Pierre Péan: la Justicia francesa y el drama ruandés

El 7 de noviembre de 2016, Pierre Péan intervino como testigo ante la Audiencia de Bobigny (Francia),  en el proceso a Pascal Simbikangwa. Su testimonio es de interés. Lo reproducimos íntegramente en las líneas que siguen.

Pierre Péan

Pierre Péan

Señor Presidente, Señora, Señor, Señoras y señores del jurado,

Se enfrentan ustedes a una tarea difícil, la de juzgar a un hombre en un sistema totalmente desequilibrado en favor de la acusación, un sistema injusto…

No conozco a Pascal Simbikangwa y las razones que le han llevado a estar hoy sentado en el banquillo de los acusados, pero sé que este proceso plantea numerosos problemas sobre la manera como la justicia derivada de la competencia universal es ejercida.

Mi testimonio de contexto tiene en primer lugar como objetivo atraer la atención sobre la importancia del marco en el que la justicia ha inscrito los hechos reprochados al acusado. La Corte los sitúa entre aquellos “de una organización colectiva que reposa necesariamente en un plan concertado”, tal y como yo he podido leerlo en la carta de motivación, asumiendo la tesis de la existencia de un plan maquiavélico establecido en 1990 para eliminar a los tutsi. Ahora bien, el 18 de diciembre de 2008, el coronel Bagosora, “cerebro del genocidio”, fue absuelto del crimen “de entendimiento (acuerdo) con vistas a cometer el genocidio”, calificación que recubre la elaboración colectiva del proyecto genocida y los preparativos necesarios para su ejecución. La Corte, de este modo, descarta la tesis atribuida al acusado de un movimiento popular caótico, espontáneo e incontrolable que habría seguido al atentado del 6 de abril de 1994 contra el Falcon 50 en el que murieron los presidentes ruandés y burundés. ¿Ha optado por ello en favor de la verdad? Lo dudo. El atentado no puede ser eliminado de la concatenación de sucesos del drama ruandés. En efecto, casi todo el mundo está de acuerdo en considerar este atentado como el “factor desencadenante del genocidio”. En consecuencia, no es anodino conocer quiénes fueron los responsables de este atentado.

Si se comprobara que fue el FPR el que derribó el avión del presidente Habyarimana, toda la historia del genocidio de Ruanda debería reescribirse. Aunque esta situación en nada atenúa la responsabilidad de los extremistas hutu en la muerte de cientos de miles de personas, el FPR aparecería bajo una nueva luz…”, para retomar las palabras de Carla del Ponte, antigua fiscal del TPIR. O expresado de manera más prosaica, Paul Kagame y el FPR tendrían una responsabilidad en el genocidio de los tutsi y de los hutu moderados. Dicho de otro modo, si se comprobara que fue el FPR el que había derribado el avión, la tesis sostenida por la Corte volaría por los aires.

Será en el Palacio de Justicia de París donde esta cuestión esencial se dilucidará. Como consecuencia de una querella planteada por la familia del personal francés que pilotaba el Falcon 50, el juez Jean-Louis Bruguière abrió una investigación cuatro años después de los hechos. En 2006, lanzó nueve mandatos de arresto internacional contra nueve personas cercanas a Paul Kagame; provocó una grave crisis política entre Ruanda y Francia, crisis que el presidente Sarkozy hizo todo lo posible por allanar. Marc Trévidic, sucesor del juez Bruguière, dio una nueva orientación a la instrucción del caso. Dicha instrucción se cerró hace unos meses. Kigali esperaba que se produciría un sobreseimiento. Pero el general Kayumba Nyamwasa, patrón de la DMI, servicios secretos en el momento del atentado, ha decidido declarar antes los jueces, tras haberles hecho llegar un documento en el que acusa a Paul Kagame y a dos de sus personas próximas de ser los autores del atentado. La instrucción judicial, en consecuencia, acaba de reabrirse y nadie puede saber hacia qué lado se inclinará la balanza de la justicia. Kigali se muestra furioso ante esta reapertura y considera, como un efecto espejo, que esta decisión no es producto de la justicia sino de las autoridades francesas con el objetivo de desestabilizar a Paul Kagame. Este último, como represalia, ha comenzado por otro lado a adoptar medidas de intimidación para bloquear los pasos de la justicia. Señoras y señores del jurado, en consecuencia, sepan  ustedes que en tanto la instrucción no haya terminado, son el FPR y Paul Kagame los sospechosos de ser los responsables del atentado, del factor desencadenante del genocidio. Ocho ruandeses del FPR siguen siendo investigados y un noveno, el general Kayumba Nyamwasa, es objeto de mandato de arresto internacional. Este simple recordatorio de los hechos muestra así la incoherencia del enfoque de la cuestión ruandesa por parte de la institución judicial.

