo. Después de exceder los cinco años asignados, se «prorrogó» y pasó a denominarse Servicio Público 2000 [por sus siglas en inglés, PS2000]. Al PS2000 le siguió el Programa de Mejora del Rendimiento del Servicio Público [Public Service Performance Enhancement Programme].

Bajo cada uno de estos proyectos hubo intentos que buscaban implementar un sistema de personal integrado y de nóminas para el servicio público. La necesidad aumentó cada vez de forma más urgente ya que la nómina se utilizó como vehículo para desviar dinero del Tesoro recurriendo a beneficiarios fantasma. Las pérdidas descubiertas durante el Programa de Mejora [Enhancement Programme] ascendieron a 165.000 millones de chelines ugandeses (47 millones de dólares). Por desgracia, la acusación fracasó por falta de pruebas. Sin embargo, los funcionarios de alto rango del mismo ministerio fueron condenados por fraude, lo que provocó una pérdida financiera para el Gobierno de 88.000 millones de chelines ugandeses (25,1 millones de dólares).

A pesar de este pésimo rendimiento en la gestión de la nómina, el Banco Mundial valoró el Programa de Mejora del Servicio Público en términos positivos en el año 2015: «Se ha llevado a cabo un Sistema Integrado de nómina y de personal en todos los establecimientos públicos y se ha alcanzado el objetivo». [4]

Sin embargo, el Informe del Auditor General de 2015/2016 establece que se completó solamente uno de los nueve módulos planificados de los objetivos. Las anomalías de la nómina, identificadas por primera vez en un estudio a mediados de la década de 1990, persisten: aún se están realizando múltiples pagos y no siempre se elimina a aquellos que salen, por lo que todavía existen fantasmas en la nómina. Estos últimos pueden tener relación con el hecho de que el contratista no consiguió conectar el IPPS con el Sistema Integrado de Administración Financiera [Integrated Financial Management System] según lo dispuesto y, por lo tanto, los registros falsos pueden ser introducidos durante la transferencia manual de datos de un sistema a otro.

Se gastaron 4 millones de dólares en el IPPS, la mayoría pagados al contratista. Tras esta muestra, se pidió al contratista que comenzara a trabajar en la Fase II. El resultado final es que, debido a errores persistentes y a su incapacidad para erradicar el problema de los fantasmas, se ha planificado desechar y reemplazar todo el IPPS en mayo de 2017.

Uganda es un país relativamente pequeño con una reducida administración pública. Es increíble que un simple sistema de nómina pueda requerir más de una década para ser implementado, mientras que el país pierde miles de millones de chelines en sueldos y en pensiones fraudulentas. No hay nada que justifique los 4 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos pagó al contratista que devolviera al Banco Mundial. Nosotros no tenemos una IPPS completa. El contratista debe ser contactado para que devuelva los fondos al prestamista.

Debido a que el Programa de Mejora del Servicio Público [Public Service Enhancement Programme] fue financiado conjuntamente por el Banco Mundial (20,3 millillones de dólares) y mediante subvenciones de los Gobiernos británico, irlandés y danés (16,57 [millones de] dólares), no se puede establecer de inmediato qué componentes del proyecto fueron financiados por quién. Si fue el Banco Mundial, entonces la deuda es odiosa hasta el punto de que se pagó incluso antes de que se hubiera completado la fase I del proyecto. Si fue financiada mediante subvenciones, entonces no hay deuda, por lo que la recuperación de la pérdida es un asunto que concierne a los contribuyentes de Gran Bretaña y Dinamarca. El Gobierno irlandés se retiró alegando corrupción en el Ministerio de Servicios Públicos [Ministry of Public Service].

Lista ilustrativa de la deuda ilegítima en Uganda

Proyecto Deuda ilegítima
El Servicio Nacional de Asesoramiento Agrícola

[National Agricultural Advisory Service]

Financiado en parte por un préstamo de 50.000 dólares del Banco Mundial. Fracasó al no aumentar el rendimiento de las cosechas tras ocho años. El presidente admitió que el servicio estaba corrompido.

50 millones de dólares.
El litigio de Tullow Oil

Remuneración ilegal proporcionada a 42 funcionarios del Gobierno en el litigio exitoso contra Tullow Oil. Se tomó el dinero del Tesoro, que está apoyado en parte por préstamos del Banco Mundial.

6.000 millones de chelines ugandeses. Aproximadamente 1.714.285 dólares.
Documento nacional de identidad

Primer intento: la adquisición fraudulenta dio lugar a una nueva licitación.

Segundo intento: el contratista elaboró únicamente 400 tarjetas.

Presupuesto original 185.000 millones de chelines. Se desconoce cuánto se avanzó en cada uno de los dos primeros intentos.
1995: Programa de Reforma de la Administración Pública del Ministerio de Servicios Públicos

Base de datos del personal integrado y de las nóminas – La implementación fracasó. Se pagó al contratista.

Fuentes de financiación desconocidas.
2013: Programa de Mejora del Ministerio del Servicio Público

Sistema de Pago del Personal Integrado

Fase I: Solo uno de los nueve módulos fueron entregados a tiempo y se estaba trabajando en otros tres. Sin embargo, se pagó al contratista.

Fase II: Se contrató a la misma empresa.

Se ha planificado desechar el sistema en abril de 2017 y adquirir uno nuevo (Informe del Auditor General de 2016)

4 millones de dólares.
Comisión de Tierras de Uganda

«Revisado» por el Programa de Mejora del Servicio Público para asegurar el uso eficiente de los bienes públicos.

Resultado: El Informe del Auditor General de 2015/2016 muestra un fraude masivo. Se arrebataron terrenos públicos a instituciones educativas para privatizarlos, hipotecarlos y venderlos.

