Ruanda: «Kagame bloqueó las investigaciones», según Louise Arbour – 1ª Parte

Las recientes declaraciones de la ex-fiscal general Louise Arbour constituyen un llamamiento a que se haga justicia con los condenados del TPIR

Louise Arbour

1. La ex-fiscal general del TPIR, la Sra. Louise Arbour, ha entregado a los periodistas e investigadores Michelle Zilio y Geoffrey York, que publicaron en “The Globe and Mail” el 26 de octubre de 2016, algunas de sus confesiones. Se puede calificar sus declaraciones como auténticas confesiones, ya que reconoce las graves debilidades de su oficina ante el gobierno de Paul Kagame. Las debilidades han culminado en resultados nocivos para el pueblo ruandés en materia de justicia.

2. Precisemos de entrada que esas confesiones nada tienen de extraordinario, ya que se refieren a hechos conocidos por todos y ya habían sido emitidas por su sucesora Carla del Ponte. No obstante, valen su peso en oro teniendo en cuenta la identidad de su autora y de sus hazañas insospechadas en materia de justicia internacional. Se podría escribir largamente sobre los estropicios del trabajo de la Sra. Louise Arbour, pero en este escrito nos vamos a limitar a describirlos parcialmente y a señalar lo que todavía podría salvarse en la materia.

3. Señalemos previamente que Louise Arbour se hizo cargo de una misión que le había sido encomendada cuando el 1 de octubre de 1996 designada para ocupar el puesto de Fiscal Jefe del TPIR. Su nombramiento fue una señal de hipocresía en la cabeza de la administración Clinton, que con frecuencia había recurrido a ciudadanos de países amigos occidentales, concretamente Canadá, para ejecutar sus planes en los asuntos ruandeses. Fue el caso también del General R. Dallaire, nombrado jefe de la Fuerza de la MINUAR, del general Baril que dirigía en abril-julio de 1994 la rama militar del Departamento de las Naciones Unidas de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) y del general G. Toussignant, mando también de la MINUAR. Estas personalidades canadienses fueron nombradas para diferentes puestos relacionados con la tragedia ruandesa por petición de los representantes americanos, concretamente la Sra. Madeleine Albright, embajadora entonces de los EEUU en la ONU.

4. Louise Arbour recibió el mandato de la administración Clinton, por medio del Consejo de Seguridad de la ONU, para meter entre rejas a cuantos tenores de la oposición hutu podía temer el régimen de P. Kagame. Es, por otra parte, una de las finalidades del TPIR, tal y como lo afirma Thierry Cruvelier, periodista que cubrió los procesos del TPIR durante seis años, quien constata que los antiguos dirigentes ruandeses están en la cárcel o se sienten lo suficientemente amenazados de ser perseguidos por el tribunal como para haber desaparecido de la escena política. (1)

5. Si bien la misión confiada a Louise Arbour no fue formulada explícitamente en esa dirección, los resultados de sus actuaciones lo dejan transparentar. Únicamente los hutu fueron inculpados por el TPIR; todos los antiguos dignatarios que están en libertad adoptaron un perfil bajo, tuvieron un miedo atroz y no se atrevieron a prestar testimonio en favor de sus antiguos colegas encarcelados.

6. El gesto más espectacular de la ex-Fiscal fue probablemente el de haber ocultado en 1998 el memorándum de la ONU que apuntaba a la responsabilidad directa de P. Kagame en el atentado del 6 de abril contra el avión del Presidente Habyarimana; acto que desencadenó el genocidio contra los tutsi. Hablamos justamente de confesiones en la medida en que la exfiscal cambia radicalmente su discurso, sobre todo en lo que se refiera a las investigaciones sobre la responsabilidad de este atentado del 6 de abril.

7. Louise Arbour era de la opinión de, al menos en 1997, un año después de haber asumido sus funciones, que la responsabilidad de quien asesinó al presidente de Ruanda llevaba consigo la responsabilidad de planificar y desencadenar el genocidio contra los tutsi que se inició el 7 de abril. Asumía plenamente la versión entonces en boga: “Los malvados hutu mataron a su presidente dictador hutu porque quería compartir el poder con los simpáticos tutsi”.