Antes incluso de hablar más a fondo de la especificidad francesa de juzgar a ruandeses, voy a derribar una puerta abierta al subrayar la enorme dificultad de aprehender hechos de hace 22 años. Dificultad todavía mayor cuando instructores y magistrados no pertenecen a la misma cultura que la de los justiciables…

Más allá del caso Pascal Simbikangwa, estoy convencido de la imposibilidad de juzgar equitativamente y serenamente a ruandeses en Francia. El Polo genocidio es muy a su pesar productor de injusticia. En principio, aunque alejada de lo real, la idea de perseguir a los genocidas podría aparecer hermosa, ya que es universalista. Sin embargo, la realidad hace que su puesta en práctica sea imposible. En primer lugar y ante todo, porque el funcionamiento de tal Polo exigiría una íntima cooperación entre dos justicias independientes de países democráticos. Ahora bien, Ruanda es una dictadura y su llamada justicia, evidentemente, nada tiene de independiente…

¡Decir que Ruanda es una dictadura no es una noticia, pero, he querido comprender que esta afirmación no es aceptada por aquellos que están en el origen de este proceso!

No soy el único en afirmarlo; por ejemplo Human Rights Watch: “El gobierno impone restricciones severas a la libertad de expresión y no tolera la disidencia. El espacio político es extremadamente limitado y la sociedad civil así como los medios independientes se han debilitado. Opositores y detractores del gobierno son asesinados, agredidos o amenazados, tanto en el interior como en el exterior del país. A pesar de algunas reformas jurídicas, el sistema judicial está falto de independencia en relación a asuntos políticos y sensibles. Varias decenas de personas han sido detenidas ilegalmente por la policía o por el ejército en centros de detención no oficiales, en los que han sido torturadas o maltratadas. Decenas de personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en 2014. Algunas han reaparecido en la cárcel después de una detención prolongada en lugar secreto; otras siguen siendo víctimas de desapariciones forzadas”.

Por su lado, Gerald Gahima, antiguo fiscal general de Ruanda, ha afirmado a Marianne: “Ruanda es un país  a la vez misterioso y peligroso que presenta una fachada democrática, controlado por un solo hombre que controla todas las instituciones: el ejecutivo, la justicia, el parlamento, el partido en el poder y la sociedad civil. Así pues, cualquier persona u organización que no esté en línea con la política del presidente Kagame está potencialmente en peligro. Es un país muy estrechamente controlado”.

El universitario belga Filip Reyntjens, gran conocedor de Ruanda, va todavía más lejos ya que habla de Paul Kagame como del “mayor criminal de guerra en funciones”. Sí, Ruanda es una dictadura sanguinaria como ya mostraba el  informe Gersony en septiembre de 1994. Este informe subrayaba que en las 41 localidades donde había investigado, más de treinta mil civiles habían sido asesinados por el FPR. El informe fue enterrado, como sucedió con otros numerosos informes que ponían en cuestión e imputaban al FPR y al gobierno de Ruanda por sus crímenes y por el pillaje del este del Congo. Por ejemplo, el entregado a Kofi Annan el 30 de junio de 1998 que confirmaba la amplitud de las masacres de refugiados hutu, aunque los investigadores, dirigidos por Roberto Garreton, no pudieron culminar sus investigaciones: Laurent-Désiré Kabila se lo impidió. El secretario general de la ONU escribió al Consejo de seguridad, retomando algunas conclusiones de este informe: “Las matanzas a las que se entregaron la AFDL y sus aliados, incluyendo elementos del ejército ruandés, constituyen crímenes contra la humanidad”, y subrayando que los investigadores “piensan que algunos asesinatos pueden constituir actos de genocidio según la intención que los motivaba”.

