«Relato de una manipulación» – Pierre Péan

En un artículo publicado el pasado 1 de febrero, en las páginas de la edición digital de “Le Un” (http://le1hebdo.fr/numero/140), Pierre Péan, periodista de investigación, hace balance de la investigación francesa sobre el atentado del 6 de abril de 1994. Atentado que costó la vida a los presidentes Habyarimana de Ruanda y Ntaryamira de Burundi, a algunos de sus más allegados colaboradores, así como a los tres franceses que conformaban la tripulación del Falcon 50 presidencial.

Que Pierre Péan, renombrado periodista, haya quedado reducido a tener que expresarse en un medio bastante confidencial, dice mucho del ostracismo al que es sometido por parte de cierta prensa que goza de buena reputación. Semejante actitud se puede comprender perfectamente cuando se sabe que esa prensa en cuestión está mucho más preocupada de dar repercusión, tal si fuese un encantamiento, a la doxa que destila el régimen de Kigali que de esforzarse en informar a los lectores con una objetividad total.

Sobre este tema, recordemos la abusiva y perfectamente orquestada interpretación que se hizo del informe pericial que ordenó el juez Trévidic. Incluso antes de que los magistrados estuviesen en disposición de exponer a las partes las conclusiones de los peritos, el 10 de enero de 2012, la embajada de Ruanda en París y los abogados de la defensa se anticipaban al acontecimiento difundiendo la víspera, un comunicado triunfal anunciando una rueda de prensa con la finalidad de exponer las numerosas manipulaciones e irregularidades que empañaron esta información judicial  durante los diez años en los que fue dirigida por el juez Jean-Louis Bruguière. Sobre la marcha y sin haberse tomado la molestia de leer y analizar el contenido del informe pericial en cuestión (no disponible en ese momento), la gran mayoría de los medios de comunicación entonaron a coro el mensaje de Verdad destilado por la máquina de propaganda del régimen de Kigali. Titulares tales como “Ruanda, la prueba de un genocidio planificado” (Libération), “Habyarimana: un informe exculpa al clan Kagame” (Agence France Presse), “Un informe técnico que hace tambalear la historia” (Colette Breakman), “Ruanda, revelación sobre el atentado que fue la señal de partida del genocidio” (Nouvel Observateur), “Atentado del 6 de abril de 1994: la verdad contra el negacionismo del genocidio de Ruanda” (Le Monde), son lo suficientemente significativos para que sobre cualquier comentario.

Así, el título del artículo de Pierre Péan “Relato de una manipulación” adquiere todo su sentido ya que es claramente de esto de lo que se trata: una intoxicación de la opinión pública que comienza antes del atentado del 6 de abril de 1994 y que sigue estando de actualidad en 2017.

Luc Marchal.

RELATO DE UNA MANIPULACIÓN – Pierre Péan, periodista.

Pierre Péan

Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda, no encuentra palabras lo bastante duras para criticar a la justicia francesa. Está dispuesto a todo para impedir que juzgue los métodos que utilizó para llegar al poder. Todo, incluido la eliminación física de aquellos que quieren testificar contra él. Dos “pequeños” jueces asentados en la galería Saint-Éloi, el área antiterrorista del Palacio de Justicia de París, tienen efectivamente su destino en sus manos. Por supuesto, por deformación profesional, el dictador Kagame no se cree ni por un momento que la justicia francesa sea independiente. Para él, esos dos magistrados no son más que unos simples recaderos de las autoridades. Y, partiendo de este análisis, cuenta claramente con que París se doblegue utilizando el chantaje y amenazas de todo tipo.

Tiene buenas razones para aferrarse a esta idea porque ya funcionó cuando Nicolás Sarkozy estaba en el Eliseo. Éste hizo todo lo posible para entrabar el curso de la justicia que señala desde hace unos diez años al actual jefe de Estado ruandés como el que ordenó el atentado del 6 de abril de 1994, en Kigali, contra el avión presidencial ruandés, un Falcon 50 con nº de matrícula 9XR-NN. Atentado que desintegró el avión produciendo la muerte de Juvénal Habyarimana, su predecesor, así como la del presidente de Burundi, su séquito y tres franceses que componían la tripulación. Nueve colaboradores de Kagame están actualmente imputados por los cargos de atentado en relación con una empresa terrorista. Y el propio presidente ruandés ha sido él mismo objeto de una demanda presentada al secretario de Naciones Unidas para que se inicie una persecución judicial contra él por parte de la Corte Penal Internacional para Ruanda.

