Emile Gafirita, abandonado en manos de asesinos: ¿inconsecuencia o asunto de estado en el pulso entre Francia y Ruanda?

EmileGafirita

Emile Gafirita

Comunicado de Bernard Lugan

Emile Gafirita fue secuestrado el 13 de noviembre de 2014 en Nairobi. Al día siguiente, debía volar a Francia para comparecer ante los jueces antiterroristas Trévidic y Poux, que iban a interrogarle por el asesinato de Juvénal Habyarimana, el que había sido presidente de Ruanda. No ha aparecido desde entonces.

Según sus propias palabras, Emile Gafirita habría sido uno de los miembros del comando del ejército de Paul Kagame, quien habría transportado desde la frontera de Uganda hasta Kigali dos misiles que abatieron el avión del presidente Habyarimana el 6 de abril de 1994.
Puesto que este atentado fue el desencadenante del genocidio de Ruanda, es esencial determinar quiénes fueron los autores de este ataque. Sin embargo, no ha habido una investigación internacional sobre este crimen, que les costó la vida a dos presidentes en ejercicio: el de Ruanda y el de Burundi. Es como si la vida de dos jefes de Estado africanos valiera menos que la de un primer ministro libanés (véase el caso Hariri) o de una primera ministra pakistaní (véase el caso Buttho).

Debido a las fuertes presiones que ejercieron Estados Unidos y Reino Unido, aliados del régimen de Kigali, en el Consejo de Seguridad de la ONU, lograron impedir que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) llevara a cabo esta investigación. Puesto que el TPIR acaba de terminar su labor, los autores de este crimen no serán identificados ni perseguidos por la justicia internacional.

La investigación francesa

Debido a la petición de las familias de la tripulación francesa del avión presidencial ruandés, la Fiscalía antiterrorista francesa encomendó la investigación del caso al juez Bruguière. Este último logró obtener los números de serie de los dos misiles SA 16 IGLA que abatieron el avión (04-87-04814 y 04-87-04835, respectivamente). Rastrear estos dos misiles fue posible gracias a la cooperación judicial de Rusia. Así, tenemos constancia de que estos dos misiles portátiles SAM 16 formaban parte de un lote de 40 misiles SA 16 IGLA, entregado al ejército ugandés años atrás por Moscú. No obstante, Paul Kagame y sus principales asesores fueron oficiales superiores del ejército ugandés antes de la guerra civil ruandesa. De esta manera, desde 1990 hasta 1994, tanto Uganda como el arsenal del Ejército Patriótico Ruandés (APR, por sus siglas en francés) sirvieron como base de operaciones. A este respecto, la labor del TIPR ha permitido extraer conclusiones certeras. Además, tal y como siempre se afirmó ante el TIPR, el ejército ruandés no disponía de tales misiles. El juez Bruguière identificó a los conductores de los vehículos que se utilizaron para transportar estos dos misiles desde Uganda hasta el acuartelamiento del APR, situado en el centro de Kigali. Desde allí también consiguió determinar el trayecto que se realizó hasta el lugar del lanzamiento. Asimismo, Bruguière logró poner nombre y apellidos a los dos tiradores y a los miembros de su escolta.

En 2007, al final de la investigación, el juez dictó una orden con la que atribuyó al general Kagame, que estaba protegido por la inmunidad de jefe de Estado, la autoría del atentado. En consecuencia, también emitió varias órdenes contra los miembros de su círculo más cercano, ya que consideraba que estaban directamente implicados en este acto terrorista.

En julio de 2013 y más tarde, en enero de 2014, el juez Trévidic, sucesor del juez Bruguière, interrogó a Jean-Marie Micombero. A este último, el anterior secretario general del Ministerio de Defensa de Ruanda, se le asignó el 6 de abril de 1994 una sección encargada de los servicios de inteligencia que dependía directamente de Paul Kagame. De este modo, confirmó al juez los nombres y los cargos de los hombres que, en esa fecha, lanzaron los misiles que abatieron el avión presidencial. Asimismo, aportó numerosos detalles sobre los preparativos y el desarrollo del atentado. Estas declaraciones se cotejaron con las que el juez Bruguière había tomado a otros testigos.