Me ha tocado conocer personalmente la naturaleza del régimen ruandés. Vi a Victoire Ingabire poco antes de su marcha a Kigali en enero de 2010. Tenía la intención de presentarse a las elecciones presidenciales. Al no haber sido reconocido su partido, ella no pudo presentarse y en el mes de octubre siguiente fue detenida; luego, fue juzgada y condena a 15 años de cárcel por “conspiración contra las autoridades por el terrorismo y la guerra, minimización del genocidio de 1994 y propagación de rumores con intención de incitar al público hacia la violencia”.

En otoño de 2013, hablé varias veces telefónicamente con el coronel Patrick Karegeya. Me comunicó su deseo de venir a París para prestar testimonio en el marco de la instrucción sobre el atentado contra el Falcon 50. Por otro lado, había declarado ante los micrófonos de RFI que estaba dispuesto a probar desde dónde habían sido disparados los misiles (que derribaron el avión). Pero, el coronel Karegeya no vino a París: fue estrangulado en una habitación de un hotel en Johanesburgo el 1 de enero de 2014. ¿Qué decir, igualmente, de las dos tentativas de asesinato del general Faustin Kayumba Nyamwasa, antiguo patrón de la DMI, también en Sudáfrica? O, también, del secuestro de Émile Gafirita, que había rechazado mantener en secreto su venida a París…

Igualmente, me gustaría insistir sobre la dependencia del Polo genocidio respecto del Colectivo de las Partes Civiles Ruandesas (CPCR) que asegura, por cuenta de la justicia ruandesa, la función acusadora del Polo. Alain Gauthier, convertido en ruandés por los servicios prestados, trabaja en estrecha relación con el fiscal general de Ruanda, constituye con el CPCR el brazo armado. Tiene acceso a todos los procedimientos en curso. Está financiado por Ruanda. Ayudado frecuentemente por el periodista Jean-François Dupaquier, que como él ha adquirido la nacionalidad ruandesa, persigue, con métodos dignos de la Stasi, a los presuntos genocidas instalados en Francia: hostiga a los alcaldes de los municipios donde viven los ruandeses “buscados” por Kigali, envía cartas infamantes sobre los abogados que se atreven a defenderlos, y sobre las personas que, como yo, no comparten su análisis sobre la tragedia ruandesa. Alain Gauthier y su mujer Dafroza están plenamente adheridos al FPR desde 1990. Tras la victoria de Paul Kagame en 1994, la señora Dafroza Gauthier, ligada familiarmente al general James Kabarebe, próximo entre los próximos al presidente Paul Kagame, impugnado en la instrucción sobre el atentado del 6 de abril, se ha instalado como propagandista-jefe del régimen ruandés a la cabeza de la Comunidad ruandesa de Francia (compuesta en realidad por tutsi partidarios del FPR), a la vez que ha sido activa militante de la asociación IBUKA, otra excrecencia del FPR.

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Alain y Dafroza Gauthier

Alain Gauthier pasa más o menos la mitad de su tiempo en Ruanda, donde tiene acceso a todos los procedimientos en curso. Una vez hecha su tarea, mientras el fiscal ruandés lanza demandas de extradición, Gauthier regresa a Francia, y presenta querellas contra los objetivos seleccionados en Kigali y, a la espera de las decisiones judiciales, les emponzoña la vida. En quince años, Alain Gauthier ha estado en el origen de 28 denuncias/querellas, de las que 22 están lanzadas en nombre del colectivo y a menudo de manera conjunta con las planteadas por organizaciones humanitarias. Alain Gauthier es un tan buen pequeño soldado del régimen de Kigali que al final del primer día del proceso en apelación, dio cuenta a Kigali de su desarrollo en un artículo en la web internet, cercana al régimen, igihe.com.