Para entender el empecinamiento del presidente Paul Kagame, en primer lugar hay que tener en mente el abismo que hay entre dos lecturas del drama ruandés, la que se acerca a la realidad y la que impone Kagame para asentar su legalidad. La primera es la siguiente: el drama ruandés es una salvaje guerra civil entre Tutsis y Hutus, los dos principales grupos poblacionales del país. Guerra que fue inaugurada en octubre de 1990 por una agresión armada de los Tutsis de la diáspora establecida en Uganda, con el apoyo del ejército ugandés, y posteriormente relanzada por el atentado contra el avión de Habyarimana. Los extremistas Hutus comenzaron entonces lo que se denominó, hasta finales de los años 90, “el genocidio de Tutsis y Hutus moderados”.

En la segunda lectura, la novela fabricada por Kagame y sus repetidores, el drama ruandés se resumiría en un enfrentamiento entre el Bien y el Mal, entre los buenos Tutsis y los Hutus genocidas. Kagame habría dirigido una guerra de liberación nacional contra un régimen que ha programado el genocidio de los Tutsis con la ayuda de Francia. Habría puesto fin al genocidio y tomado in fine el poder, el 12 de julio de 1994, a pesar de la ayuda que los franceses prestaron a los Hutus.

Es esta novela la que los jueces franceses cuestionan al señalar a Paul Kagame como el que ordenó este atentado cuyos ejecutantes conforman hoy la armadura del Estado ruandés.

Efectivamente, hay un hecho sobre el que casi todo el mundo está de acuerdo: la muerte del presidente Juvénal Habyarimana es el “factor desencadenante del genocidio”. Como lo explica una de las mejores fuentes sobre el drama ruandés, la antigua fiscal de la Corte Penal Internacional, Carla del Ponte: “Si se demostrase que fue el Frente Patriótico Ruandés quien derribó el avión del presidente Habyarimana, habría que volver a escribir toda la historia del genocidio ruandés”.

¿Cómo ha llegado la justicia francesa a hallarse en posición de decir la verdad histórica sobre las atrocidades cometidas en ese pequeño país de los Grandes Lagos? ¿Cómo entenderlo, ya que Ruanda no formaba parte del “dominio” francés? Al día siguiente del atentado, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitaba a Kofi Annan, su secretario general, que presentase un informe sobre el acontecimiento con la mayor brevedad posible. No contaban con la sistemática obstrucción de Kagame. Pero hete aquí que la tripulación del Falcon 50 estaba compuesta por tres franceses, y sus familias, a finales de agosto de 1997, presentaron una querella contra X. Encargado del caso, el juez de instrucción Jean-Louis Bruguiére comienza la investigación. Reconstruye la historia de las dos lanzaderas y de los misiles, uno de los cuales alcanzó el avión. Consigue establecer que forman parte de un encargo de cuarenta misiles SAM 16 que fue realizado en 1987 por Uganda a la Unión Soviética. Después se aportan pruebas que demuestran que el Frente Patriótico Ruandés utilizó misiles provenientes de ese lote en 1991 y que dos lanzaderas fueron halladas cerca de la granja de Masaka, desde donde se disparó el artefacto que derribó el avión. El juez Bruguière también escucha numerosos testigos directos e indirectos que le permiten reconstruir la génesis y la ejecución del atentado. Durante ese tiempo, las redes pro-Kagame dirigen una eficaz campaña para introducir en Francia la novela del Frente Patriótico ruandés (FPR), tachando a los que disienten de negacionistas y genocidas.