La pasividad de la justicia francesa ante los asesinatos de los testigos

El testimonio de Emile Gafirita, en absoluto fantasioso, puede que fuera de ayuda para avanzar en la investigación.

En el proceso de reapertura de la instrucción, que por aquel entonces ya estaba en curso, la defensa tenía acceso a la información que el testigo iba a proporcionar a los jueces. Así, informó a sus clientes de la existencia de Emile Gafirita y de su próximo testimonio. Abogado del Estado ruandés y defensor de seis de los siete acusados, León-Lef Foster, lo reconoció en una entrevista con la periodista canadiense Judi Rever (Afrikarabia, 19 de octubre de 2016): “Informé a los acusados. Un abogado está en la obligación de hacer saber a sus clientes en qué punto está el proceso. Es perfectamente lícito que los clientes estén al tanto de las razones por las que se ha reabierto el caso”.

A partir de ese momento, Emile Gafirita estuvo en peligro de muerte. Teniendo en cuenta la situación, es cuando menos insólito que los jueces franceses que iban a interrogarle no tomaran la precaución de ponerle bajo protección. Aún más sabiendo que Emile Gafriita estaba amenazado y que, durante la espera para su comparecencia –que tuvo lugar el día de su desaparición–, había escrito un correo a su abogado, François Cantier, en el que afirmaba que quería testificar. Sus palabras fueron las siguientes: “Lo mejor será que lo haga cuanto antes para que no me puedan callar nunca”.

Emile Gafirita solicitó testificar de forma anónima con el estatus de “testigo protegido”, petición que le denegó el juez Trévidic. Y, sin embargo, tal y como reveló más tarde Emmanuel Fansten en el periódico francés Libération, por las mismas fechas; concretamente, el 4 de marzo de 2015, el juez Trévidic, que investigaba sobre el atentado de la calle Copernic, interrogó a un antiguo miembro del grupo Abou Nidal como testigo protegido.

¿Por qué se les dio un trato tan diferente?

El juez Trévidic justificó su negativa a escuchar a Emile Gafarita de forma anónima “debido al número significativo de manipulaciones que se habían constatado en la instrucción” (Jeune Afrique, 9 de diciembre de 2014). Esta explicación nos deja, cuando menos, perplejos, pues entre las funciones de un juez de instrucción destaca precisamente la de hacer una selección entre los elementos que recoge. De todos modos, los que raptaron a Emile Gafirita no tenían las mismas dudas.

Emile Gafirita, que vivía de forma clandestina en Nairobi con un nombre falso desde hacía unas semanas, fue abandonado a su suerte sin protección alguna en una ciudad donde, en 1996 y en 1998, ya habían asesinado al coronel Théoneste Lizinde y a Seth Sendashonga, dos altos cargos ruandeses que habían desertado. En privado, el primero aseguraba haber indicado que la granja de Masaka era el lugar más propicio para cometer el atentado del 6 de abril de 1994; el segundo, ex ministro de Interior, también guardaba unos cuantos secretos sobre los sucesos acontecidos durante ese mes.

En un caso tan grave, ¿se podría describir con otra palabra que no sea “insólita” la ingenuidad o la incompetencia del juez Trévidic? Aun más tras los “antiguos” asesinatos de Théonete Lizinde y Seth Sendashonga; otros, más recientes, habían demostrado de manera trágica que Kigali no dudaba en ordenar la muerte de cualquiera que pudiera hablar sobre el atentado del 6 de abril de 1994.

El 9 de julio de 2013, Sonia Rolley, periodista de Radio Francia Internacional (RFI), publicó dos entrevistas exclusivas realizadas a dos de los altos cargos del régimen de Kigali que habían desertado y se habían refugiado en Sudáfrica. Uno de ellos era el general Faustin Kayumba Nyamwaza, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Patriótico Ruandés, quien, el 6 de abril de 1994, era el responsable de la inteligencia militar. El otro, el coronel Patrick Karegeya, que había sido jefe de los servicios de inteligencia externa de Ruanda desde 1994 hasta 2004.

