Moratoria en la adquisición de tierras a gran escala

AEFJN hace un llamamiento a todos los gobiernos nacionales – inversores y anfitriones, a las organizaciones internacionales, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los inversionistas, para adoptar una moratoria de 5 años en la adquisición de tierras a gran escala en el mundo entero, hasta que se instalen salvaguardas que impidan un impacto negativo en las comunidades locales.

A. ¿Porqué una moratoria en las adquisiciones de tierras a gran escala?

Una moratoria de 5 años suspenderá todas las actividades relativas a las adquisiciones de tierras a gran escala (ATGE) para la agricultura en sus diversas formas, que transfieren los recursos de alimentos y la energía de los países en desarrollo a otros países, a través de mecanismos y contratos injustos. Actualmente, muchos ATGE crean un sufrimiento humano, económico y ambiental y dan lugar a violaciones de los derechos humanos. La ausencia de leyes nacionales e internacionales que rigen la ATGE es la principal razón de sus efectos nocivos sobre la población rural, agricultores familiares, pastores, el medio ambiente y el derecho a la alimentación. Debe respetarse una moratoria hasta que se tomen medidas apropiadas para proteger a la población afectada y el medio ambiente.

Durante la moratoria de cinco años, todos los países anfitriones y los inversores tienen tiempo para establecer y adoptar una legislación vinculante para inversiones agrícolas; por ejemplo, podría estar basada en las Directrices voluntarias de la FAO para una gobernanza responsable de sistemas de tenencia aplicables a tierras, pesca y bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Al mismo tiempo, los Estados de acogida podrán emprender una reforma agraria simplificada, que garantizará a los agricultores familiares el derecho a poseer la tierra que trabajan y donde viven e implementar la legislación garantizando a la población los beneficios de la inversión en tierras. Los países inversores pueden crear un mecanismo sancionando las violaciones extraterritoriales de los derechos humanos, de las empresas que invierten en el extranjero. Esto haría que los inversionistas que violan los derechos humanos en el país anfitrión comparezcan ante un tribunal en el país donde tienen su sede social.

Las Naciones Unidas (ONU) podrían adoptar la moratoria hasta que normas legales obligatorias para la adquisición de grandes extensiones de tierra estuvieran decididas. Dicha resolución tendría un peso político y moral y podría constituir la base de leyes internacionales, que evitarían la acumulación de tierras.1

1. Definimos el acaparamiento de tierras como el alquiler o la compra de grandes extensiones de tierra por los actores nacionales, extranjeros o transnacionales que afectan a los derechos humanos, socio-económica y ambientales de la población local.

B. Impactos de los ATGE sobre la población, el medio ambiente y la economia

B.1. Población

Grandes plantaciones desplazan a los agricultores familiares y concentran los terrenos disponibles y los recursos hídricos adyacentes en las manos de la agroindustria. Estos desplazamientos y estas adquisiciones de la tierra pueden tomar la forma de desalojos y de despojo ilegal, obligando a los agricultores a abandonar sus tierras y su aldea o empujándolos hacia parcelas más pequeñas. Esto viola los derechos de los agricultores familiares, especialmente su derecho a la alimentación.

Los contratos para el ATGE a menudo violan los derechos de las personas a un nivel de vida adecuado, que incluye el derecho a una vivienda adecuada y deben garantizar la protección contra los desalojos forzosos. Muchos acaparamiento de tierras suceden en países donde la gobernanza de la tierra es débil y donde los derechos de los usuarios son bajos, lo que lleva a poca seguridad de las tierras para la población, particularmente para los agricultores. Los países anfitriones (a menudo apoyados por donantes) reforman las leyes agrarias basándose en el modelo occidental de título comercial, haciendo caso omiso de la costumbre y los derechos de la comunidad. El peligro de esto es que gobiernos e inversionistas pueden fácilmente identificar y parcelar la tierra llamada “vacante” o “no utilizada” para vender o alquilar. Los contratos sobre la tierra firmados por los inversionistas y los Estados de acogida desempoderan o expropian a las comunidades locales de su tierra. En realidad esta tierra “inutilizada” es cultivada desde hace siglos por la población local que vive en ella y que tiene un valor cultural importante.