Los años van transcurriendo. En marzo de 2004, Stephen Smith, en portada de Le Monde, revela los principales elementos de la instrucción del juez Bruguière que encausa a Kagame y al FPR. Casi al mismo tiempo, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario del inicio del genocidio, Patrick de Saint-Exupéry, por entonces periodista de Le Figaro, lanza una violenta acusación contra Francia a la que acusa de ser cómplice del genocidio. Concomitantemente, se crea la Comisión de Investigación Ciudadana (CEC) “para la verdad sobre la implicación francesa en el genocidio”. La CEC, que reúne a diversas asociaciones, está en el origen de las querellas presentadas en 2005 en el tribunal de los ejércitos contra militares franceses de la operación Turquesa desplegada en Ruanda. Para ella, “la operación Turquesa no hizo más que proteger a asesinos, permitió que se matase a más Tutsis”. Sobre la marcha, Kagame, anticipando el desarrollo de la instrucción del juez Bruguière, crea una comisión presidida por Jean de Dieu Mucyo, antiguo ministro de Justicia. Está encargada de reunir los elementos de prueba que demuestren la implicación de Francia en la preparación y ejecución del genocidio. De este modo, Kagame quiere colocarse en posición de fuerza, para cuando llegue el día, entablar un pulso con París.

Muy bien visto. El 15 de noviembre de 2006 el juez Bruguière emite varias órdenes de arresto. Nueve días más tarde, Ruanda rompe sus relaciones diplomáticas con Francia. Paul Kagame, aun así, parece dudar sobre la manera de conciliar su novela nacional con el papel que jugó en el atentado. Entrevistado el 7 de diciembre de 2006 por el periodista Stephen Sackur de la BBC, deja entender que su decisión de disparar sobre el avión de Habyarimana fue un acto de guerra. A la pregunta: “¿Pero tenía usted el derecho de derribar su avión y asesinarlo?”, Kagame contesta: “¡Pues tenía el derecho de luchar por mis derechos!”.

Con esta misma disposición, que consiste en emprender actos judiciales simétricos a los de Francia para estar en postura de intercambiar la retirada de éstos por la retirada de aquéllos, Paul Kagame crea el 16 de abril de 2007 un Comité de expertos presidido por Jean Mutsinzi, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Ruanda y juez en el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos [hasta 2010], para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del atentado. Un mes más tarde, Nicolás Sarkozy gana las elecciones presidenciales y nombra a Bernard Kouchner, amigo de Kagame, para el Quai d´Orsay [Ministerio de Asuntos Exteriores]. Desde el mismo momento de su designación, el nuevo ministro hace del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre París y Kigali una prioridad absoluta. La condición sine qua non impuesta por su amigo ruandés es la retirada de la instrucción judicial y de las órdenes de detención. Jean-Louis Bruguiére es apartado del caso. El juez de instrucción Marc Trévidic toma el relevo.

Comienzan entonces una serie de maniobras clandestinas, manipulaciones y presiones del gabinete de Kouchner y del Eliseo sobre la justicia para hacer explotar la instrucción del juez Bruguière. El 13 de diciembre, se establece la normalización de las relaciones franco-ruandesas en el Eliseo. Se reparten las tareas. A Sylvie Pantz, consejera de asuntos jurídicos internacionales y de los derechos humanos en el gabinete de Bernard Kouchner, le toca procurarse y examinar minuciosamente el dossier Bruguière. Participa en un “grupo telefónico” formado por Jean de Gliniasty, jefe de la Dirección de África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y Martin Ngoga, fiscal general de Ruanda. Alrededor de ellos se activan dos consejeros para África en el gabinete de Bernard Kouchner, Charlotte Montel y, sobre todo, Laurent Contini al cual su comprometida militancia con Paul Kagame le valdrá, durante esa reunión del 13 de diciembre, un singular puyazo de Bruno Joubert, asistente de Jean-David Levitte, consejero diplomático de Nicolás Sarkozy. Invitándole a que hablase, dijo con un tono mordaz: “Cedo la palabra al representante personal de Paul Kagame…”.

Todos estos conciliábulos abocan en el encuentro del 26 de enero de 2008 en Kigali de Bernard Kouchner y Paul Kagame. Desde entonces, París se moviliza para intentar poner la justicia al servicio de su acción diplomática. A finales de la primavera de 2008, los funcionarios del Quai d´Orsay y los ruandeses dan el último toque a soluciones para que Kigali tenga acceso al dossier de la instrucción… y pueda hacerlo añicos.