8. Para la magistrada canadiense, el TPIR era competente para juzgar a los responsables del atentado del 6 de abril de 1994. Pero, como afirma James Lyons, uno de los miembros del equipo Hourigan, investigador al que Louise Arbour encomendó en 1997 la misión de descubrir quién había disparado el misil contra el avión del Presidente Habyarimana, la posición de la Fiscal Jefe sobre esta competencia cambió brutalmente a la vista de los resultados de la investigación onusiana. El asesinato del presidente Habyarimana “fue la chispa que desencadenó la conflagración en Ruanda y todos en el TPIR, incluida la Fiscal Jefe, juzgaban que ello caía sobre el mandato del tribunal…, pero cuando recibimos testimonios serios que implicaban en este atentado al general P. Kagame, jefe del APR (Ejército Patriótico Ruandés), la Señora Arbour ordenó cerrar el dossier”. (2)

9. Desde entonces y hasta el 26 de octubre de 2016, Louise Arbour no había vuelto a hablar públicamente sobre su evasiva relativa a la competencia del TPIR.

10. Sin embargo, unánimemente, los expertos de la acusación del TPIR, incluso el hombre que estuvo a la base del informe constitutivo de la creación del TPIR, Denis Ségui, han reconocido que el asesinato del presidente Habyarimana estaba en el origen de las masacres de 1994. Filip Reyntjens, testigo-experto de la fiscalía en el asunto Georges Rutaganda, declaró, en la audiencia del 27 de noviembre de 1997, que la investigación poseía un interés jurídico evidente: “Los que abatieron el avión, sabían perfectamente cuáles serían las consecuencias de este atentado y en este caso cargarían con una responsabilidad jurídica… en el genocidio. Sabiendo cuál sería la consecuencia, habrían desencadenado un genocidio”. (3)

11. Así pues, solo ha sido muy recientemente cuando Louise Arbour ha declarado que las autoridades del FPR en el poder en Ruanda y «sus apoyos/hinchas» le impidieron llevar adelante investigaciones sobre el asesinato de Habyarimana y sobre los crímenes cometidos por los elementos del FPR durante el periodo cubierto por el mandato del TPIR. Ha reconocido que esta laguna seguía siendo un grave fracaso de la justicia penal internacional. La Sra. Arbour ha reconocido que el gobierno del general Kagame cooperaba con su equipo instructor en función de lo que el régimen deseaba o le daba la gana. En otras palabras, ha confesado que la fiscalía del TPIR era un auténtico rehén del gobierno de Kagame. Su sucesora, Carla del Ponte, ha hecho declaraciones que van en el mismo sentido, cuando ha revelado en su libro “La traque, les criminels de guerre et moi” que las autoridades ruandesas mantenían bajo su control las investigaciones que llevaba a cabo su oficina.

Por lo tanto, como consecuencia de esta especie de “arrepentimiento” de la Sra. Arbour, se planean legítimamente numerosas cuestiones.

12. ¿Quién hizo las investigaciones sobre las masacres de Ruanda de 1994? ¿Quién preparó las actas de acusación presentadas a los jueces del TPIR? ¿De quién salen las listas de nombres de los acusados en el TPIR y del contenido de las actas de acusación preparadas entre el 1 de octubre de 1996 y el 15 de septiembre de 1999 (fecha de la sustitución de Louise Arbour por Carla del Ponte) e incluso después?

13. Si el gobierno de Kigali impidió a la Exfiscal, a ella y a su equipo, realizar investigaciones sobre los crímenes cometidos por el FPR, no era posible prácticamente que les hubiera dejado llevar a cabo sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por la otra parte, dada la configuración espacial y temporal de las matanzas de 1994. ¡Unas no podían producirse sin las otras! En consecuencia, sólo hay un paso que dar para afirmar que la Fiscalía del TPIR, bajo Louise Arbour y Carla del Ponte, no recogió más que lo que una parte quiso darle, en este caso el FPR. Es algo conocido por todos, pero solamente ahora ha quedado revelado indirectamente por la que se ocupaba de estos asuntos.

14. Las actas de acusación confirmadas por los jueces del TPIR tenían un aspecto particular. Lo mínimo que se puede decir es que su forma era un tanto fantasiosa y todo dejaba indicar que no se habían preparado sobre la base de investigaciones serias. Sin excepción alguna, estaban llenas de contradicciones, de errores factuales y de afirmaciones inverosímiles y erróneas, de las que por otra parte algunos jueces se quejaban en el transcurso de los procesos. Entre ellos, el juez ruso Ostrovsky que levantó la voz en 2001 y declaró: “Los acusados son frecuentemente perseguidos por varias docenas de cargos, pero es algo característico que el proceso subsiguiente revela que no se ha cometido ningún crimen. Por añadidura, a menudo, la acusación ni siquiera se preocupa de suministrar la prueba sobre un cierto número de cargos” (4). Esta afirmación es válida no solamente para los absueltos por la Sala de Ostrovsky (los señores Ntagerura y Bagambiki), sino para la casi totalidad de los acusados.