Estos dos altos mandos acusaron al general Kagame de haber dado la orden para cometer el atentado del 6 de abril de 1994 y, desde hace varios años, pedían, en vano, testificar ante la justicia francesa. En este sentido, hay que recordar que el general Kayumba Nyamwaza tenía una orden de comparecencia ante el juez Bruguière y que, por tanto, la negativa de este a escucharle resultaba cuanto menos “curiosa”.

Más aún cuando los jueces Trévidic y Poux habían interrogado a los otros acusados en Bujumbura (Burundi), del 6 al 14 de diciembre de 2010, y sin que, al parecer, las partes civiles estuvieran prevenidas. Entonces, el periódico francés Le Monde comentó este traslado de la siguiente manera: “la interpelación de las personalidades implicadas ha sido imposible. Sus abogados, Lev Forster y Bernard Maigain, han negociado con los jueces este curioso desvío a Bujumbura”.

¿Por qué los jueces Trévidic y Poux no atendieron a los testimonios del coronel Karegeya y del general Nyamwaza? Según nos han informado, Sudáfrica no había respondido a la solicitud de asistencia judicial por parte de Francia. Seguramente fue así; no obstante, la instrucción tenía los medios necesarios para averiguar si eran unos cuentistas o no. De todos modos, el régimen de Kigali tenía claro que no eran unos mitómanos, ya que mandó tras ellos a los escuadrones de la muerte.

Así, el coronel Patrick Karegeya fue asesinado por estrangulación el 31 de diciembre de 2013 en su habitación, en un hotel de Johannesburgo. En cuanto al general Nyamwaza, este consiguió escapar a tres intentos de asesinato, uno de los cuales estuvo a punto de costarle la vida, concretamente, en el que acabó con una bala en el estómago.

En la página 302 de su libro, Charles Onana, recoge las palabras del coronel Karegeya poco antes de su asesinato: “(…) Todo lo que hace vuestro juez (Trévidic) está en los medios de comunicación, incluso los nombres de los testigos a los que Kigali puede llevarse de vuelta o asesinarlos”.

Tras el homicidio del coronel Karegeya, las autoridades sudafricanas expulsaron a varios diplomáticos ruandeses a los que acusaron de haber estado relacionados con este asesinato y, el 10 de septiembre de 2014, la justicia sudafricana condenó a ocho años de prisión a cuatro hombres por el intento de asesinato del general Nyamwaza. En el juicio, se afirmó que esta tentativa de asesinato político fue tramada en Ruanda.

El 16 de enero de 2014, a través de Jen Psaki, su portavoz, el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó estar “conmovido por la sucesión de asesinatos de exiliados ruandeses, que parecen deberse a motivos políticos.” «Las recientes declaraciones del presidente Kagame en relación a “las consecuencias para los que traicionaron a Ruanda” son nuestra máxima preocupación». Unos días más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico hizo declaraciones similares.

En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores francés, el silencio del ministro Fabius fue tan ensordecedor como el de la ministra de Justicia, Christine Taubira.

La última maniobra de Kigali

A pesar de compartir continuamente opiniones y teorías sobre el régimen de Kigali, la prensa francesa -en concreto, Libération, y más recientemente Le Monde-, por extraño que parezca, se ha mostrado “pudorosa” en lo que respecta al escándalo judicial, humano y, quizá, incluso político, que supone el rapto de Emile Gafirita. Y más después de la muerte del coronel Karegeya y los tres intentos de asesinato del general Nyamwaza. […]

Leer la continuación en: el blog oficial de Bernard Lugan

Fuente: Blog de Gaspard Musabyimana, Emile Gafirita Abandonné à des assassins: inconséquence ou affaire d’Etat dans le bras de fer entre la France et le Rwanda?, Publicado el 15 de diciembre de 2016 por Bernard Lugan

Traducido para Umoya por Eva Baquero Salavera (Universidad de Salamanca).

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