El 5 de agosto de 2008, Le Monde publica en portada el informe Jean de Dieu Mucyo, una terrible acusación a Francia de haber participado en el genocidio. El ministro de Justicia ruandés alude la posibilidad de persecuciones judiciales contra “personalidades señaladas con el dedo por su papel en el genocidio”. Y de entregar los nombres de 33 responsables franceses –13 políticos y 20 militares- de los cuales Édouard Balladur, Alain Juppé, Dominique de Villepin, François Léotard, Hubert Védrine y Jean-Christophe Mitterrand. Probablemente liberados por esta portada, los medios de comunicación que seguían tímidamente los pasos de Paul Kagame para golpear a Francia, potencia neocolonial, culpable en esencia de todos los crímenes cometidos en África, hacen suyas las violentas acusaciones ruandesas. El informe Mucyo reduce provisionalmente a la nada los esfuerzos de Kouchner y sus consejeros, que manifiestamente no se han percatado en toda su medida de la violencia de la que es capaz el déspota de Kigali.

Los acontecimientos se suceden. El 26 de septiembre de 2008, durante un discreto encuentro en Nueva York con Paul Kagame, Nicolás Sarkozy propone enviar a Kigali a su consejero jurídico, Patrick Ouart, con el propósito de preparar una eventual misión de jueces franceses en la capital ruandesa. Sin embargo, el 23 de octubre el juez Trévidic anuncia que va a cerrar su instrucción dejando entender que está siendo presionado. Patrick Ouart y Bruno Joubert, el señor África del Eliseo, son conscientes de que el dossier va a envenenar considerablemente las relaciones entre París y Kigali, ya que la única perspectiva judicial es la condena por contumacia de los nueve ruandeses que son objeto de una orden de arresto. Se dirigen inmediatamente a Kigali. Los días 29 y 30 de octubre los dos consejeros sugieren al poder ruandés que envíen a testificar ante el juez al acusado menos comprometido como señal de buena voluntad. Y es así como el 11 de noviembre, Rose Kabuyé, una de los nueve ruandeses señalados, dice “estar dispuesta a hablar ante los jueces”.

Una semana más tarde se presenta ante el juez Trévidic que quiere encarcelarla. Pero el fiscal general está alerta. A pesar de una imputación por “complicidad en asesinatos en relación con una asociación terrorista”, señala que Rose Kabuyé niega los hechos y que un testigo importante se ha retractado a través de la prensa, para solicitar que la mantengan en libertad. El juez de libertades accede a su solicitud. Y por tanto, Rose Kabuyé queda en libertad y encadena, cual estrella televisiva, una entrevista tras otra en los medios franceses.

¡Bernard Kouchner realiza unas declaraciones tan favorables que se podría creer que Rose Kabuyé es la invitada oficial de la República francesa! Durante la emisión dominical de RFI-TV5 Monde-Le Monde, el ministro espera que ella pueda, accediendo al dossier, aclarar los malentendidos. “Tenemos –dice- que restablecer, junto con los que han padecido el genocidio, junto con esa Ruanda que está renaciendo, relaciones normales”. Y, Francia, como a una buena hija, le da autorización para ir a pasar las fiestas de fin de año a Kigali donde es recibida como una heroína…

El bloqueo de la instrucción va por buen camino y las señales de reconciliación se multiplican. Numerosos emisarios, más o menos secretos, llevan la buena nueva a Kigali. A principios de noviembre de 2009, dos magistrados van a pasar dos semanas a Ruanda para dar satisfacción a Kigali que pide que los refugiados ruandeses en Francia, considerados como “genocidas”, sean juzgados en Francia. Se afinca el principio de una colaboración judicial entre los dos países, tanto para juzgar a los ruandeses “genocidas” en Francia como para “ayudar” al juez Trévidic a completar su instrucción. Nadie plantea la cuestión de la imposibilidad de hacer una justicia equitativa a partir de una cooperación entre la justicia de una democracia -Francia- y la de una dictadura -Ruanda-.

