Ruanda: autopsia de una dictadura implacable

El artículo a continuación está extraído de un documento publicado por Serge Dupuis y se titula: “¿Conmemorar el genocidio de los Tutsis en Kigali? Ruanda hoy en día” [en francés].

El control político

kagameEl espacio político es un lugar estratégico para el proyecto de transformación de Ruanda concebido por los dirigentes del país. Desde su acceso al poder en julio de 1994 hasta 2003, fecha del final del periodo de transición post-genocidio, el FPR, desprovisto de base política en el país, se las ha arreglado para conseguir un control sin partición y perenne de Ruanda. Al día siguiente de la toma de Kigali, en julio de 1994, se vio obligado, ante la mirada de la comunidad internacional y de los mecenas, así como por el compromiso adquirido durante los Acuerdos de Arusha en agosto de 1993, a compartir el poder con los partidos políticos reconocidos por esos acuerdos. El gobierno de unión nacional post-genocidio parecía de hecho responder a los criterios de Arusha. Sin embargo, de 1993 a 2003, fecha prevista para las elecciones presidenciales y legislativas, la evolución política desembocó en el establecimiento de la hegemonía del FPR y, más exactamente, de la élite tutsi anglófona proveniente de Uganda. Toda la competencia fue eliminada del panorama político. Cualquier demócrata, cualquier voz crítica, fuese hutu o tutsi, fuese miembro o no del gobierno, fue progresiva y sistemáticamente apartada: exilio, encarcelamiento, eliminación física. La investidura por la antigua rebelión de cualquier posición significativa de poder durante este periodo, la partida al exilio de numerosos dirigentes civiles y militares, entre ellos también tutsis, aseguraron el establecimiento y la consolidación de la dictadura del FPR.

Los gobernantes establecieron un foro de concertación de partidos políticos como mecanismo de intercambio, de concertación y de mediación que agrupa en torno al FPR, bajo un régimen de consenso, al conjunto de las formaciones oficialmente agregadas. De hecho, está previsto que el presidente de la República, el Primer Ministro y el presidente de la Asamblea Nacional pertenezcan cada uno a un partido político diferente, mientras que el partido mayoritario no puede ocupar más del 50% de los escaños del Gabinete. Sin embargo, bajo este sistema el reparto del poder es tan sólo una ilusión. Los partidos políticos supuestamente de oposición agrupados en torno al FPR, no son otra cosa que partidos satélites que, en el momento de las elecciones presidenciales, apoyan sin falta al presidente Kagame o bien presentan un candidato cuyo papel se limita a aportar un aire de credibilidad al ejercicio. Un dirigente del Partido Liberal podía de este modo declarar en 2008, durante un meeting: “No estamos aquí para oponernos al presidente Kagame sino para construir la nación. Ruanda no tiene nada que hacer con una oposición a la europea” [1]. Así, el investigador belga Filip Reyntjens pudo constatar en 2010 que, en contradicción con las disposiciones de la Constitución ruandesa, el FPR era fuertemente mayoritario en el seno del gobierno, con 20 ministros sobre un total de 27. De manera aún más significativa, tratándose de la realidad del poder, entre las personas que Reyntjens pudo identificar, 17 secretarios permanentes – los antiguos secretarios generales – de 18 pertenecían a la antigua rebelión [2].

El FPR controla el gobierno, el Parlamento, el Senado, así como el aparato militar y ejerce un monopolio sobre la economía a través de la mediación de su sociedad de inversión, Crystal Ventures. Al ser los directivos del FPR mayoritariamente tutsis, a menudo militares, la preponderancia de estos a la cabeza del Estado ruandés era inevitable. En 2008, en un telegrama diplomático confidencial, el embajador de Estados Unidos en Ruanda hacía un retrato de esta dominación “étnica” en un país donde aproximadamente el 85% de la población es hutu. La mayor parte de los ministerios clave, añadía, “están en manos de los tutsis”, muy a menudo anglófonos, y lo mismo ocurre con la alta-comandancia militar o con la dirección de los servicios de inteligencia y de la policía. Los dos tercios de los puestos de responsabilidad político-militares, seguía contando, están ocupados por tutsis, tendencia que se puede verificar a lo largo de varios años. Habría podido precisar que esa constatación era igualmente pertinente para la diplomacia, la magistratura, o la administración central, así como la local. Cuando algún hutu es colocado en puestos de responsabilidad, por ejemplo en el gobierno, seguía contando el embajador americano, a menudo se trata de un puesto de segunda categoría y, de todas formas, sólo detentan poca autoridad real ya que están “generalmente tutelados por un colega tutsi investido con la realidad del poder” [3].

Para los dirigentes ruandeses, la identidad tutsi del poder es tabú y mencionarla públicamente puede hacer caer encima el peso de la ley. De ese modo, la lucha contra el etnicismo permite que se haga el silencio sobre el acaparamiento del poder por el FPR y la élite anglófona civil y militar de la minoría tutsi. Un instrumento jurídico establecido en 2002 por una ley que prohíbe el crimen de “divisionismo”, y en 2008 por una segunda ley con el objetivo de reprimir la propagación de “la ideología del genocidio”, permite consolidar simultáneamente ese silencio y la dominación del FPR. Efectivamente, la definición de esos dos crímenes, que supuestamente estigmatiza el odio étnico, es de una imprecisión tal que el Estado ruandés puede criminalizar en nombre de la reconciliación y de la unidad nacional cualquier discurso, escrito, opinión o acto políticos que haga referencia por cualquier motivo a los componentes tutsi o hutu de la población. Lo mismo acontece con cualquier versión de la historia de Ruanda y del genocidio que sea distinta de la del FPR, o que señale un desacuerdo de fondo con las políticas gubernamentales – por lo tanto juzgada susceptible de generar “divisiones” o “conflictos” en el seno de la población.