Si se ha contraído una deuda por el componente del Programa de Mejora que revisó a la Comisión de Tierras de Uganda, esta debe ser repudiada ya que el resultado fue más que pobre y la evaluación del Banco Mundial no reveló ese hecho.
La invasión y ocupación de la República Democrática del Congo por Uganda

Una deuda reconocida judicialmente por la Corte Internacional de Justicia contra Uganda por el saqueo y pillaje de los recursos naturales.

La invasión no fue sancionada por el Parlamento y era inconstitucional.

Para financiar la invasión, el gobierno redujo los presupuestos de todos los ministerios, departamentos y agencias del Gobierno en un 25 %. Esto incluye aquellos financiados y protegidos por los países donantes: la enseñanza y la asistencia médica primarias.

10.000 millones de dólares.

Si la invasión fue parcialmente financiada por el Banco Mundial, el FMI u otros fondos de préstamos, deben ser repudiadas.

Todos estos ahorros potenciales podrían hacer que los países africanos fueran autosuficientes. Hay dos áreas clave en las que, si se hubiera invertido, se habría liberado al Continente de la carga de deudas inasumibles:

  • valorización de las materias primas y
  • sistemas de irrigación.

El calentamiento global representa una amenaza para alrededor del 60 % [5] de la población dedicada al sector agrícola del continente, la cual utiliza métodos de cultivo tradicionales y, por lo tanto, depende de la lluvia. Tengamos en cuenta que en los 60 años anteriores a 1970, Uganda solo sufrió tres sequías graves, pero en las cuatro décadas siguientes (1970 – 2010) hubo ocho sequías graves. [6]

La industria algodonera de Mali fue prácticamente destruida tras la sequía del 2007, a la que precedió un colapso en los precios del mercado. Estos se desplomaron debido a la liberalización, requerida por el FMI, en este país. Esto provocó que el algodón de Mali perdiera el 20 % de su valor al tener que competir con el americano, que estaba subvencionado. Se hizo necesaria una intervención de contención de pérdidas radical.

Sin embargo, el FMI, ante el que la administración pública se ha arrodillado, no parece centrarse en estas intervenciones. Mientras que sus Programas de Ajuste Estructurales requieren una reforma de la función pública, pasan por alto las innovaciones que ayudarían a que África diera el salto a la autosuficiencia, como los sistemas de irrigación o la valorización de las materias primas. El buscador de su sitio web muestra 1.000 resultados menos para la palabra «irrigación» que para sus temas predilectos; por ejemplo, la «gestión centrada en los resultados», implementación que resultó ser problemática.

Las consecuencias potenciales del repudio de la deuda

El repudio de la deuda podría conllevar penalizaciones, por supuesto. Las instituciones financieras podrían boicotear a los países. Se podrían imponer sanciones. Incluso podría provocar un bloqueo total. Uno piensa inmediatamente en la posible pérdida de los programas de vacunación de UNICEF y los préstamos para arreglar las carreteras. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Los prestamistas quieren (necesitan) las materias primas. Su consumo no conoce límites. El truco está en generar valor a partir de ellas y obtener por tanto un precio decente por las mismas, para así volverse cada vez menos dependientes de los préstamos.

Además, exceptuando al presidente Thomas Sankara de Burkina Faso, no se conoce a los líderes africanos precisamente por haber tratado de ser autosuficientes. Las estadísticas de rendimiento de Sankara deberían ser de lectura obligatoria para la próxima generación y así poder demostrarles que es factible: en sus cuatro años de presidencia, y sin contraer deudas con el FMI; la producción de alimentos por hectárea se duplicó; la tasa de mortalidad infantil se redujo casi a la mitad; y la asistencia escolar aumentó más del doble. Durante el «embargo al imperialismo de la deuda» de Burkina Faso, como el capitán Sankara lo llamaba, se movilizó y vacunó a dos millones y medio de niños en una semana. Fue una hazaña por la que incluso la Organización Mundial de la Salud lo felicitó.

Hubo consecuencias, numerosas dificultades. No fue una elección fácil. Como decía Fidel Castro: “Patria o muerte”. A la mayoría de los ciudadanos no se les presentó otra opción, pero me gusta pensar que muchos de ellos hubieran elegido las dificultades antes que ser estrangulados por Christine Lagarde y Compañía.

Sankara eligió la Patria y fue rápidamente despachado por Blaise Compaoré, con el respaldo del gobierno francés. Compaoré asumió la presidencia antes de ponerse en contacto con el FMI y obtener un programa. Muchos esperaban que una inyección de crédito aceleraría el progreso del desarrollo: una búsqueda aleatoria sobre el tema en el sitio web de Bertelmann Stiftung muestra estas famosas últimas palabras:

«El marco institucional de la economía de mercado ha mejorado. La reducción de la deuda tras la conclusión de la iniciativa para los HIPC (países pobres altamente endeudados) ha proporcionado un alivio necesario. En reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno, la comunidad de donantes ha lanzado nuevos fondos. Las elecciones de 2005 servirán como prueba de fuego para el Estado de la democracia en Burkina Faso».

Compaoré fracasó en esa prueba además de en muchas otras. Con la ayuda de los franceses, huyó de Burkina Faso diez años después de la redacción de este informe optimista, forzado por las mujeres, los maestros y los jóvenes descontentos, que tuvieron que quemar el Parlamento para hacerse escuchar.

Por Mary Serumaga

Fuente: Pambazuka, Debt audit: An alternative weapon against state capture, publicado el 16 de febrero de 2017.

Universidad de Salamanca. Traducido para Umoya por Jon Fontán Calzada, Ion Hang Tang Pat, Pedro Lama Guerrero y Diego González González.

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