¿Cómo se puede imaginar que Kagame acepte ayudar lealmente una instrucción que lo encausa y hace tambalear los cimientos de su régimen? ¿Cómo creer que pueda permitir que la investigación prospere mientras que él es quién elige a los testigos y el contenido de sus declaraciones? Ahora es el amo del dispositivo. El domingo 30 de noviembre de 2009, Paul Kagame consiente con serenidad que se restablezcan las relaciones diplomáticas con Francia. Claude Guéant, secretario general del Eliseo, acompañado por André Parant, el nuevo Señor África del Eliseo, y por Abakar Manany, un chadiano hombre en la sombra y allegado del presidente ruandés, se van hasta a Kigali para celebrar el acontecimiento.

Un mes más tarde, Bernard Kouchner va a Kigali para reunirse con su amigo Kagame. El 7 de enero de 2010, al bajar del avión es recibido por ¡Rose Kabuyé! Un acto simbólico que en realidad se parece a un corte de manga a Francia, ya que ese mismo día se hace público el informe Mutsinzi que le lleva la contraria a las conclusiones del juez Bruguière. Las relaciones entre Sarkozy y Kagame se estrechan más aún el 24 de enero, cuando París reconoce “graves errores de apreciación” y una “especie de ceguera” de Francia.

Tras esos gestos oficiales de reconciliación, el dossier del atentado está muy presente en el ánimo de todos. Y todos -tanto franceses como ruandeses- atacan a Bruguière ad hominem y rechazan brutalmente sus conclusiones. Fingen que olvidan que en el centro de su instrucción se encuentra la trazabilidad de los misiles, la cual designa sin ambigüedad a Kagame y al Frente Patriótico Ruandés (FPR). Nadie parece sorprenderse de que algunos testigos importantes se retracten. La retracción más mediática es la de Abdul Ruzibiza, testigo esencial del dossier, que confesará antes de su muerte al juez Trévidic que reconsideró sus declaraciones por “cuestión de seguridad”. Last but not least [por último, pero no menos importante], se habla de la llegada del juez Trévidic a Kigali.

Probablemente influenciados por el informe Mutsinzi, y sin confiar en los numerosos testigos que señalaron la cercanía de la granja de Masaka como el lugar de lanzamiento de los misiles, los jueces Marc Trévidic y Nathalie Poux firman el 21 de abril de 2010 una ordenanza para designar expertos en balística. El 31 de mayo en Niza, al margen de la 25ª cumbre África-Francia, Paul Kagame confirma oficialmente que el juez francés “tendrá acceso a lo que quiera ver en Ruanda”. Efectivamente, los dos jueces acompañados por expertos y abogados de las partes civiles son muy bien recibidos por las más altas autoridades judiciales ruandesas. Lo nunca visto en el marco de una comisión rogatoria internacional. Son bien guiados y sobre todo bien orientados. A propósito de esto, es curioso que ningún medio de comunicación haya relativizado la independencia de esta investigación mientras que Louise Arbour y Carla del Ponte, dos fiscales de la Corte Penal Internacional, a pesar de estar dotadas de poderes supranacionales, nunca pudieron seguir adelante. En “La persecución, los criminales de guerra y yo”, Carla del Ponte cuenta que tuvo que retirar a sus investigadores al temer tanto por sus vidas como por la suya. Louise Arbour dijo lo mismo, el pasado mes de octubre, en una entrevista al diario canadiense Globe and Mail.

Los dos jueces franceses que quieren escuchar a los ruandeses que siguen bajo orden de arresto, deciden tras numerosas negociaciones hacer la audición en Bujumbura, capital de Burundi, donde se ha pactado que los ruandeses no serán detenidos. Las órdenes de arresto se transforman en imputaciones. Los ruandeses son interrogados del 6 al 14 de diciembre de 2010. ¿Es necesario aclarar que negaron todas las acusaciones de las que fueron objeto?