Todo el peso coercitivo y represivo del Estado ha sido puesto al servicio de la reinvención de Ruanda y de los ruandeses. No se tolera ningún obstáculo. Con excepción de un pequeño partido, The Democratic Green Party of Rwanda, no está autorizado ningún verdadero partido de oposición. Los opositores han sido sometidos a una represión sistemática y una de las figuras eminentes de la oposición, Victoire Ingabire, está actualmente purgando una condena de quince años de prisión por, particularmente, “minimización” del genocidio. De regreso a Ruanda tras dieciséis años pasados en el exilio, pronunció un discurso que reconocía públicamente el genocidio de los Tutsis y se arriesgó al pedir que se hiciese justicia con las víctimas hutus del conflicto ruandés.

La casi totalidad de los periódicos independientes han sido eliminados, periodistas han sido condenados a fuertes penas de prisión, jefes de redacción tuvieron que emprender el camino del exilio, seguidos por el presidente de la Comisión de medios de comunicación de Ruanda. La menor señal de independencia, la menor crítica, incluso indirecta, en la prensa respecto del gobierno son meticulosamente perseguidas [4]. En cuanto a la sociedad civil ruandesa, tanto en su forma religiosa como laica, también está sometida a vigilancia. Desde 2001, una ley autoriza al gobierno a controlar la gestión y los proyectos de las ONG, mientras que éstas no pueden criticar a las autoridades y deben atenerse al papel que les ha asignado el FPR: ayudar al establecimiento de las políticas gubernamentales.

En todo caso, el FPR y los servicios de inteligencia controlan los individuos y las organizaciones imponiéndoles a todos la autocensura. Los instrumentos son invariablemente el hostigamiento, la intimidación, la amenaza, las acusaciones en relación con el divisionismo étnico y la “ideología del genocidio”, las multas, el encarcelamiento, las desapariciones forzosas, los asesinatos. El ejército, actor importante, ejerce un control estricto del espacio nacional y de las poblaciones, mientras que las actividades militares ocupan un lugar preferente en el proceso y los lugares de reeducación ideológica de los ruandeses. Mencionando los campamentos Ingando, el historiador de las Rwanda Defence Forces, el general de brigada Frank Rusagara, citado por Filip Reyntjens, se felicitaba porque constituyen “un acercamiento militar de la promoción de la identidad ruandesa” [5]. El ejército es considerado como un protagonista mayor del desarrollo, garante de la seguridad tal como la entiende el poder, a saber, la garantía de que el escenario que ha impuesto se desarrolle sin oposición.

En este régimen, las elecciones presidenciales o legislativas cumplen la función que se espera de ellas. Presentan la apariencia de elecciones democráticas ya que varios candidatos o partidos (candidatos ficticios y partidos-satélites del FPR) participan en ellas y de este modo envían una imagen de legitimidad popular. Además de la ausencia de cualquier oposición auténtica, las elecciones se gestionan a nivel nacional por una Comisión electoral nacional enteramente consagrada al poder y, a nivel local, por agentes del FPR y auxiliares del ejército. Cada ejercicio electoral suscita su lote de detenciones, desapariciones, fraude y manipulación. Igualmente, para el FPR es la oportunidad de sacar provecho de su control de los medios de comunicación para llevar a cabo operaciones de propaganda en el conjunto del territorio nacional.

Otro ejemplo de este modo de gobernanza, el referéndum de diciembre de 2015. Proponía una revisión de la Constitución que permitiese al presidente Kagame postularse, al final de su mandato actual, para un nuevo mandato de siete años, y después presentarse de nuevo para dos mandatos sucesivos de cinco años. El voto fue favorable por un 98.3%. De este modo, Paul Kagame podría ser reelegido hasta 2034. Se suscitaron peticiones “espontáneas” y masivas que demandaban la posibilidad de que Paul Kagame pudiese aspirar a un tercer mandato, contrariamente a las disposiciones constitucionales en vigor. El pasado mes de junio, preguntada por la cadena de televisión Al Jazeera sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda, Louise Mushikiwabo, ministra de Asuntos Exteriores, contestó así: “Ruanda, como cualquier otro país del mundo, tiene su propia manera de hacer las cosas” [6].

Publicado por Gaspard Musabyimana en su blog el 3 de diciembre de 2016.

[1] Janne d’Othée François, Le Vif-L’Express, « Rwanda. Élections en trompe-l’oeil », 17 septiembre 2005.

[2] Filip Reyntjens, «Chronique politique» en L’Afrique des Grands Lacs: anuario 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 274-275.

[3] Wikileaks, Public Library of US Diplomacy, 08KIGALI525_a, 5 agosto 2008.

[4] Ver Anjan Sundaram, Bad News. Last Journalists in a Dictatorship, Londres, Bloomsbury, 2016.

[5] Filip Reyntjens, Political Genocide in Post-Genocide Rwanda, New York, Cambridge University Press, 2013, pp. 71-73.

[6] Al Jazeera, 10 junio 2016.

Traducido para UMOYA por Juan Carlos Figuiras.

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