Crisis en Burundi: un peligro para la región

El 20 de agosto, Pierre Nkurunziza fue investido como presidente de Burundi por tercera vez. Su investidura, anunciada la mañana misma, tuvo lugar casi a escondidas y los embajadores europeos y americanos acreditados en Bunjumbura estaban visiblemente ausentes, lo mismo que la Unión africana. La multiplicación de asesinatos en agosto ha conducido a la presidencia a organizar la investidura precipitadamente.

La crisis comenzó en abril con la candidatura del presidente burundés a un tercer mandato, cuando el acuerdo de Arusha, firmado en 2000, que puso fin a la guerra civil, sólo prevé dos mandatos. Como en Burkina Faso, la sociedad civil y la oposición se manifestaron de abril a junio en las calles de la capital, y la comunidad internacional se movilizó para hacerle renunciar a su proyecto. Tras una larga experiencia de guerra civil, 200.000 burundeses han abandonado el país, en una huida silenciosa hacia Tanzania, RD Congo y Ruanda. Las intervenciones de la Unión europea, Bélgica, los EEUU, las advertencias de la UA y los gestos desaprobatorios de la ONU, sólo permitieron aplazar unas semanas las elecciones. No lo suficiente como para mejorar las condiciones las condiciones políticas y de seguridad del proceso electoral, tal y como deseaban los opositores y los diplomáticos. Pierre Nkurunziza, no sólo ha zarandeado la Constitución, sino que también ha logrado la ausencia de pluralismo de las elecciones legislativas, municipales y presidenciales; todas ellas ganadas por su partido.

Este “forcing” es desastroso. Aparte de la Iglesia católica, todo aquel que se oponía institucionalmente al régimen ha sido expulsado del país: la oposición, los medios de comunicación independientes, las principales organizaciones de la sociedad civil y buena parte de la “intelligentsia”. Todo el que se oponía oficiosamente al régimen es vigilado: miembros del partido en el poder – algunos de ellos, importantes – lo han abandonado y se han unido a la oposición en el exilio – y militares. El fracaso del golpe de estado del 13 de mayo ha revelado la existencia de tensiones internas en un ejército que pasaba por ser el símbolo del éxito del acuerdo de paz de 2000. Los donantes han tomado distancias y la economía se ha paralizado. Las condiciones de un nuevo conflicto se ha reunido: la oposición se ha potenciado con miembros del partido en el poder, se reorganiza en el exilio y se beneficia de una acogida complaciente por parte de Ruanda; los refugiados constituyen u núcleo de reclutamiento ideal para acciones armadas; el ejército se muestra inquieto y dividido.

Tras la elección presidencial, Burundi ha pasado del estadio de una crisis electoral a uno de pre-guerrilla. La violencia ha cambiado: asesinatos selectivos cotidianos en la ciudad y en provincias han sustituido a las manifestaciones brutalmente reprimidas en la primavera durante las cuales murieron más de 90 personas; los primeros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados no-identificados ya han tenido lugar. En Bujumbura, al asesinato a primeros de agosto del número 2 del régimen, el tristemente célebre jefe de los servicios de inteligencia Adolphe Nshimirimana, le siguió el asesinato de un antiguo jefe de estado-mayor, símbolo de la vieja guardia en el ejército, y la tentativa de asesinatos, fracasada, del más célebre activista pro derechos humanos, Pierre-Claver Mbonimpa.

El clima de represión y miedo recuerda periodos predecesores de la guerra civil de los años 1990. Si bien nadie sabe dónde y cuándo va a producirse la explosión, todo el mundo la presiente. Si adopta el sesgo de un enfrentamiento entre hutu y tutsi, como lo fue en la guerra civil, será brutal y despiadada. Burundi, pequeño país enclavado y super-poblado, que sólo produce té y café, es una bomba geopolítica. Los 200.000 refugiados, los grupos armados transnacionales, la oposición burundesa en Ruanda y las enemistades complejas entre los regímenes vecinos, son otros tantos factores que regionalizarían un eventual conflicto burundés. Si la crisis terminara por bascular hacia una nueva guerra civil, no sólo recularía diez años el país, sino que toda la región de los Grandes Lagos retrocedería veinte años.

Thierry Vircoulon (International Crisis Group) 24 de agosto de 2015

Traducción : Ramón Arozarena

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