El acaparamiento de tierras impide el ejercicio del derecho a la alimentación y viola el derecho a la libre determinación puesto que priva a los agricultores familiares del acceso a la tierra y el agua – recursos básicos para su subsistencia. En la mayoría de los países en desarrollo, los agricultores familiares juegan un papel esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, ya que son los más importantes productores de alimentos. Una parte de sus cosechas se destina al consumo personal y venden el resto para responder a otras necesidades como la salud y la educación. En este contexto, las empresas extranjeras que acaparan la tierra privan a los agricultores y pastores familiares de sus ingresos y de sus medios de subsistencia. Como resultado, muchas familias de agricultores se ven obligadas a migrar a los barrios urbanos, porque a menudo la pérdida de tierras no se compensa con empleos de calidad o pagos adecuados. Además, los cultivos producidos por empresas extranjeras a menudo se destinan a la exportación (alimentos, biocombustibles), reduciendo la disponibilidad de alimentos para los mercados locales, incrementando la pobreza y el riesgo de hambruna.

Muchos contratos de tierras son celebrados en secreto, sin consultar y sin el consentimiento libre, previo e informado de la población local. Como resultado, la gente se enfrenta a las consecuencias de los contratos de la tierra cuando lleguen las excavadoras a sus tierras. La naturaleza no transparente de los contratos es una falta de respeto para la población local, a la cual no se le da ninguna explicación, ya que la gente no puede reclamar sus derechos. El fenómeno de acaparamiento de tierras puede desestabilizar países y puede llevar a conflictos. La escasez de tierra y de agua provoca conflictos entre los inversores y los aldeanos, entre pastores y agricultores (el tema de acceso a pastos y agua), entre las comunidades y aún dentro de las comunidades.

B.2. Medio ambiente

Los ATGE están destinados a menudo a la agroindustria que tiene un historial bien establecido de contaminación de la naturaleza y daños a la biodiversidad. La agricultura intensiva utiliza a menudo grandes cantidades de productos químicos, maquinaria grande y organismos genéticamente modificados (OGM). Esto se traduce en impactos nocivos sobre el medio ambiente: la pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y la contaminación de los recursos hídricos.

Además, la agroindustria promueve el uso de productos transgénicos patentados, que podrían conducir a la desaparición de las semillas y las variedades locales de alimentos. El uso de la patente por la agroindustria socava el derecho de los agricultores de conservar, replantar, compartir o difundir libremente sus propias semillas, porque se verán obligados a comprar semillas patentadas caras y los productos químicos correspondientes, lo que podría provocar la quiebra entre los agricultores.

B.3. Economia

Los gobiernos y los inversores presentan sus inversiones como una “situación de ganador-ganador”, los gobiernos anfitriones esperan que estas inversiones creen puestos de trabajo, generen ingresos, modernicen la agricultura (aumento de la productividad, acceso a nuevos mercados). Además, los inversores a menudo prometen proveer infraestructuras y servicios (dispensarios, escuelas). Sin embargo, en general, pocas de estas expectativas y estas promesas se materializan. Las inversiones están a menudo orientadas hacia la generación de ganancias elevadas a corto plazo para los inversionistas, mientras pretenden contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo. Sin embargo, difícilmente se encuentra una ATGE que beneficie a la población local, porque ningún capital es reinvertido en la economía local, y porque los recursos y las ganancias son exportados. Por lo tanto, para la economía en los países en desarrollo, esto conduce a una pérdida de recursos naturales y la pérdida de la seguridad y la soberanía alimentaria a cambio de un ínfimo beneficio económico.

Los gobiernos de los países anfitriones esperan mayores ingresos del alquiler o de la venta de tierras del gobierno. Sin embargo, esto no ocurre de manera significativa porque los gobiernos anfitriones venden las tierras a precios bajos o las alquilan a largo plazo a tasas extremadamente bajas. Además dan a los inversores exenciones de impuestos, derechos de exportación poco elevados y permisos a las empresas para repatriar beneficios.