Hay más y mejor todavía. Poco satisfechos con el primer informe balístico, porque evidentemente las huellas materiales ya no existen más de 17 años después del atentado, los jueces franceses llaman a expertos en acústica para que determinen el lugar de lanzamiento de los misiles ¡a partir de la memoria auditiva de los testigos!, eliminando cuidadosamente a los que pudiesen señalar Masaka como lugar de salida de los disparos. A este método más que cuestionable se añade el de los “expertos” que no se desplazan hasta Ruanda sino que efectúan sus mediciones en Francia, en La Ferté-Saint-Aubin en el Loire, una región llana que no tiene nada que ver con las colinas de Masaka y Kanombé…

El 10 de enero de 2102, los dos abogados de los ruandeses, Léon-Lef Forster y Bernard Maingain, van a la galería Saint-Éloi desde las dos hasta las seis de la tarde para escuchar a los jueces entregar las conclusiones de la investigación balística. La sesión tiene lugar a puerta cerrada, pero Kigali recibió el informe ¡tres días antes!

Curiosamente, incluso antes del comienzo de la lectura, los medios de comunicación comienzan a informar del tema y exoneran a los allegados a Kagame. Esa misma noche y a la mañana siguiente, la mayoría de los demás medios entonan la misma canción, a pesar de que evidentemente no han leído los dos informes, que totalizan 369 páginas, y que éstos no señalan de ninguna manera a los extremistas Hutus como responsables del atentado. El 11 de enero, el diario Libération publica en portada un definitivo “Irrefutable”. El diario dedica tres páginas a este “acontecimiento histórico” explicando que “el informe del juez Trévidic confirma que el avión del presidente Habyarimana fue derribado por extremistas Hutus. Y pulveriza, después de 18 años, las tesis negacionistas”. La periodista María Malagardis incluso se atreve a decir: “Por fin se ha presentado la prueba de un genocidio minuciosamente preparado bajo la atenta mirada de París”.

En la jornada del día 11, numerosos medios de comunicación aseveran esta “verdad”. Durante una rueda de prensa el letrado Forster lanza un violento ataque contra el juez Bruguière, habla de una manipulación “de tanto calado en la historia judicial como la que ocurrió en el caso Dreyffus”, y anuncia que va a presentar una querella por “tentativa de estafa al juicio en banda organizada”. Los portaplumas de Kagame retoman las santas palabras. Sin embargo, algunas personalidades consiguen que se conozca su indignación. Ejemplo: en un artículo publicado en Marianne y titulado “Ruanda: los tontos útiles de Kagame”, los médicos humanitarios Rony Brauman y Jean-Hervé Bradol y la investigadora del CNRS Claudine Vidal escriben que “la casi-unanimidad de la prensa francesa sobre las pretendidas conclusiones del informe balístico encargado […] proporciona una nueva oportunidad para comprender cómo el régimen de Kigali garantiza su impunidad”.

La tragedia ruandesa ha hecho emerger un nuevo tipo de periodistas. Los que a priori conocen la verdad y que después investigan para demostrar que tienen razón. Una investigación hemipléjica, de la cual Libération no tiene desgraciadamente el monopolio. Jeune Afrique está probablemente un peldaño por encima de Libération para servirle la sopa al régimen de Paul Kagame. François Soudan, director de redacción, se ha garantizado la casi-exclusividad de la palabra del dictador, pero también de los publirreportajes sobre el paraíso ruandés.

En el otoño de 2013, es el turno de Patrick Karegeya, que dirigió los servicios secretos externos ruandeses de 1994 a 2004, de querer reunirse con los jueces franceses para también hablarles de la responsabilidad de Kagame. Desea, tal como me contó, revelar el modus operandi del atentado. Pero Patrick Karegeya no vendrá a Paris. El 1 de enero de 2014, es hallado estrangulado en una habitación del palacio Michelangelo, uno de los hoteles más protegidos de Johannesburgo [Sudáfrica].

Poco tiempo tras la muerte de su amigo, el general Faustin Kayumba Nyamwasa, que en el momento del atentado dirigía la DMI, los servicios de inteligencia del FPR, es también objetivo de un intento de asesinato en Suráfrica por los matones de Kagame. Unos días más tarde, me cuenta que desea reunirse con los jueces franceses para llevarles las pruebas de la culpabilidad de Kagame. Está convencido que el ensañamiento del dictador ruandés contra él es debido a los secretos que conoce sobre el atentado. Las peticiones del juez para escucharlo se estrellan contra la negativa de la justicia sudafricana.