15. Y las enmiendas fantasiosas e intempestivas que los jueces autorizaron no cambiaron para nada la situación ya que provenían de la misma fuente: el gobierno de Paul Kagame.

16. Así pues, Louise Arbour no ha revelado todas las realidades relativas a los obstáculos que se erigieron contra la investigación que ella dirigía. Lo que no desvela, por ejemplo, es que las acusaciones no fueron preparadas por la oficina del fiscal del TPIR sino por el fiscal general de Ruanda. No se atreve a revelar por ejemplo que el gobierno de Paul Kagame reclutaba los testigos de cargo, hacía funcionar verdaderos centros de formación de los testigos de la acusación, hacía la vida imposible a los testigos potenciales de la defensa o simplemente los mataba o forzaba al exilio.

17. En resumen, la realidad es que el gobierno de Kigali no solo dificultó el trabajo de la oficina de la fiscalía tal y como Louise Arbour afirma, sino que hizo el trabajo en su lugar. Recordemos que era la época en que las autoridades del FPR no toleraban ninguna presencia de defensores de los derechos humanos en el territorio ruandés; época en la que Paul Kagame expulsó incluso a la Misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 1998.

18. Durante 20 años, Louise Arbour no levantó ni el dedo meñique sobre “el partenariado” que se le impuso. Su sucesora Carla del Ponte no reaccionó de otro modo ante ese extraño partenariado hasta septiembre de 2003, cuando manifestó su voluntad de iniciar diligencias judiciales contra los elementos del FPR sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad; crímenes que estaban incluidos en el mandato del TPIR. Como sabemos, fue esta desfachatez de Carla del Ponte lo que le costó el puesto como consecuencia del pulso que tuvo con el tándem Pierre Richard Prosper – Paul Kagame.

19. Al desmenuzar los elementos de la administración de la justicia por parte del TPIR, uno se percata de que Louise Arbour es la persona que sentó las bases de la derivas del la justicia en el TPIR. Sus sucesores pueden ser considerados como ejecutores en el sentido de que no llevaron a la práctica sino las estrategias del equipo de Arbour. Esas derivas pueden tener nombres: confesión de culpabilidad del Primer Ministro Kambanda, acusación institución por institución, empresa criminal común, acta judicial, no persecución de los asesinos del presidente Habyarimana y “la mano visible” de una de las partes en conflicto en los asuntos judiciales. Las calificamos de derivas porque se trata de acciones o de decisiones de justicia que han minado, cada una en su grado, la administración de las justicia por el TPIR.

Este artículo de opinión será publicado en tres partes.

Alexis Twizerimana

Fuente: Jambo News, Rwanda: «Kagame a bloqué les enquêtes» selon Louise Arbour – 1er Partie, publicado el 1 de febrero de 2017.

Alexis Twagirimana nació en 1965, en el municipio Rubungo. Posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional de Ruanda y es  Bachelor in Business Administration (BBA) de Makerere University en Uganda. Ha sido investigador independiente en el TPIR de 2006 a 2012 en 3 asuntos diferentes (Ntawukuliryayo, Ngirabatware et Setako).

[1] Thierry Cruvellier, «Le Tribunal des vaincus. Un Nuremberg pour le Rwanda». Calman-Lévy, Paris, avril 2006, p. 40; p. 257
[2] Testimonio de James R. Lyons, citado par S. Smith, «La piste enterrée par l’ONU», Libération 11 et 12 mars 2000; S. Edwards, «Explosive leak on Rwanda genocide», National Post, March 02, 2000; Le Monde, «M. Kagamé aurait commandité l’assassinat de l’ex-président rwandais», 11 mars 2000.
[3] F. Reyntjens citado par «les Détenus d’Arusha, Responsabilités de l’ONU dans la tragédie rwandaise», op.cit. Annexe IV, Arusha, janvier 2000.
[4] Diplomatie judiciaire, 2002.

Traducido para Umoya por Ramón Arozarena.

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