Asimismo, los gobiernos esperan la creación de empleos a partir de estas transacciones. Sin embargo, la inversión en tierras crea pocos puestos de trabajo, porque la mayor parte del trabajo está mecanizado. Además, la mayoría de puestos de trabajo son trabajo estacional con salarios muy bajos y con malas condiciones de trabajo, dejando a las familias en peligro y sin ingresos durante ciertas temporadas.

La modernización agrícola: En la mayoría de los casos, los ATGE se centran en la agricultura industrial orientada a la exportación. Muchos de los gobiernos anfitriones creen que la producción de cultivos (alimentos y biocombustibles) para la exportación, mejorará la seguridad alimentaria y la productividad de los agricultores. Sin embargo, a medida que se desvían más tierras para el cultivo de productos de exportación, dejando menos tierras para la agricultura de subsistencia y para los pastores, se va reduciendo su productividad y poniendo en peligro la seguridad alimentaria. Los agricultores que trabajan con cultivos para la exportación son cada vez más dependientes de los mercados internacionales fluctuantes para su consumo de alimentos. Como resultado, el país se ve obligado a importar más alimentos, lo cual reduce la soberanía alimentaria general. Los gobiernos esperan que las empresas proporcionen capacidad y tecnología para aumentar la producción. Sin embargo, los derechos de autor elevados impiden la transferencia de tecnología a los países de acogida y las sociedades prefieren recurrir a expertos extranjeros en vez de formar expertos locales. Una alternativa es el apoyo de la agricultura familiar, que será mucho más eficaz para aumentar la productividad mediante la mejora de los métodos tradicionales.

C. Principales actores que promueven los ATGE

La crisis financiera, energética (combustibles fósiles) y del medio ambiente, interconectadas entre ellas, han desencadenado una avalancha mundial hacia la tierra. A la vez los países industrializados y emergentes y las corporaciones, apoyadas a menudo por sus gobiernos, adquieren grandes extensiones de terreno en los países en desarrollo, para satisfacer sus necesidades nacionales de alimentos y de energía. Debido a la crisis financiera, más capital está disponible para los ATGE ya que los inversores retiraron su dinero del mercado inmobiliario que se derrumbó, para invertir en los mercados de productos básicos. Para compensar la disminución de los combustibles fósiles, los inversionistas adquieren tierras en el extranjero para producir los biocombustibles. Algunos gobiernos también promocionan los biocombustibles como una solución sostenible para el cambio climático. Como resultado, las empresas de los Estados Unidos, de Europa, del Brasil, Asia y de los países del Golfo adquieren terreno en África, en América Latina y en Asia. . Además, las organizaciones internacionales e intergubernamentales también facilitan los ATGE mediante la promoción de la inversión en agricultura sin respaldo.

C.1. Políticas de los países industrializados que facilitan los ATGE

En los últimos años, los países industrializados (los países europeos, Estados Unidos) han establecido un mercado de biocombustibles ayudado por metas de consumo. En Europa y Estados Unidos, la industria de biocombustibles recibe ayudas públicas y subvenciones con el fin de alcanzar los objetivos definidos por los responsables políticos. Esto condujo a la compra y arrendamiento de grandes extensiones de terreno en los países en desarrollo para establecer grandes plantaciones, que han desplazado a las comunidades locales y han causado la destrucción o degradación de los recursos naturales locales (agua, bosques, suelos y aguas subterráneas). La producción de biocombustibles está en directa competencia con la producción de alimentos esenciales para la vida, y eleva el precio de los productos alimenticios con consecuencias dramáticas en las zonas afectadas por el hambre.

A través del mundo, la agroindustria también tiene tratados bilaterales de inversión (TBI) celebrados entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, que aseguran la protección de las inversiones de los inversionistas y que incluyen a menudo cláusulas como las exenciones de impuestos y la repatriación de ganancias. Los inversionistas pueden presentar demandas a los gobiernos anfitriones en tribunales internacionales de arbitraje en caso de incumplimiento con los TBI. Además, empresas agroindustriales que invierten en el extranjero disfrutan de cobertura de riesgos o seguro para sus inversiones en el extranjero, vía agencias de crédito a la exportación y de las instituciones financieras de desarrollo (IFD). De hecho, algunos DFI han invertido en un ATGE, directa o indirectamente poniendo el capital a disposición del sector agroindustrial a través de la inversión para los fondos de la agricultura.