Finalmente, los jueces deciden cerrar la instrucción en julio de 2014. Pero se ven forzados a reabrirla a finales del verano debido a la petición de Émile Gafirita, ex-soldado ruandés, que quiere contarles que él acompañó a los misiles escondidos en una camioneta del cuartel general de Kagame en Kigali. Vive escondido en Nairobi y es perseguido por el régimen ruandés porque su amigo Joël Mutabazi ha sido detenido y, sometido a tortura, ha dado su nombre. Solicita al juez que su viaje se mantenga en secreto hasta su llegada a la galería Saint-Éloi. “No veo por qué indicar su identidad sería un riesgo adicional”, le replica el juez de instrucción francés. Émile Gafirita acepta in fine las condiciones del juez. A la espera de su citación, escribe a su abogado: “Cuanto antes mejor, antes de que me hagan callar para siempre”. De hecho, el 13 de noviembre, justo tras recibir su citación, Émile Gafirita es secuestrado y desaparece. El letrado Forster se atreve a decir que “esta desaparición podría ser una manipulación”. Ni los medios de comunicación ni los políticos alzaron la voz por este escándalo judicial y humano.

Marc Trévidic, considerado como un “buen” juez en Kigali, prácticamente incondicional de la no-culpabilidad de Paul Kagame, cierra por fin la instrucción. Y entonces, ¡Zasca!, el general Faustin Kayumba Nyamwasa, jefe de los servicios secretos de Kagame en el momento de los hechos, hace llegar en julio de 2016 un documento en el que acusa nominalmente a Kagame de ser el que ordenó el atentado. Anuncia estar dispuesto a hablar con los jueces, a los cuales no les queda más remedio que reabrir la instrucción, provocando una vez más la ira del tirano.

El letrado Lev Forster habla entonces de “una burda maniobra, seguramente iniciada por un retro-gabinete negacionista oculto que, con ese documento, intenta desestabilizar al presidente Kagame”. Paul Kagame reacciona amenazando con romper una vez más las relaciones diplomáticas con Francia. Louise Mushikiwabo, su ministra de Asuntos Exteriores, declara: “Ruanda no será sometida a una intimidación judicial por Francia”. Efectivamente, el martes 29 de noviembre el fiscal general de Ruanda anuncia la apertura de una investigación sobre el papel de veinte personalidades francesas en el genocidio.

Como de costumbre, Paul Kagame cuenta con numerosos fans y grupis franceses que vocean sin rechistar las acusaciones ruandesas en numerosos medios de comunicación, Jeune Afrique y Libération a la cabeza.

Mientras que la mecánica jurídica que debía abocar en la audición del general Kayumba giraba con normalidad, una piedra bloquea el sistema en Pretoria, en Sudáfrica. La embajada de Francia, provisionalmente dirigida por Charlotte Montel, presiona verbalmente al Ministerio de Justicia sudafricano para que no dé seguimiento a la solicitud de cooperación de los jueces franceses para escuchar a Kayumba. Los sudafricanos desbaratan esta traba al responder a los diplomáticos franceses que hagan esta petición por escrito…

Por ahora, la instrucción sigue adelante a pesar de que Kigali y sus “tontos útiles” franceses pongan el grito en el cielo. ¿Reconsiderará la justicia su postura vis a vis de los allegados de Kagame imputados en el dossier? ¿No deberá tener en cuenta acontecimientos muy graves que han perturbado la instrucción estos últimos años: asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y otras trabas manifiestas a la justicia? En buena lógica, debería llevar al reconocimiento de culpabilidad de Paul Kagame en el atentado y por tanto, al menos en parte, en el genocidio. A menos que como en 2007, el ejecutivo francés decida poner trabas a la justicia por temor al chantaje de Kigali. A día de hoy, en ausencia de una investigación internacional sobre el atentado, sólo la justicia francesa puede contar la verdad. Una verdad de la que Paul Kagame ni quiere oír hablar, porque su legitimidad internacional se basa sobre la mentira…

Pierre Péan, periodista.

Fuente: Blog de Gaspard Musabyimana, RÉCIT D’UNE MANIPULATION_PIERRE PÉAN, publicado el 15 de febrero de 2017.

Traducido para Umoya por Juan Carlos Figueira Iglesias.

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