Una vez aceptada por el Polo, la querella iniciada por CPCR debería entrar en una mecánica “normal”: jueces y policía judicial intentando llevar a cabo una instrucción de cargo y descargo. Fuera de Ruanda, no encuentran problemas para ello. En Ruanda, por el contrario, dependen de la buena voluntad de la Justicia ruandesa, que la que está en el origen de la querella y que, por lo tanto, no tiene interés alguno en facilitar una instrucción de descargo. Los testigos, por otra parte, no tienen ninguna libertad, ya que saben que ponen en riesgo su vida si se oponen a la “doxa” ruandesa. Para apoyar mi afirmación sobre la imposibilidad para los magistrados de trabajar normalmente con Ruanda, creo que se puede hacer referencia a las experiencias de dos antiguas fiscales generales del TPIR, Louise Arbour y Carla del Ponte.

Louise Arbour, en una entrevista el mes pasado a Globe and Mail (Canadá), dice haber prevenido a su sucesora Carla del Ponte de que “las investigaciones no pueden ser hechas más que en el exterior de Ruanda a causa de los peligros y dificultades para trabajar en el interior de Ruanda”. “Trabajábamos en un entorno frágil. Yo tenía muchos problemas en cuanto a la seguridad de nuestros testigos… El tribunal estaba constantemente en una posición conflictiva con el presidente Kagame”.

Carla del Ponte dio todavía más detalles sobre la imposibilidad de llevar a cabo en Ruanda una investigación serena en ‘La Traque, les Criminels de guerre et moi’ (La caza, los criminales de guerra y yo).

Las autoridades ruandesas  ya mantenían bajo control cada etapa de nuestras investigaciones. Sabíamos que el servicio de inteligencia de Ruanda había recibido de los Estados Unidos un equipo de vigilancia que era utilizado para control de las llamadas telefónicas, fax y tráfico de Internet. Sospechábamos que las autoridades habían infiltrado también nuestra red informática y habían colocado agentes entre los intérpretes ruandeses y otros miembros del equipo de Kigali. En otras palabras, los ruandeses sabían en tiempo real lo que hacían los investigadores del Tribunal”.

Este desequilibrio entre la acusación y defensa queda acentuado por la desproporción de medios entre los dos. La acusación dispone en realidad de medios de un Estado mientras que la defensa no posee ninguno. Hago mío el grito de cólera de la defensa que, al preparar mi intervención, encontré en internet:

Escandaloso desequilibrio ya que no se beneficia en nada de las garantías del TPIR. En efecto, mientras el TPIR, tribunal especializado, tiene el beneficio de poseer un estatuto, un reglamento, unas barreras procedimentales, acceso a abogados generosamente remunerados, la ley francesa está… vacía. Ausencia de acceso al dossier, imposibilidad para la defensa de desplazarse a Ruanda y contactar con magistrados instructores y fiscalía, asunción del dossier por parte de magistrados inexperimentados; todo ello antes de la creación de un Polo genocidio que no hará sino poner aún más de relieve el desequilibrio flagrante entre la acusación y la defensa. De un lado, una Fiscalía, encerrada en sus certezas, que dispone de asistentes especializados. Del otro lado, una defensa de oficio que tiene problemas para hacerse entender por falta de medios y cuya tentativa desesperada de abrir el debate es cada vez tildada cobardemente de negacionismo”.

Ya sé que las partes civiles me calificarán igualmente de negacionista por haber expresado mi punto de vista. Se trata de una acusación monstruosa ya que remite a la negación de la Shoah. Acusación de la que soy víctima desde hace once años. El viernes pasado, ustedes ya han tenido un aperitivo de los ataques de  militantes pro-Kagame con el testimonio de la profesora universitaria  Hélène Dumas. Tras haber evocado la existencia de varios tipos de negacionismo, ella asestó este golpe: “El que viene del exterior (Pierre Péan por ejemplo)”. Este golpe bajo es una ilustración perfecta de lo que digo. Si bien Hélène Dumas es investigadora del CNRS, trabaja igualmente en estrecha relación con el Doctor Jean Damascène Bizimana, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional contra el genocidio (CNLG).