Los Estados Unidos facilitan la inversión en tierras extranjeras y soportan la agroindustria para el ‘Millennium Challenge Account’, que es un programa del gobierno de los Estados Unidos para África, centrado en la agricultura a gran escala. Los “Destinatarios” (países africanos) pueden recibir subsidios siempre y cuando estos países acepten las políticas neoliberales, como la privatización de la tierra por la creación de títulos de propiedad negociables que son atractivos para los inversionistas internacionales.

C.2. Prácticas de organizaciones internacionales e intergubernamentales que facilitan el ATGE

Décadas de políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) sugirieron la inversión directa orientada a la exportación como motor de desarrollo. El BM facilita la apropiación de tierras por sus prácticas de préstamos, por ejemplo colocando a sus préstamos en los países en desarrollo condiciones tales como la necesidad de crear un “ambiente favorable para la inversión extranjera”. Para adaptarse a los inversionistas extranjeros, la agencia del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, ha ayudado a los países en desarrollo mediante la creación de servicios y agencias, tales como los organismos nacionales para la inversión y exportación (AIE) y compañías nacionales de acceso al arrendamiento financiero. Estos servicios y estructuras facilitan la inversión en tierras por los inversionistas extranjeros; Algunos AIE, incluso han establecido un banco de tierra, de tierra ‘vacante’ adecuado para la inversión.

“La nueva alianza para la seguridad alimentaria y nutrición en África” del G8 es una iniciativa creada por empresas y basada en la colaboración público-privada. Sus inversiones agrícolas aprovechan desproporcionadamente a las grandes compañías extranjeras de agroindustrias a expensas de los agricultores familiares africanos. Los programas por país de esta iniciativa incluyen el desarrollo y aplicación de nuevas leyes de tierras, reformas agrarias, asignación de la tierra, incluso la creación de un banco de la tierra de “tierras convenientes” y una ventanilla única para el servicio de inversión en la tierra o en la agricultura para aumentar la inversión privada (por las empresas transnacionales) en la agricultura.

Conclusion

Una moratoria sobre el ATGE es urgente y necesaria para poner fin a los impactos nocivos sobre la población, el medio ambiente y la economía de los países en vía de desarrollo. Los agricultores familiares, los principales productores de alimento en los países en desarrollo, son despojados de sus tierras, de sus medios de subsistencia y de sus ingresos. Las inversiones en las tierras cultivables están dirigidas a un modelo industrial de agricultura basada en la exportación, que agota los recursos naturales de los países anfitriones. Estos apenas obtienen algún beneficio económico, mientras que las grandes empresas hacen grandes ganancias por exportación de alimentos y biocombustibles de los países donde hay hambre.

Es absolutamente necesario invertir en la agricultura familiar, porque es más productiva, sostenible y favorable al medio ambiente que la agricultura industrial. Las inversiones en agricultura familiar y desarrollo rural podrían mejorar el sustento de la población rural, creando oportunidades para los jóvenes del medio rural y aumentar la seguridad. Una moratoria permitirá a los gobiernos nacionales de todo el mundo establecer una legislación vinculante sobre la inversión agrícola con medidas de seguridad protegiendo a las comunidades locales y el medio ambiente. Los países de acogida pueden emprender una reforma agraria en beneficio de la propiedad de la tierra para los agricultores familiares, que es una condición esencial para la supervivencia de los agricultores familiares. Durante la moratoria, los países inversionistas, las organizaciones intergubernamentales e internacionales tienen la oportunidad de cambiar sus políticas y sus prácticas de préstamos que facilitan los ATGE nocivos.

Ahora, la gente, el medio ambiente y las generaciones futuras no están protegidas contra el daño causado por el acaparamiento de tierras y, si no se interviene, el acaparamiento de tierras provocará catástrofes humanas y ambientales irreparables. Es por ello que la aplicación de una moratoria sobre los ATGE es una necesidad urgente para proteger a la gente, la naturaleza y las generaciones futuras.

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