Los opositores políticos al régimen ruandés privados de su derecho a comparecer ante la justicia

El 25 de marzo de 2013, la policía golpeó a Sylvain Sibomana, secretario general del comité ejecutivo provisional de las FDU-Inkingi, y a Dominique Shyirambere simplemente por querer asistir a la vista inicial del proceso de Victoire Ingabire.

El 10 de abril de 2013, el juez del Tribunal Supremo de Gabaso, a petición del Ministerio Público, ordenó la prolongación de su detención provisional a 30 días y su traslado a la prisión de Kimironko. El fiscal alegó como motivo de su petición la intención de frenar las «tentativas de sublevación de la población contra el régimen». Este delito se ha convertido en un arma peligrosa para todo aquél que no esté de acuerdo con el régimen del FPR.

La Constitución ruandesa permite a todos los ciudadanos recurrir la decisión del juez de prolongar el plazo de detención provisional. Sylvain y Dominique lo hicieron en cuanto el juez dictó sentencia. Sin embargo, hasta la fecha, el Tribunal no se ha pronunciado, para esperar así a la expiración de este plazo de 30 días y que el recurso caduque.

Entretanto, Sylvain Sibomana ha recibido una citación judicial para comparecer el 2 abril de 2013 ante el Tribunal Supremo de Karongi, en un proceso que implica a las 7 personas acusadas por el fiscal de haberse reunido con Sylvain el 15 de septiembre de 2012. Parece legítimo preguntarse cómo alguien puede estar involucrado en un proceso en curso, sin haber sido imputado ni llamado a declarar, ya sea ante la policía o la fiscalía. El día de la comparecencia, la prisión de Kimironko le negó la autorización para que pudiera acudir.

-A principios de marzo de 2013, deberían haber tenido lugar las vistas en el proceso de los 7 acusados (Mutuyimana Anselme, Uwiringiyimana Vénuste, Ufitamahoro Norbert, Twizeyimana Valens, Nahimana Marcel, Byukusenge Emmanuel y Gasengayire Léonille), a los que se les acusa de pertenecer a las FDU-Inkingi y de haberse reunido con el secretario general de dicho partido. El Ministerio Público había estimado este encuentro como un delito de subversión; ya hace más de nueve meses que los acusados están en prisión.

Cuando las vistas comenzaron, Don Emmanuel Bimenyimana, abogado defensor de los acusados, presentó una moción por la incompetencia de dicho Tribunal para juzgar estos hechos. Consideró que los acusados deberían ser juzgados por una instancia inferior. Tras deliberar, el Tribunal dictó que sólo A. M. sería juzgado en este Tribunal, ya que era el único coautor de los hechos. El resto, como pidió la defensa, serían juzgados por una jurisdicción inferior.

A pesar de esta sentencia, los seis acusados (Uwiringiyimana Venuste, Ufitamahoro Norbert, Twizeyimana Valens, Nahimana Marcel, Byukusenge Emmanuel y Gasengayire Léonille) siguen todavía detenidos de manera ilegal, porque el fiscal no ha acudido a ningún tribunal inferior ni los ha liberado, ya sea de manera provisional. Los acusados interpelaron al fiscal, pero sin resultado.

El 24 de abril de 2013, el abogado de la defensa, Don Emmanuel Bimenyimana escribió al presidente del Tribunal Supremo de Karongi para denunciar la ilegalidad de la detención de estos seis acusados. Sin embargo, la secretaría del juzgado ha rechazado esta carta, bajo el pretexto de que el abogado no había adjuntado copia de la sentencia. Curiosamente, cuando el abogado pidió esta copia, el Tribunal Supremo de Karongi se negó a entregársela, bajo el pretexto de que la sentencia no está lista ni ha sido firmada aún por los jueces.

Este juego de pasarse la bola de uno a otro pone de manifiesto la complicidad que existe entre el Ministerio Público y los jueces, que hacen todo cuanto está en sus manos para mantener detenidos a estos acusados el mayor tiempo posible y privarles de su derecho a una justicia equitativa.

Las FDU-Inkingi exigen encarecidamente que se examine el caso de estos acusados detenidos de manera ilegal. No se puede entender que el Ministerio Público encarcele a personas y después permanezca en un silencio ensordecedor.

El partido de las FDU-Inkingi denuncia, una vez más, la falta de independencia de la justicia ruandesa, que es incapaz de otorgar los mismos derechos a la defensa y a la acusación. Esto ocurre sobre todo en procesos políticos contra los miembros de la oposición. A estos últimos se les trata como a parias, sin ningún tipo de derecho. Es una prueba de que en la justicia ruandesa aún queda mucho por hacer.

FDU-Inkingi
Boniface Twagirimana
Vicepresidente interino

Traducido por Beatriz López Hernández Traducción e Interpretación (USAL)

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