¿Qué es la CNGL?

Un organismo de Estado ruandés que es el corazón del reactor de la lucha contra Francia y que, por azar, es el organismo que acaba de lanzar como consecuencia de la reapertura reciente del dossier de instrucción sobre el atentado, la amenaza de acusación contra 22 militares franceses por participación en el genocidio. Nada más claro que el comunicado de la CNLG del 30 de octubre de 2016 sobre el chantaje ejercido contra Francia y su justicia. Cito: “La manipulación del dossier del avión, un ocultamiento de las responsabilidades francesas en el genocidio: casos de los oficiales franceses”.

El viernes pasado han asistido ustedes a la proyección del documental “Tuez-les tous (Ruanda, Histoire d’un génocide sans importance)” = Matadles a todos (Ruanda, Historia de un genocidio sin importancia), realizado por Raphaël GLUCKSMANN, David HAZAN y Pierre MEZERETTE, que está en perfecta armonía con la tesis defendida por Kigali y con el telón de fondo de este proceso. En aras de un equilibrio, la Corte podría, debería, proyectar el documental de la BBC “Rwanda’s untold story” que cuenta una historia completamente diferente del drama ruandés y que ha suscitado un petición, firmada concretamente por Hélène Dumas, Alain Gauthier, Jean-François Dupaquier y los amigos franceses de Kagame… Ustedes constatarán de ese modo que existen dos lecturas antagónicas del drama ruandés.

Habrán comprendido ustedes que comparto la de la BBC, a saber, que esta historia dramática es una guerra civil que comenzó en octubre de 1990 a causa de una agresión armada de los tutsi del exterior del FPR, apoyados por Uganda; que las tropas del régimen establecido, ayudadas por Francia, trataron de frenar este ataque; que las tropas del FPR se dedicaron perpetrar  masacres; que provocaron el éxodo de más de un millón de ruandeses; que los extremistas hutu, a su vez, perpetraron graves exacciones; que para acelerar la toma del poder, Paul Kagame ordenó el atentado contra el avión de Habyarimana; que los extremistas hutu convencidos de que estaban asistiendo a una reproducción de lo que había sucedido en Burundi seis meses antes, a saber, el asesinato por parte de los tutsi de Melchior Ndadaye, presidente hutu democráticamente elegido en Burundi y las masacres de hutu posteriores, comenzaron entonces – y animaron a la población a imitarles – a lo que se llamó hasta el fin de los años 1990, “el genocidio de los tutsi y hutu moderados” (¿una de las primeras víctimas no fue la primera ministra hutu Agathe Uwilingiyimana y numerosas personalidades hutu?); y que hubo igualmente masacres de hutu…

En fin, una guerra civil de una violencia extraordinaria en la que las responsabilidades no hay que buscarlas solamente en un lado y que no debe ser analizada como una confrontación entre el Bien y el Mal… Si los tribunales – internacional y nacional – adoptaran la lectura del documental de la BBC, los hutu no serían los únicos acusados.

Como ya he afirmado en la introducción, “No conozco a Pascal Simbikangwa y las razones por las que está sentado en el banquillo de los acusados”: por lo tanto, no soy su abogado y menos todavía un testigo de descargo. Sólo soy un ciudadano francés, visceralmente demócrata y republicano, que defiende ante ustedes un alto ideal de la justicia.

Señoras, señores del Jurado, espero, para concluir, que ustedes tengan a bien considerar la existencia de una visión diferente del drama ruandés y de las consecuencias que ello tendría sobre la manera de hacer justicia, si así fuera tenida en cuenta.

Pierre Péan

Fuente: Blog de Gaspard Musabyimana: PIERRE PÉAN : LA JUSTICE FRANÇAISE ET LE DRAME RWANDAIS, publicado el 30 de noviembre de 2016.

Traducido por Ramón Arozarena.

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